Los contratos, sobre todo entre particulares, para la “renta” de vientres maternos permitido en algunos estados, dañan a las mujeres de escasos recursos y baja educación, denunció la abogada Ingrid Tapia Gutiérrez.

Los acuerdos que las agencias elaboran para amparar la renta de vientres en México formalizan una realidad, pero ésta no deja de darse en condiciones de desigualdad social y en términos de explotación, indicó la jurista en un comunicado de Early Institute.

De acuerdo con Tapia Gutiérrez, la maternidad subrogada es la explotación de mujeres con fines reproductivos (EMFR), la cual parece tener un punto central en la discusión de los grupos que la aprueban.

Sin embargo, la abogada comentó que los contratos que puedan celebrarse para tratar de formalizar una práctica de la maternidad subrogada son una falacia, porque darle formalidad a un acto no hace que éste se lleve a cabo en condiciones de igualdad.

“El hecho de permitir un contrato entre quienes no están en las mismas circunstancias por su lengua, nivel educativo o económico, daña a las partes involucradas y daña al interés público, al poner en riesgo a las mujeres que acceden desde su vulnerabilidad social”, abundó.

La experta señaló que en Tabasco se utilizan este tipo de acuerdos, y es justo en ese estado donde se generó una “enorme” industria de turismo reproductivo que derivó en abusos y manejos “no muy claros” de la práctica.

Añadió que esta situación surge porque se pierde de vista la realidad, las circunstancias en las que son contactadas las mujeres y las enormes ganancias que obtienen de ellas las agencias de subrogación, debido a que es un mercado muy redituable, al que poco le interesa la protección de las mujeres involucradas.

“No pueden celebrarse contratos de compra/venta sobre las por la sencilla razón de que las personas no son un bien de consumo y la renta de vientres no es sólo eso, es la utilización del cuerpo y la salud de una mujer, y no sólo el vientre”, resaltó.

Dijo que el pretender que las personas piensen que los acuerdos contractuales regulados y supervisados por la autoridad es la manera más viable de impedir que el creciente mercado de mujeres gestantes sufra abusos, es querer vender una visión social irresponsable.

Pues aseguró que la explotación no se da por la existencia o no de un contrato, sino por la realidad en la que éste se da como la disparidad de conocimientos y las necesidades de una mujer que tiene que ofertar su cuerpo para resolver otras problemáticas.

“Reflexionemos e investiguemos con seriedad sobre la viabilidad del tema: no es gratuito que países desarrollados como Alemania, Francia, Italia y España, por mencionar algunos, prohíban la EMFR”, puntualizó.

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