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AMLO dio a conocer nuevos nombramientos en el sector financiero

Habrá instituciones que desaparecerán y otras que serán fusionadas a fin de cumplir con el 70% del recorte a distintas áreas de gobierno.

Por Redacción, 2018-11-08 20:35

México.- Con la reestructura que iniciará la próxima administración federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habrá instituciones que desaparecerán y otras que serán fusionadas a fin de cumplir con el 70 por ciento del recorte a distintas áreas de gobierno.

Bajo tal contexto, este día el gobierno electo emitió un comunicado de prensa en el que dio a conocer los nombres de quienes estarán a cargo de distintos organismos adscritos al gobierno federal en organismos públicos ligados al sector hacendario y financiero.

Abraham Everardo Vela Dib. Presidencia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar)

Licenciado en Economía por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Economía por El Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de California, Los Ángeles. Tiene amplia experiencia en el sector financiero mexicano, donde ha ocupado diversos cargos en el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Asimismo, ha sido economista visitante del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco de Pagos Internacionales (BPI).

Adalberto Palma Gómez. Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Ingeniero bioquímico por el Tecnológico de Monterrey y maestro en Economía Alimentaria por la Universidad de Cornell. Actualmente es presidente del Consejo de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, así como director ejecutivo del Aspen Institute‐México. Fue vocal independiente de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) de 1999 a 2003, y presidente del Bankers Trust para México, Colombia y Venezuela, de 1994 a 1999.

Ernesto Prieto Ortega. Dirección General de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (Lotenal), así como de Pronósticos para la Asistencia Pública

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue subtesorero de Fiscalización en la Secretaría de Finanzas del entonces Gobierno del Distrito Federal (GDF), así como director general del Registro Civil. Asimismo, fue titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Eugenio Nájera Solórzano. Dirección General de Nacional Financiera (Nafin), así como del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

Ingeniero mecánico administrador por el Tecnológico de Monterrey, maestro en Administración por la Universidad de Texas, Austin. Ha tenido una larga trayectoria en el medio empresarial. Ha sido alto ejecutivo y director general de empresas nacionales, globales, públicas y privadas, así como fundador y accionista principal de otras empresas. Funge además como consejero de varias instituciones sociales y educativas.

Galia Borja Gómez. Tesorería de la Federación

Licenciada en Matemáticas por la UNAM, maestra en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Estatal de Nueva York y maestra en Economía y Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente ocupa el cargo de directora general adjunta de Ingresos en la Tesorería de la Federación. De 2001 a 2007 fue responsable de diversas áreas en la Secretaría de Finanzas del entonces GDF.

Javier Delgado Mendoza. Dirección General de Financiera Nacional de Desarrollo

Agropecuario, Rural, Forestal, y Pesquero (FND), así como de Agroasemex, del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir), del Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) y del Sistema Nacional de Garantías

Ingeniero agrónomo agroindustrial por la Universidad Autónoma de Chapingo y maestro en Administración por la Universidad de Purdue. En 2014 fue nombrado Caballero de la Orden de Orange‐Nassau por el Rey de los Países Bajos. Cuenta con más de 40 años de experiencia en el área de financiamiento rural, habiendo ocupado cargos en los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) del Banco de México y en el Fondo de Capitalización e Inversión para el Sector Rural de Nafín.

Jorge Mendoza Sánchez. Dirección General del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), así como de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)

Licenciado en Finanzas por la Universidad de Texas, maestro en Administración por la Universidad de Harvard. Actualmente es director corporativo de Finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el sector público ha laborado en la SHCP como director general adjunto en la Unidad de Crédito Público y como director general adjunto de Asuntos Internacionales. En el sector privado trabajó en Barclays Capital y en Credit Suisse.

Óscar Rosado Jiménez. Presidencia de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef)

Licenciado en Administración por la Universidad La Salle. Fue tesorero del entonces GDF de 2000 a 2006. Fue también director de Administración y Finanzas de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México. En el orden municipal fungió como secretario del Ayuntamiento de Comalcalco y tesorero municipal en el municipio de Cárdenas, ambos en el estado de Tabasco.

Ricardo Ernesto Ochoa Rodríguez. Presidencia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), maestro en Ciencias por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y maestro en Políticas Públicas Internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Actualmente es director general adjunto de Finanzas, Operaciones y Sistemas en la FND. Ha tenido diversos puestos en la SHCP, donde su último cargo fue como titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de 2006 a 2012.

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Sentencian a 50 años de cárcel a 5 policías federales por secuestro

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó elementos de prueba contra los ex servidores públicos durante un juicio oral.

Por Redacción, 2018-11-18 15:29

México.- Un juez federal sentenció a 50 años de prisión a cinco ex elementos de la Policía Federal que fueron encontrados penalmente responsables del delito de secuestro agravado.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó elementos de prueba contra los ex servidores públicos durante un juicio oral.

Los ahora sentenciados fueron detenidos en 2017, en cumplimiento a una orden de aprehensión en su contra y fueron enviados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social “Santiaguito”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Después, el fiscal adscrito a la Seido acreditó la participación de los entonces servidores públicos, en el secuestro de dos víctimas, ocurrido en el Estado de México, por quienes solicitaron tres millones de pesos en efectivo a cambio de su libertad.

Los ex agentes son Moisés Montejo González, David Enrique Ferrer Galán, Erik David Arreola Pen, Rubén Juan Joaquín, Jorge Valencia Rivas.

También les fue impuesta una multa de ocho mil días, así como el pago de 100 mil pesos por concepto de reparación del daño a las víctimas.

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Ninis mujeres suman 3 millones; mientras que ninis hombres, 8 mil

La mayor parte de la población “nini” son mujeres entre los 14 y los 25 años, solteras y sin hijos.

Por Redacción, 2018-11-18 15:19

México.-México cuenta con 3.8 millones de jóvenes que no estudia ni trabaja, los llamados “ninis”; de los cuales, tres millones son mujeres y ocho mil son hombres.

Este sector de la población cuanta con programa sociales para su integración a actividades económicas y educativas por parte del gobierno; sin embargo, hasta el momento se ha atendido a 1.3 por ciento de los “ninis” totales del país.

En el estudio realizado por Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, se destaca que la mayor parte de la población “nini” son mujeres entre los 14 y los 25 años son solteras y sin hijos, por lo que se pide que ellas sean prioridad en las políticas públicas dirigidas a este segmento.

El documento exalta que la población indígena femenina es más vulnerable ante este fenómenos social por lo que se deben de implementar políticas públicas óptimas para bajar este sector siga creciendo.

“Llama la atención que de este conjunto de jóvenes el mayor porcentaje son mujeres (27.59 por ciento) que viven en el medio rural, donde frecuentemente muestran un perfil socialmente más vulnerable en comparación con los hombres”, señala el documento “Caracterización del segmento de jóvenes que ni estudian ni trabajan en México, Segundo trimestre 2017-2018”.

El mismo estudio señala que entre 2017-2018 se ha incrementado los “ninis” en México, principalmente a hombres entre 14-25 años de edad.

Cabe destacar que el 50 por ciento de los ” ninis”, cuenta con estudios de secundaria; 1.1 millones de preparatoria; 500 mil con primaria y 250 mil con una carrera técnica o profesional.

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Aguinaldo debe entregarse a más tardar el 20 de diciembre: STPS

Los empleadores deben pagarlo en efectivo o a través de medios electrónicos y aclaró que no está permitido hacerlo por medio de mercancías.

Por Redacción, 2018-11-18 15:08

México.- El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Roberto Campa Cifrián, aseguró que sin excepción alguna, los trabajadores de base, confianza, sindicalizados, eventuales, comisionistas, vendedores y semejantes deberán recibir a más tardar el 20 de diciembre el pago del aguinaldo, cuyo monto mínimo equivalente a 15 días de salario.

Destacó que los empleadores deben pagarlo en efectivo o a través de medios electrónicos y aclaró que no está permitido hacerlo por medio de mercancías, vales o cualquier otro signo representativo que sustituya la moneda.

Los patrones se encuentran obligados a cubrir este pago que “es un derecho irrenunciable y bajo ninguna circunstancia el patrón puede argumentar problemas para no pagarlo o reducir el importe del mismo”, asegur

Aquellos trabajadores que no tienen un contrato firmado o son eventuales, precisó, también tienen derecho a recibir aguinaldo, ya que la existencia de un contrato o de una relación laboral, se presume desde el momento en el que existe alguien que presta un trabajo personal y alguien que lo recibe.

Aclaró que al incumplir de forma completa o tardía, los patrones pueden hacerse acreedores a una multa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo; es decir, una sanción de 50 a cinco mil veces el valor de las Unidades de Medida y Actualización que va desde los cuatro mil 30 hasta los 403 mil pesos.

“Existen instancias de gobierno que protegen los derechos laborales de las y los mexicanos. Para el caso en que no se pague el aguinaldo o se pague incompleto, o extemporáneo, las y los trabajadores pueden presentar su reclamo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, cuentan con el plazo de un año”, indicó el encargado de la política laboral del país.

En su intervención, la titular de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), Alejandra Negrete, afirmó que los trabajadores tienen un año a partir del 21 de diciembre para reclamar el pago de su aguinaldo.

Además presentó la campaña “Profedet defiende el pago de tu aguinaldo”, la cual se difundirá a nivel nacional y con la que se espera alcanzar más de 200 mil impactos.

“Aprovecho este espacio para invitar a todas y todos aquellos que requieran orientación con relación a este derecho a que acudan a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en donde, de manera gratuita, ponemos a su disposición nuestros servicios ya sean vía telefónica, por correo electrónico, en redes sociales o bien de manera personal en nuestras oficinas”, enfatizó.

Para quienes requieran servicios gratuitos de asesoría y orientación con relación a la fecha o monto del aguinaldo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo pone a disposición los teléfonos 01 800 7172 942 y 01 800 9117 877 para toda la República Mexicana.

En lo que va de la presente administración, la Profedet ha otorgado para los trabajadores y sus familias más de 970 mil asesorías y orientaciones, cerca de 75 mil conciliaciones y ha interpuesto más de 97 mil juicios y presentado cerca de cinco mil amparos.

Así, dijo, la Procuraduría mantiene una eficacia de cerca de nueve de cada 10 juicios concluidos en favor de las personas trabajadoras y sus beneficiarias, con lo que se ha recuperado un monto mayor a los 13 mil millones de pesos.