Acapulco, Guerrero.- De uno a nueve años de prisión podría enfrentar él o los responsables del vertimiento de aguas residuales a la bahía de Acapulco, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal Federal.

Ayer, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de daño ambiental, en contra de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), por el vertimiento de aguas residuales que se produjo el jueves 25 de junio en la bahía de Acapulco.

De acuerdo con la dependencia, a través de su Dirección en Guerrero, y en coordinación con personal de la Gerencia de Calidad del Agua de la Subdirección General Técnica, realizó el levantamiento de muestras para determinar el nivel de contaminantes que pudieron haber sido descargados en el mar.

“Los resultados de los análisis realizados por el Laboratorio de la Gerencia de Calidad del Agua de las oficinas centrales de Conagua a las muestras recolectadas indican violación a la normatividad aplicable, por lo que se inició un procedimiento administrativo en contra de CAPAMA, organismo responsable de operar plantas de tratamiento de aguas residuales y el sistema de alcantarillado del municipio”, señaló en un comunicado la Conagua.

Por lo que interpuso la denuncia penal bajo el delito de daño ambiental en perjuicio de la sociedad y de la Federación.

El artículo 416 del Código Penal Federal referente a Delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental, establece que:

Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a tres mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.

Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia un área natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta mil días multa.

Ayer, la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo informó que determinó solicitar la renuncia de todo el cuerpo directivo de la CAPAMA y de la titular de la Dirección de Ecología, Guadalupe Rivas Pérez, para que se inicie una investigación por las aguas residuales vertidas en la bahía.

De acuerdo con Adela Román, hasta la tarde de ayer la Conagua no le había informado de manera oficial sobre la investigación.