Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Consejería jurídica de Presidencia de la República entregara este martes al Senado la solicitud de consulta popular, que habrá de realizarse el 6 de junio de 2021, de sí cinco expresidentes son enjuiciados por “quebrantamiento del Estado de Derecho”.

Su petición, la motivó en que es un asunto de trascendencia nacional el que entre el 1° de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos.

Además de la corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, de inseguridad pública, de violación masiva de Derechos Humanos y de la impunidad como norma que llevaron al quebrantamiento del Estado Derecho.

López Obrador dijo que en esta etapa trágica del país, período neoliberal o neoporfirista, se aplicó durante cinco sexenios un modelo económico elitista, antinacional, antipopular y antidemocrático, específicamente, por quienes ejercieron la titularidad del Poder Ejecutivo.

Puntualizó que en esos 30 años el neoliberalismo gobernante se tradujo en pérdidas de miles de vidas, desapariciones, la conculcación de derechos políticos y sociales, el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación y la descomposición social.

Acusó que fue causa del deterioro sostenido de los sistemas públicos de salud y educación, de la marginación de millones de jóvenes y de adultos mayores, del acoso depredador en contra de las comunidades indígenas, del pronunciado deterioro de las instituciones y de la pérdida de soberanía nacional.

Observó que la demanda de justicia no era posible por la adulteración de disposiciones legales, por las componendas de los partidos subordinados al régimen, el silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación nacionales y extranjeros, acuerdos tácitos de protección entre los presidentes salientes y los entrantes, y aparatos de procuración de Justicia impuestos al servicio de los propios gobernantes.

Ante tal situación, indicó que desde el primer día de su gobierno se han incrementado las peticiones populares de esclarecimiento y Justicia para las acciones presuntamente delictivas que cometieron los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en el ejercicio del cargo.

“No obstante, el masivo clamor de Justicia se enfrenta a zonas grises del marco legal para actuar penalmente contra un ex presidente por delitos prescriptibles que habrían cometido en ejercicio de la Presidencia, leyó del documento”, advirtió.

López Obrador aseguró que propone la realización de una Consulta Popular como un paso necesario para resolver sobre este delicado asunto y, si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esta tarea con absoluta libertad.

Y si el pueblo rechaza la propuesta, nadie podrá acusar a esas instituciones de encubrir o solapar conductas ilegales, “en lo personal reafirmo la postura que he sostenido sobre este tema, en el sentido, que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”.

“Reitero, yo votaría por no someter a los expresidentes a proceso, sin embargo, de realizarse la consulta respetaré el fallo popular, sea cual sea, porque en la democracia el pueblo es el que manda, por convicción me he propuesto mandar obedeciendo”, dijo.