México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que el gobierno federal hablará con los proveedores de los ocho reclusorios privatizados para la revisión de los contratos y terminar con “lo que consideramos un abuso y haya un acuerdo en beneficio de la hacienda pública”.
Dijo que en paralelo se va empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo con las empresas mucho muy vinculadas a políticos “de quienes me reservo el nombre a no ser que me lo pida el INAI”.
En la conferencia matutina, la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que a siete centros penales ubicados en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Michoacán y Guanajuato tienen un convenio con el gobierno que fue suscrito en diciembre 2010, y el de Oaxaca, suscrito en marzo de 2011, se les ha pagado, en los últimos nueve años, 75 mil 166 millones de pesos.
Los contratos fueron firmados por el coordinador general de centros federales, Gonzalo Villarreal Guerra, de Felipe Calderón Hinojosa cuando el secretario de Seguridad Pública Federal era Genaro García Luna.
De estos centros penitenciarios, actualmente, la capacidad en el caso de Sonora es del 78% con 1, 975 personas privadas de la libertad: el de Guanajuato tiene ocupado el 76%, con 1, 912; el de Oaxaca, 59%, con 1, 493; el de Durango, 72%, 1, 617; los de Chiapas, al 52%; Morelos, 32%; Michoacán, 48%; y el de Coahuila, 69% de ocupación.
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En esos reclusorios privados, las empresas cobran por persona privada de su libertad 3, 819 pesos diarios, en promedio, cuando en los federales el gasto es de 500 pesos.
