Opinión.- Esta ha sido, por mucho, una de las semanas más intensas desde que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia, ese julio del 2018 que, a la luz de los acontecimientos, se siente tan lejano.

Empezamos con que llegó extraditado de España, Emilio Lozoya; una pieza clave para desmenuzar y demoler la estructura criminal sobre la que estuvieron cimentados los gobiernos neoliberales.

Lozoya no es un criminal cualquiera. Su prontuario criminal ha sido documentado, por lo que llegó cargado de información y resentimientos contra sus colegas, quienes hasta ahora gozan de libertad y, para algunos, de buen nombre. Sí, trae consigo videos y documentos, los cuales entregará a cambio de ciertos beneficios que reducirían significativamente su pena, amparándose en la figura del criterio de oportunidad, que garantiza que la Fiscalía persiga de forma prioritaria, los delitos que producen un mayor daño a la sociedad.

Mientras algunos, como Vanessa Rubio, ya emprendieron la graciosa huida, otros preparan su defensa legal, sabedores de que no hay rincón en el mundo dónde esconderse de la justicia de la 4T; o se divorcian y resguardan su cuestionado patrimonio al amparo de fideicomisos improbables, pero con honrosas excepciones, esos hombres y mujeres que fueron los más poderosos durante la época neoliberal, han dejado de dormir tranquilos.

Mientras tanto, en el diario Reforma apareció un desplegado pagado por un grupo de personajes públicos que se autodenominan intelectuales, quienes convocan a formar un frente Anti-AMLO para “corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político”. Pero ni todos los que firman son intelectuales, básicamente porque el intelecto no se transmite ni por asociación ni por matrimonio, ni a todos los intelectuales les asiste la razón.

Francamente me parece muy vergonzosa la estrechez de argumentos que atenta contra la decisión de la mayoría de los mexicanos que, con su voto, dieron mayoría en las cámaras al partido del presidente. Resulta bochornoso que intenten enmascarar sus intereses personales apelando al uso de lenguaje grandilocuente como pluralismo, democracia e institucionalidad, mientras no dudan en atentar contra el estado de derecho y la gobernabilidad de nuestro país.

Por otro lado, me parece muy bien que, por fin, los ideólogos de izquierda abandonen sus pugnas internas en Morena para responder a los adversarios, para hacer un frente común en defensa de un proyecto político avalado por la mayoría de los mexicanos. Es trabajo del partido y sus miembros articular el diálogo colectivo y, en el trayecto, desmontar esa retórica iracunda y falaz a la que recurren los intelectuales y sus amigos.

Durante la semana AMLO visitó Guanajuato, Jalisco y Colima, y lejos del tono atrabiliario y retador que usaron los gobernadores en días pasados, todos declararon estar dispuestos a trabajar en pos del bien común de los ciudadanos, de la mano con el gobierno federal.

Diego Sinhue ya va a las reuniones diarias de seguridad, aunque se niega a deshacerse del fiscal. La nota de color la dio Alfaro al sufrir las consecuencias de sus devaneos impositivos y vulgares, tras ser increpado por una youtuber de izquierda. Pero el gobernador de Jalisco necesita de la confrontación con AMLO para alzarse como presidenciable, por eso, tan pronto como el presidente abandonó su estado, volvió a la jerga pendenciera que lo distingue.

Sin embargo, la nota más importante de la semana consiste en que Sedena y Marina toman el control de puertos y aduanas, en un intento de la 4T por limpiar los malos manejos y la corrupción imperante.

Recordemos que el pasado abril renunció a su cargo como titular de Aduanas el xalapeño Ricardo Ahued. A pesar de que se manejó como una decisión personal, se sabe que, en esas dependencias, la corrupción es una hidra de 100 cabezas que no ha podido ser desmantelada. Esta decisión corresponde al cambio anunciado por AMLO, con lo que coloca al Ejército y a la Marina como una de las instituciones en quienes más confía para erradicar las malas prácticas que corrompen las entradas y salidas de mercancías de nuestro país.

Algunos sostienen que lo anterior es un error, porque consideran se deberían reforzar las autoridades civiles antes de imponer la administración a instituciones que estarían actuando fuera de su naturaleza jurídica.

Mientras se ponen de acuerdo si esta decisión contraviene la Constitución o ciertos fundamentos legales, debemos reconocer que, hasta este momento, el éxito de las organizaciones criminales mexicanas, clasificadas en lo más alto del espectro internacional, es inversamente proporcional al fracaso de las autoridades de aduanas. Tal vez, es tiempo de emprender una estrategia diferente.