México.- La Oficina de la Presidencia de la República deberá entregar a un particular la información en la que se basó el Presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar, en enero pasado, que no había elementos para presentar una denuncia por corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto.

Al resolver un recurso de revisión, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), determinó que la incompetencia que declaró la Oficina de Presidencia para no dar respuesta a la solicitud es improcedente.

Al exponer el caso, el comisionado Joel Salas indicó que la Oficina presidencial tiene entre sus atribuciones proveer al jefe del Ejecutivo de la información y datos necesarios para sus actividades, toma de decisiones y formulación de mensajes.

Además de coordinarse con las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal para acercar al Presidente los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones.

El recurso de revisión que fue analizado, contextualizó el comisionado, derivó de una solicitud de información en la que se le pidió a la Presidencia de la República conocer los documentos que sustentaron una declaración de López Obrador en el sentido que no había elementos para presentar una denuncia por actos de corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto.

"En enero de 2019, ya en funciones, el titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, desmintió un presunto desvío de más de 17 mil millones de pesos por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Dijo que: 'no hay elementos, no hay pruebas' suficientes para interponer denuncias penales contra involucrados en posibles actos de corrupción relacionados con el proyecto", recordó Salas.

A la solicitud presentada por el particular, detalló el comisionado, la Presidencia se declaró incompetente y le recomendó formular su petición a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Sin embargo, reiteró Salas, la Oficina de la Presidencia sí es competente para conocer del caso. "En este contexto y, en democracia, la opinión de un Jefe de Estado normalmente se encuentra respaldada con información verificada y actualizada, ya que su palabra es susceptible de traducirse en actos de autoridad que sirvan para despejar la incertidumbre o atajar especulaciones sobre el rumbo de la acción pública", enfatizó.