El pasado 30 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) celebró una sesión solemne para despedir a los entonces ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Nepomuceno Silva Meza, quienes concluyeron su cargo tras dos décadas en el alto tribunal.
De manera previa, el 18 de noviembre, el Senado recibió las dos ternas propuestas por el Presidente de la República para cubrir ambas vacantes, y que fueron turnadas a la Comisión de Justicia que a su vez acordó el proceso y el calendario de comparecencias de las y los candidatos.
La primera terna está conformada por mujeres: Sara Patricia Orea Ochoa, magistrada de la Primera Sala de Justicia para Adolescentes; Norma Lucía Piña Hernández, magistrada de Circuito en el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa; y Verónica Judith Sánchez Valle, magistrado de Circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
La segunda terna está integrada por varones: Álvaro Castro Estrada, director de Asuntos Jurídicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad; Alejandro Jaime Gómez Sánchez, procurador de Justicia del Estado de México; y Javier Laynez Potisek, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Conforme al artículo 95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cada aspirante debió entregar una serie de documentos, un ensayo, un análisis sobre decisiones de la SCJN, y otro escrito de derecho comparado, además de que deben comparecer ante las y los senadores.
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MÁS MUJERES A LA CORTE
Con la salida de Sánchez Cordero, la Corte quedó conformada por ocho hombres y una mujer, razón por la cual la entonces ministra, académicas, políticas y feministas se pronunciaron a favor de que las ternas estuvieran compuestas por mujeres con el perfil adecuado para ocupar el cargo.
La demanda de más mujeres en la SCJN llegó al Senado, donde en octubre pasado las y los perredistas Angélica de la Peña Gómez, Miguel Barbosa Huerta, Dolores Padierna Luna, Benjamín Robles Montoya, Lorena Cuéllar Cisneros y Armando Ríos Piter, presentaron una propuesta reforma constitucional.
A decir del grupo de legisladores, resultaba inaceptable que habiendo muchas juristas destacadas con una vasta experiencia en la función jurisdiccional o en la academia, su participación se viera reducida para la integración del máximo tribunal del país.
Con ese argumento, la iniciativa de reforma pedía incluir el principio de igualdad sustantiva en la designación de ministros.
Otros legisladores que se sumaron a la propuesta de más mujeres a la SCJN son Martha Angélica Tagle Martínez, así como Pilar Ortega Martínez, Ernesto Cordero y Javier Corral, los tres del Partido Acción Nacional, quienes en otra iniciativa señalaron que sólo nueve mujeres han podido acceder al cargo.
Las feministas dijeron que de elegirse a dos mujeres en la Corte, sólo se tendrían tres ministras de un total de 11, es decir, aun así no se obtendría ni siquiera el 30 por ciento de presencia femenina en el Poder Judicial; no obstante, el Presidente sólo mando una terna de mujeres.
PERFILES Y CRÍTICAS
Desde el lunes 30 de noviembre hasta este viernes 4 de diciembre se llevaron a cabo las comparecencias de las y los aspirantes a la Corte. Sólo Norma Lucía Piña Hernández, licenciada en Derecho ya había sido candidata a ministra en 2012.
Hasta ahora, los candidatos más cuestionados son el actual procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, quien fue interrogado por el Senado sobre su actuación en los casos de feminicidio en esa entidad, así como en la presunta ejecución de civiles por parte de militares en Tlatlaya.
Asimismo, Sara Patricia Orea Ochoa fue criticada por una disertación “atropellada” y respuestas ambiguas, porque si bien se pronunció sobre el uso lúdico de la mariguana; matrimonios entre personas del mismo sexo, y la interrupción legal del embarazo, no dio argumentos jurídicos, y además aceptó desconocer artículos constitucionales.
Norma Lucía Piña Hernández fue señalada por evadir preguntas en torno a la posible legalización de la mariguana, la eutanasia, el aborto, las candidaturas independientes, y por evitar dar su opinión sobre la tortura en México o la corrupción en el Poder Judicial.
En tanto, Verónica Judith Sánchez Valle fue cuestionada por haber ordenado la liberación de Oswaldo Sauceda Guerra, acusado por lavado de dinero, quien quedó en libertad poco antes de su extradición a Estados Unidos.
Álvaro Castro Estrada, condecorado con la orden “Gregorio Magno” en el grado de “Conmmendatore”, otorgada por el Papa Benedicto XVI y miembro del Consorcio Latinoamericano de Libertad Religiosa, se manifestó a favor de la adopción por parte de matrimonios entre personas del mismo sexo, pero fue criticado por su perfil religioso.
Una vez que terminen las comparecencias, la Comisión de Justicia del Senado elaborará un dictamen para postular a una persona de cada terna, propuesta que deberá votarse por el pleno de la Cámara alta para elegir a los próximos ministros de la Corte.
