México.- La corrupción en México en el sector agua es preocupante. Su existencia favorece la sobreexplotación y contaminación del líquido; afecta a los ecosistemas y a la población; y evita que se garantice el derecho humano a un medio ambiente sano, a la salud y el acceso al agua potable y saneamiento.

En el estudio «Corrupción en el Sector Agua en México. ¿Quién es responsable de la crisis?» de Ethos Laboratorio Políticas Públicas, los investigadores Rodrigo Bolaños, Dalia Toledo y Cuauhtémoc Osorno, revelan cómo se da la corrupción en el manejo del agua en México y quiénes están involucrados.

El estudio explora seis áreas de riesgo de corrupción: el otorgamiento de los permisos para poder extraer y hacer uso de las aguas de la nación (concesiones); la regulación de las aguas de desecho; el funcionamiento de los organismos encargados de llevar agua a cada hogar (organismos operadores); los factores detrás del robo de agua (tomas clandestinas); las obras hidráulicas y la generación y publicación de datos.  

El estudio de Ethos revela que entre abril de 2015 y diciembre de 2018 se otorgaron al menos 77 concesiones en cuerpos sobreexplotados y estas, en su mayoría, fueron para usos diferentes al consumo humano.

Además, las concesiones se otorgan con información inadecuada (incompleta, inoportuna e incorrecta), sin seguir los procedimientos debidos y sin la visión de garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos.

Tres de cada cinco cuerpos de agua superficial en México tienen algún grado de incumplimiento en los parámetros para medir su calidad. En aguas subterráneas, son uno de cada dos. Incluso, el INEGI estima que los costos por el daño ambiental ocasionados por la contaminación son de 41.5 mil mdp.

Existen diversas causas de la corrupción en este aspecto. La falta de supervisión es una de las principales. A pesar de eso, tanto la Conagua como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) han sufrido recortes en su presupuesto a poco más de la mitad, 53 y 55 por ciento, respectivamente, entre 2012 y 2019. Además, la Conagua sólo cuenta con 149 inspectores para revisar más de 500 mil títulos.

A pesar de que la inspección si se lleve a cabo, se encontró que las industrias sobornan a los inspectores hasta con el 20 por ciento del valor de la “multa evitada”.

La corrupción en los organismos operadores de agua tiene consecuencias directas en el bienestar de las personas, ya que son ellos los que se encargan de proveer el líquido a la población. Existen alrededor de 2,688 a nivel municipal, intermunicipal o estatal. No obstante, debido a su mala gestión, actualmente 3 de cada 10 hogares no cuentan con agua diariamente y 3 de 4 personas considera que el agua no es sana para beberse.

Según el INEGI, 7 de cada 100 personas reportan corrupción en los servicios municipales como la solicitud de pipas de agua. Entre los negocios, 70 de cada mil han sido víctimas cuando solicitan estudios de factibilidad de agua y drenaje. Esto es causado por la falta de una normatividad clara, contrapesos débiles y la poca transparencia en su gestión.

La opacidad es generalizada en los organismos operadores. El principal programa para poder conocer su desempeño es de afiliación voluntaria (PIGOO). En él sólo participan 7.4 por ciento de los organismos operadores, y en promedio entregan sólo 13 de los 29 indicadores existentes.