Acapulco.- La presidenta municipal de Acapulco, Adela Román Ocampo y varios de sus funcionarios de primer nivel, fueron denunciados ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) por el probable uso indebido de los recursos públicos del presupuesto 2019-2020, así como el presupuesto del Fortaseg y Ramo 33.
La Auditoría estatal abrió los expedientes: ASE-ST-UI-015-2020 y ASE-ST-UI-016-2020, en contra de las siguientes autoridades denunciadas: Adela Román Ocampo, presidenta municipal; la exsecretaria de Administración y Finanzas, Soraya Benítez Radilla; el exsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Javier Ibarra Angulo; el exsubsecretario de Administración, Roberto Alfonso Espinoza Godoy; el Coordinador General de Servicios Públicos Municipales, Juan Carlos Manrique García; el secretario General del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Ernesto Manzano Rodríguez y el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Armando Javier Salinas.
Por el lado del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los municipios y demarcaciones territoriales (Fortaseg), los señalados son: otra vez, la alcaldesa Román Ocampo; el exsecretario de Finanzas, Omar Rodolfo Romero Ávila; el subsecretario de Administración, José Luis Jiménez Nava; el jefe del departamento de Licitaciones, José Eduardo Maldonado Vergara, y el exsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, René Vargas Pineda, quien se anotó para competir por la candidatura de Morena a la alcaldía.
La denuncia por violaciones a procedimientos de contratación administrativa, fue hecha el 30 de octubre de 2020, e incluye también observaciones a los recursos del Ramo 33, fondo IV.
La Auditoría señala que se inició la investigación correspondiente para determinar sobre el mal manejo de los recursos públicos, y determinar las sanciones administrativas aplicables a los involucrados, así como las acciones penales que en su caso corresponda con relación a presuntos procedimientos de contratación administrativa simulados, violentando así el debido proceso legal de contratación administrativa, así como no informar sobre toda la evidencia que permitiera garantizar que efectivamente los recursos públicos destinados a la obra pública cumplieran con su objetivo, para efecto de que pueda ser verificado, ya que toda esa información así como las obras fueron manejadas con secresía y opacidad.
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Entre las acciones observadas en la cuenta 2019, están: la recolección de residuos sólidos (recolección de basura) relleno sanitario. La distribución de agua potable en pipas; el festival de la nao 2019; así como toda la obra pública ante la falta de conocimiento de aplicación de obra.
En saneamiento básico lo observado es por la cantidad de $ 135, 654,356.78 (ciento treinta y cinco millones, seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta y seis pesos), de las pipas de agua no se especifica cantidad porque no hay contrato, ni acuerdo de comité, ni nada que respalde, pero superó los 30 millones de pesos, de la nao están observados un aproximado de 4 millones de pesos.
En cuanto al Fortaseg las acciones observadas en la Primera Ministración 2019, son las siguientes:
Adquisición de Vestuario y Uniformes: 17 millones 748 mil pesos.
Adquisición de Prendas de Protección: 7 millones 407 mil pesos.
Adquisición de Material y Equipo para la Protección Contra el COVID19: 2 millones 767 mil 269 pesos.
Prestación de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales para la Implementación del Proyecto de Justicia Cívica Escenario B: 500 mil pesos.
Prestación de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales para el seguimiento y evaluación del Proyecto de Justicia Cívica Escenario B: 50 mil pesos.
También se denunció la adquisición de semilla mejorada por la cantidad de 12 millones de Pesos.
En los documentos presentados ante la ASE, en poder de BP, se destaca que toda la cuenta pública 2019 y 2020 de la alcaldesa Román Ocampo, magistrada que llegó al cargo por cuota de género, está observada.
Asimismo, todos los contratos del ejercicio fiscal 2020, así como todas las compras y adquisiciones realizadas porque se hicieron violentando los procedimientos de transparencia, por lo que se presuponen actos de corrupción que afectaron la hacienda pública.
