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1.9 millones de mexicanos no tienen empleo

El INEGI informó que la tasa de desocupación a nivel nacional de julio a septiembre de este año fue 0.1 por ciento menor al trimestre inmediato anterior.

Por Redacción, 2017-11-14 10:17

Ciudad de México.- En el tercer trimestre de 2017, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.3 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que representó un descenso de 0.4 por ciento respecto a igual periodo del año anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la tasa de desocupación a nivel nacional de julio a septiembre de este año fue 0.1 por ciento menor al trimestre inmediato anterior.

Con cifras desestacionalizadas, en el tercer trimestre de 2017 la población desocupada en el país se situó en 1.9 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 3.6 por ciento de la PEA, porcentaje menor al 4.0 de igual trimestre de 2016.

Por entidad federativa, las mayores tasas de desocupación en el periodo de referencia se registraron en Tabasco con 6.9 por ciento, Ciudad de México con 5.2 por ciento, Baja California Sur con 4.6 por ciento y Estado de México con 4.4 por ciento.

En contraste, las menores tasas de desocupación se presentaron en Guerrero con 1.4 por ciento, Hidalgo y Oaxaca con 2.2 por ciento cada una y Chihuahua con 2.4 por ciento, de acuerdo con las cifras oportunas de los Indicadores de Ocupación y Empleo durante el tercer trimestre de 2017.

La tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la PEA que no trabajó ni siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo.

El organismo apuntó que la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1), que incluye todas las modalidades de empleo informal, fue de 57.2 por ciento de julio a septiembre de 2017, porcentaje 0.4 por ciento superior a igual periodo de 2016.

La TIL1 es la proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.

Reportó que durante el trimestre de julio aseptiembre del año en curso, la población de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios en el país fue de 54.4 millones, es decir 59.4 por ciento del total, cuando un año antes había sido de 60.2 por ciento.

El INEGI refirió que el resto se dedica al hogar, estudia, está jubilado o pensionado, tiene impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades (población no económicamente activa).

Indicó que la población ocupada alcanzó 52.4 millones de personas, y de estas 35.9 millones son trabajadores subordinados y remunerados; 11.7 millones trabajan por su cuenta, sin emplear personal pagado; mientras 2.5 millones son trabajadores que no reciben remuneración, y 2.3 millones son propietarios de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo.

Señaló que la población subocupada, medida como aquella que declaró tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas representó 7.0 por ciento de las personas ocupadas, tasa inferior a la de igual periodo de un año antes que fue de 7.8 por ciento.

#Chilpancingo

EPN agravia a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos

El presidente invierte la responsabilidad a los familiares de los desaparecidos y los obliga a aceptar una teoría sin sustento científico ni fáctico.

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2018-09-01 10:06

Chilpancingo, Guerrero.- Hace más de 8 años la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución A/RES/65/29 en la cual expresaba su preocupación sobre esta problemática que afecta a varias regiones del mundo y por lo cual decidió señalar el 30 de agosto a las víctimas de desaparición forzada. Esta resolución, retoma el derecho a la verdad y resalta su importancia, principalmente, en los casos de desaparición forzada al señalar los elementos esenciales que enmarcan a este derecho que van desde conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, así como también conocer la evolución de la investigación, los responsables de los hechos y la suerte de la persona desaparecida.

Es este mismo derecho el que desde hace casi 4 años reclaman y exigen las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero y al cual no sólo no han respondido las autoridades mexicanas, si no que continúan vulnerando. El pasado miércoles en la red social Twitter, el presidente de la república Enrique Peña Nieto subió un spot relacionado con su sexto informe de gobierno en el cual una vez más insiste en la llamada “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República y llama a las madres y padres a “aceptar” que sus hijos fueron incinerados por el crimen organizado.

Ayotzinapa 2 EPN agravia a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos

Enrique Peña Nieto desacredita con esta declaración lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Tribunal Primer Colegiado de Circuito en Tamaulipas.

Como recordarán el GIEI y el EAAF después de los estudios científicos realizados a la evidencia encontrada en el basurero de Cocula concluyeron que no se produjo un fuego capaz de quemar 43 cuerpos, los días 26 y 27 de septiembre, por su parte la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y el Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas establecieron que las personas que confesaron haber incinerado a los estudiantes fueron torturados, por lo que ellos dijeron lo que la PGR quiso. La conclusión de todos refiere que es necesario continuar con la investigación hasta agotar todas las líneas, para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Con esta declaración el presidente de la república expresa públicamente la negativa del Estado mexicano de cumplir lo señalado en las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Además, busca minimizar una vez más la desaparición forzada de los 43 normalistas y quitar la responsabilidad que las autoridades mexicanas, de los distintos órdenes de gobierno, tienen y que ha sido señalada por múltiples instancias. Se busca limpiar la mancha de sangre que ha marcado su sexenio y presentar el caso sólo como una problemática de seguridad y no como una práctica sistemática que se da en todo el país, y que en el estado de Guerrero se vive desde la época de los años setentas.

Esta declaración, toma mayor preocupación al realizarse un día antes del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas pues de forma indolente y agresiva se dirige a la población en general y a las madres y padres, para culpabilizarlos por no aceptar una teoría sin sustento científico y una investigación plagada de violaciones a derechos humanos e irregularidades. Esto demuestra que se encubre a autoridades de alto nivel que pudieran estar implicadas en los hechos del 26 de septiembre y por ello se niegan a ser investigados como lo ordenó el Colegiado de Reynosa Tamaulipas.

Es lamentable que un Jefe de Estado invierta la responsabilidad a los familiares de los desaparecidos y los obligue aceptar una teoría sin sustento científico ni fáctico. Es por ello, que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas:

-Condenamos esta práctica abominable perpetrada por autoridades y por particulares con la aquiescencia de aquellas y exigimos se investigue el paradero de los desaparecidos y se sancione a los responsables.

-Exigimos a las autoridades cambiar la narrativa del caso Ayotzinapa, tomando en cuenta las recomendaciones del GIEI y profundizar y agilizar todas las líneas de investigación.

-Reprobamos las declaraciones del presidente de la república entorno al caso Ayotzinapa, por ir en contra de lo señalado por diversos órganos internacionales y nacionales.

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Bandera Nacional exalta la riqueza natural de México

La vivora de cascabel, en la cosmovisión prehispánica, simboliza la comunión del cielo y la tierra, de lo espiritual y lo material.

Por Redacción, 2018-02-24 10:25

México, Notimex.-Además de sintetizar la historia de México, la Bandera Nacional representa riqueza y biodviersidad natural que posee el país, destacó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En el Día de la Bandera, que se celebra este 24 de febrero, la dependencia explicó que el Escudo nacional que se encuentra en el centro de la franja blanca del lábaro patrio está conformado por especies emblemáticas como el águila real, el nopal y la serpiente de cascabel.

En su cuenta de Twitter @SEMARNAT_mx, explicó que el nopal está ligado a la identidad nacional desde el mito fundacional de Tenochtitlán; la vivora de cascabel, en la cosmovisión prehispánica, simboliza la comunión del cielo y la tierra, de lo espiritual y lo material.

Mientras que el águila, para los antiguos mexicanos era el ave celestial suprema, luz y vida, símbolo de honor, fuerza y valor del pueblo de Tenochtitlán.

En un comunicado, recordó que la historia que narra el recorrido que emprendieron los antiguos mexicanos de Aztlán, el islote poblado de garzas en Metztliapan, el lago de la Luna, en busca de la señal del dios Huitzilopochtli para fundar la Gran Tenochtitlán.

El otro islote donde habrían de asentar la nueva ciudad debía tener un águila posada sobre un nopal que devorara a una serpiente, aunque algunos historiadores afirman que la majestuosa ave sagrada engullía un pájaro. Refirió que en la época de la Independencia, una dilación habría obligado al cura Hidalgo a improvisar un estandarte de la lucha con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

El jefe militar insurgente del Sur, José María Morelos y Pavón, cura de Parácuaro, retomó en 1812 la bandera albiazul de los insurgentes pioneros, y sustituyó a la Guadalupana con el ícono fundacional de México: un águila que posa sobre un nopal.

En marzo de 1821, los jefes del Ejército Trigarante de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide firmaron el Plan de Iguala y adoptaron por primera vez en la bandera los colores rojo, blanco y verde en franjas oblicuas con una estrella en cada una, más una corona al centro representando la transición hacia el primer imperio mexicano.

Como emperador en 1822, Iturbide adoptó definitivamente los mismos colores pero en posición vertical iniciando con el verde, y el blanco en medio ostentando un águila parada en su pie izquierdo sobre un nopal en el islote de una laguna, y la corona imperial.

“Así transita en la conciencia colectiva, desde los tiempos precolombinos hasta nuestros días, una biodiversidad que impregna el espíritu nacional y que, con especies emblemáticas como el águila real, el nopal y la serpiente de cascabel, entre otros elementos, representa en el lábaro patrio la extraordinaria riqueza natural de México”, destacó la Semarnat.

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Juez de EU indaga si DEA y Semar torturaron a ‘El Chuy Raúl’

El detenido es presunto integrante del Cártel de Sinaloa, extraditado desde México el pasado mes de enero por narcotráfico y lavado de dinero

Por Redacción, 2017-12-06 11:55

Ciudad de México.- El juez federal estadounidense Rubén Castillo, otorgó ayer martes, dos meses de plazo a la Fiscalía Federal del Distrito Norte de Illinois, para que respondan sobre el caso del presunto narcotraficante Jesús Raúl Beltrán León, alias “El Chuy Raúl” o “Trébol”, detenido en Culiacán, Sinaloa, en noviembre del 2014.

El detenido es presunto integrante del Cártel de Sinaloa, extraditado desde México el pasado mes de enero por narcotráfico y lavado de dinero, y quien según su abogado, habría confesado delitos mediante torturas, en presencia de funcionarios la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Castillo, quien consideró “muy serias” las denuncias, exige saber a más tardar en febrero, si Beltrán León -que es ciudadano estadounidense y fue detenido en México a pedido de las autoridades federales de dicho país- si fue autorizada la tortura, y si estuvo presente físicamente algún funcionario del Gobierno de Estados Unidos o alguna otra persona “actuando como agente libre”.

Stephen Ralls, abogado del presunto narcotraficante, pidió en un documento de 26 páginas que el juez anule la confesión, ya que sostuvo que no le fueron leídos los derechos al detenido, como es obligatorio cada vez que actúan agentes policiales estadounidenses como parte de un “emprendimiento conjunto”, y que el uso de la tortura, coerción física, psicológica u otro tipo de brutalidad puede rendir evidencias que “no pueden ser admitidas, y que pueden resultar en la anulación de todo el caso”.

Según los abogados, Beltrán León, de 33 años de edad, fue capturado en la casa de sus padres, sin una orden judicial, el 16 de noviembre de 2014, en Culiacán, Sinaloa, México, por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), que además se llevaron a su esposa y a una bebé, hija de ambos, a quienes amagaron con matarlos.

El detenido supuestamente fue golpeado, electrocutado, y ahogado, con una bolsa de plástico en la cabeza, dentro de un contenedor con agua. Además fue vendado de los ojos y azotado con una especie de látigo. En todo ello, que duró más de una hora, habrían participado agentes federales de Estados Unidos, uno de los cuales lo habría interrogado en español y admitido que trabajaba para la DEA.

En el documento presentado por el abogado, Beltrán León también afirmó, que, en un momento dado, una mujer de la Embajada de los Estados Unidos lo visitó de forma breve, y durante esa visita, él le dijo acerca de las torturas físicas y psicológicas a las que había sido sometido. “En respuesta, la mujer indicó que ‘estaban grabando’ y que ‘no podía hacer nada para ayudarle’”.

Tras las presuntas denuncias, Beltrán León admitió en un vídeo haber cargado un avión con drogas que viajó con destino a Estados Unidos y que pertenecía a los hijos de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”: Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán Salazar, de quienes los marinos que lo torturaron, le exigieron saber la ubicación de ambos, lo que él negó saber.

Documentos públicos de la acusación del Departamento de Justicia estadounidense, en contra de Beltrán León, señalaron que los fiscales lo ubican como cuñado de Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Alfredillo”, para quien se desempeñó como lugarteniente y guardaespaldas.

Ello mientras desempeñaba las actividades de trasiego de droga a través de la frontera común y el lavado de dinero de las ganancias, según la acusación, que también finca cargos contra “El Chapo”, “El Alfredillo” y otros seis mandos del Cártel de Sinaloa.

Además, según informes de la Policía Federal mexicana, “El Chuy Raúl” es hijo de Jesús Raúl Beltrán Uriarte, alias “El Tío”, detenido en Zapopan, Jalisco, en el año 2007, supuesto compadre y uno de los principales operadores de “El Chapo” Guzmán.

El gobierno estadounidense acusa a Beltrán León de traficar desde México grandes cantidades de cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas para su distribución en varias ciudades, así como de recopilar las ganancias y transferirlas hacia ese país a través del lavado de dinero.

Con información de Agencias