El abogado de Rosario Robles participó en la redacción de la Ley General de Víctimas que el Congreso de la Unión aprobó a finales del año 2016.
Por Redacción, 2019-08-14 22:44
México.- El nombre del legislador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, se hace presente en las investigaciones que se realizan en torno a la “Estafa Maestra”, debido a vínculos con personajes relacionados con la defensa de Rosario Robles Berlanga.
Es el caso de Julio Antonio Hernández Barros, uno de los abogados de la extitular de Sedesol y la Sedatu, quien tuvo gran cercanía con el otrora secretario de Gobernación durante la administración de Enrique Peña Nieto, al desempeñarse como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
A pesar de que participó en la redacción de la Ley General de Víctimas que el Congreso de la Unión aprobó a finales del año 2016, Hernández Barros fue acusado de ser “una pieza de la simulación gubernamental” por más de 20 organizaciones civiles de víctimas y familiares de personas afectadas por la violencia en el país y de defensa de los derechos humanos.
En el mes de noviembre de 2016, cuando la Secretaría de Gobernación estaba a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, se publicó una carta donde organizaciones civiles, encabezadas por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, exigían la renuncia del abogado Hernández Barros por “corrupto”.
Esta es parte de la misiva fechada el 13 de noviembre de 2016.
ASUNTO: Demandamos que presente renuncia
LIC. JULIO HERNÁNDEZ BARROS
Comisionado Presidente
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
PRESENTE.
La estancia que ha pasado como comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no sólo nos avergüenza como víctimas y representantes de ellas, nos tiene también profundamente indignados.
Usted, lo sabe perfectamente, no llegó a esa Comisión ni por trayectoria ni por tradición, sino por un uso cínico, abusivo y desvergonzado del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) al que –se lo decimos con toda claridad—nunca representó como mentirosamente se ha empeñado en repetir. Ese cinismo y esa falta de trayectoria y de tradición en la defensa de los derechos de las víctimas se ha acentuado desde que asumió la presidencia de la CEAV. En ese puesto usted:
Ha persistido en mantener una agenda de autopromoción y no de atención a víctimas. La opacidad y la discrecionalidad, que ha sido el sello de su vida en esa institución, lo han llevado a eludir sus obligaciones constitucionales con respecto a las víctimas y lo han convertido en una pieza de la simulación gubernamental…”
Antes, de acuerdo a un comunicado emitido por la CEAV el 7 de noviembre de 2016, se destacaba que “dicha Comisión no depende directamente de una Secretaría de la Administración Pública Federal, pero sí mantiene una estrecha coordinación con diversas dependencias del gobierno federal”.
Y como ejemplo de la “estrecha colaboración” con la CEAV, entre otras, se mencionaba la Secretaría de Gobernación, en ese entonces encabezada por el ahora senador plurinominal, Miguel Ángel Osorio Chong; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuya titular en ese año era Rosario Robles Berlanga y la Secretaría de Desarrollo Social, cuyo puesto detentaba Luis Miranda, tras la salida de José Antonio Meade Kuribreña.
Un estudio destaca que las decisiones complementarias en materia de austeridad pueden afectar el proceso de adaptación de las organizaciones públicas a estas nuevas condiciones.
Por Redacción, 2019-08-24 16:05
México.- Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal promovidas por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podrían traer costos en términos de eficiencia y eficacia gubernamental si no se corrigen las posibles distorsiones derivadas de su implementación, destacó en un estudio el Senado.
Por ejemplo, la investigación sostiene que la implementación de la austeridad se debe acompañar de un diagnóstico claro de la situación de las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lo que permitiría garantizar el funcionamiento de éstas e imprimir una mayor legitimidad política a estas medidas.
El texto advierte que los cambios administrativos no deben perder de vista la necesidad de cumplir a cabalidad con la generación de bienes y servicios públicos, aspecto que puede verse comprometido a partir de decisiones sobre realizar recortes presupuestarios que parecieran arbitrarias.
En el estudio titulado El alcance de los objetivos de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Senado destaca que las decisiones complementarias en materia de austeridad pueden afectar el proceso de adaptación de las organizaciones públicas a estas nuevas condiciones, en las que algunas dependencias o entidades tendrán nuevas funciones o donde deberán asumir la coordinación de actividades que, en el pasado, eran competencia de otra organización.
La reducción de la plantilla laboral pareciera ser una medida cuya instrumentación se plantea como homogénea, sin que exista un diagnóstico organizacional que permita identificar las necesidades particulares en materia de recursos humanos que se requieren para el cumplimiento óptimo de las funciones encomendadas a cada dependencia o entidad.
El documento señala que es importante reflexionar sobre las decisiones relacionadas con la ampliación o modificación de atribuciones entre las dependencias y entidades de la administración pública, cuya implementación tiene un componente político inherente que puede afectar los resultados.
La eficacia en el combate a la corrupción, por su parte, recaerá en la capacidad que tengan las instituciones públicas para mejorar sus procesos y para reducir la discrecionalidad de las decisiones, así como en su complementariedad con las acciones promovidas desde el Sistema Nacional Anticorrupción.
Las reformas a esta ley, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018, se caracterizaron por perseguir tres propósitos principales: la adopción del valor de austeridad en el quehacer público, la reducción de la corrupción y la centralización de funciones, de acuerdo con una investigación realizada por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez.
El expriista afirmó que México no va bien, el camino que se está siguiendo no es el conveniente y las cosas pueden ir peor de no cambiarse la ruta por la que se transita.
Por Redacción, 2019-08-24 15:08
México.- José Narro Robles, exrector de la UNAM, dijo este mediodía que la forma como se conduce al país no es la pertinente. México no va bien, el camino que se está siguiendo no es el conveniente y las cosas pueden ir peor de no cambiarse la ruta por la que se transita.
Al participar en la primera asamblea de la agrupación Futuro 21, en la que confluye el PRD, exmilitantes del PRI y de Movimiento Ciudadano, así como integrantes de organizaciones que difícilmente podrán lograr registro como partido político, el exfuncionario señaló que hoy menos que nunca, la forma de atacar los graves y añejos problemas de la nación, pueda ser el autoritarismo o la descalificación de quien piensa diferente.
Tampoco lo será la exclusión, el enfrentamiento o la amenaza, ni ayudará la formación de nuevas clientelas políticas, añadió el expriísta.
Narro Robles puntualizó que los riesgos que se corren por la forma como se conduce el país tienen múltiples dimensiones y sus efectos pueden ser severos. Pero lo más delicado tiene que ver con la fractura que se está gestando en la población. La historia demuestra que cuando la sociedad está dividida a México no le va bien, enfatizó.
En la reunión que se realiza en un conocido hotel de Reforma, dijo que tampoco es deseable el regreso del presidencialismo desbordado y del centralismo asfixiante.
A la reunión asistieron el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, la ex priísta Beatriz Pages, la ex candidata presidencial Cecilia Soto e Ignacio Pinacho, entre otros.
Según los reportes, un costal de cinco kilogramos alcanza precios de 300 a tres mil pesos.
Por Redacción, 2019-08-24 14:50
México.- Es ilegal la venta por Internet de sargazo del Caribe Mexicano, informó la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Según los reportes, un costal de cinco kilogramos alcanza precios de 300 a tres mil pesos.
De acuerdo con Excélsior, Conapesca señala que solamente hay 37 autorizaciones vigentes para el aprovechamiento del sargazo, pero en Baja California y Baja California Sur en 82 embarcaciones.
Se otorgaron 37 permisos en el noreste del país, de los cuales 25 son para la pesca comercial del sargazo en tanto que 12 son para pesca de fomento, es decir, para estudio o investigación.
Y el caso que no se requiere ningún tipo de autorización, es cuando el sargazo se utiliza para autoconsumo.
Lo anterior quiere decir que cuando alguien lo recolecta en la playa para generar un abono orgánico de uso doméstico, pero sin fines de lucro.
Jorge Simental Crespo, secretario técnico de la Conapesca, señaló que las personas de sureste que quieran comercializar el sargazo deben pedir un permiso o concesión de pesca comercial.
El funcionario dijo al mencionado rotativo que el permiso es que esta actividad, a la par de que contribuye al saneamiento de las costas, se haga de manera legal, «como tiene que ser».
«Esto significa que soliciten su permiso de pesca correspondiente, y para ello se pedirá, por supuesto, la opinión técnica del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura”.
En este sentido, ofreció los datos para solicitar un permiso de pesca comercial.
En tanto, del 1 al 19 de agosto, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México han recolectado de manera manual 12 mil toneladas de sargazo en 7 municipios de Quintana Roo.
Además, se han recogido de altamar 392.8 toneladas de sargazo, lo que representa 513.6 metros cúbicos.
Suman 69 mil 606 toneladas de la macroalga recolectada desde mayo.
