México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo uso de su facultad y este 1 de febrero envió una iniciativa preferente al Congreso de la Unión para reformar Ley de industria Eléctrica.
De acuerdo con su exposición de motivos, el presidente López Obrador quiere implementar una nueva política energética, con la que se busca modificar el mecanismo de despacho de las centrales eléctricas.
En su exposición de motivos, López Obrador explica que durante el periodo “neoliberal” o “neoporfirista” se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional y el anterior gobierno otorgó plena cobertura legal a este con la llamada reforma energética.
“Todo se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos, transitando al apoderamiento privado del mercado eléctrico. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) quedó fracturada, casi en ruinas, endeudad, obligada a otorgar toda clase de subsidios a sus supuestos competidores, por tanto, con capacidad productiva disminuida y sometida a una regulación que privilegia a los particulares”, describe el titular del Ejecutivo.
Con esta reforma dijo es urgente profundizar en los cambios ya iniciados en esta materia a fin de fortalecer a la CFE, para beneficio del interés nacional, “cuyo carácter estratégico en la confiabilidad del sistema eléctrico es indispensable para sostener el compromiso de largo plazo con el pueblo de México, consistente en no incrementar las tarifas de electricidad, así como garantizar la seguridad energética como pieza estratégica del concepto de la seguridad nacional.
El Ejecutivo Federal explica que el pasado 22 de julio del 2020, envió a los órganos reguladores del sector energético los lineamientos básicos de la Nueva Política Energética en beneficio del pueblo y de la Nación.
Y en el numeral 12 de ese memorándum, el gobierno federal plasmó sus compromisos de cambio que deben emprenderse, tanto las empresas productivas del Estado como por los órganos reguladores en materia de energía y son: que el sistema eléctrico nacional deberá ser alimentado, en primer lugar, por la red de distribución de la energía producida por las hidroeléctricas; en segundo, por lo generado por las plantas de la CFE; y en tercero por la energía eólica o solar de particulares; y al final, la energía de ciclo combinado de empresas privadas.
“La inexistencia de un contrato de entrega física de energía y capacidad obliga en las inequitativas condiciones de este mercado eléctrico, a un creciente déficit del Suministrador de Servicios Básicos de CFE. Los incrementos tarifarios o mayor subsidio, con cargo a la Hacienda y al pueblo de México, sería el resultado de no modificar tales condiciones”, dijo el Ejecutivo.
Describe que la presente iniciativa busca garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación. Ello, al proponer modificar el orden de la prioridad del despacho, mediante la operación de Centrales Eléctricas en el actual contrato Legado de la CFE y con el diseño de un nuevo Contrato de Entrega Física de Energía y Capacidad a la red. Con la operación simultanea de ambos contratos financieros y de entrega física, se eliminan erogaciones presupuestales con impacto negativo a los contribuyentes y a recursos económicos de la Nación y, con ello, se garantiza la estabilidad de la tarifa de electricidad”, define en su proyecto el titular del Ejecutivo.
