Chilpancingo, Guerrero.- Obtilia Eugenio Manuel es una mujer invencible. La activista galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2019, nació en el pueblo Me’Phaa (tlapaneco) de Barranca de Guadalupe, en Ayutla, Guerrero. Durante su vida ha resistido represiones constantes. Pero también ha exhibido atrocidades del Ejército y autoridades locales; ha alzado la voz, incansable. Ha vencido y perdido.

Obtilia traduce la impunidad. Tiene una línea de tiempo de represión en el cuerpo. Sabe de dolor, de sufrimiento, de resistencias y alegrías. En entrevista con Pie de Página hace un recuento de los sucesos que la llevaron a ser una activista por los derechos humanos desde que en 2002 fundó —junto con su compañero de vida, Cuauhtémoc Ramírez— la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa (OPIM), de la cual 47 integrantes tienen medidas cautelares por amenazas.

Hace unos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó el reconocimiento de derechos humanos por su “destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de las garantías básicas”.

Los integrantes del Consejo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) votaron por unanimidad.

El premio le fue entregado el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, durante la conferencia a la que participó Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo.

–¿Con este premio, López Obrador cumple su compromiso con los pueblos indígenas?

– Creo que se debe de acercar con los pueblos indígenas. Que yo tenga este premio no significa una cercanía. Para mí es un reconocimiento como mujeres indígenas, como pueblos indígenas que soy, para mí es importante. No es tanto mi trabajo del que se ha hablado, el trabajo es lo que siempre, es lo que habla, no es lo que yo diga: ahí está.

2019 no ha sido un año sencillo para ella. Fue secuestrada junto a su compañero de organización Hilario Cornelio Castro y se ha tenido que apartar de su familia. Desde su exilio forzado dice que se siente fuerte, pero por encima de todo está su familia: sus hijos, su esposo, todo lo que le queda en la zona pe’phaa de Ayutla.

Desde 2005, Brigadas Internacionales de Paz (PBI por sus siglas en inglés), acompaña a la OPIM por la gravedad de las amenazas de muerte que Obtilia recibió después de denunciar la violación de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú por parte de militares en 2002, y por pedir justicia por otras violaciones de derechos humanos, como la esterilización de 14 hombres indígenas en 1998, la militarización de la zona por considerarla un foco guerrillero y masacres históricas como la de El Charco en 1998.

Además, Amnistía Internacional tomó como presos de conciencia a cinco integrantes de la OPIM apresados de forma injusta en 2008, y tiene acompañamiento de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), por su trabajo de denuncia en Ayutla.

A Obtilia y a su familia, esto les ha costado la tranquilidad.