México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe ponerse “punto final” al caso del exgobernador Arturo Núñez Jiménez, por las presuntas irregularidades de aproximadamente 700 millones de pesos durante su administración.

La cuenta pública 2018, último año del sexenio del exmandatario perredista, se encuentra en antesala de ser calificada por el Congreso local, y en la “mañanera” de este viernes se le preguntó a López Obrador su postura al respecto.

Respondió que desde que asumió la Presidencia de la República, en diciembre pasado, dejó en claro que la venganza no es su fuerte y que lo que se tenía que procurar era acabar y no permitir más la corrupción, a partir de su gobierno.

Añadió: “Creo que sí sería circo, espectáculo, pero en vez de avanzar hasta podríamos quedarnos anclados, empantanados. Yo quiero ver hacia adelante”.

Y esto aplica, dijo, ante el gobernador Adán Augusto López, “para los que se fueron, no para nosotros”.

Luego anunció que insistirá en su planteamiento ante los legisladores para que se quiten los fueros y el presidente pueda ser juzgado como cualquier ciudadano.

No obstante, mencionó que si existen denuncias en curso tienen que desahogarse, pero su gobierno –abundó– no promoverá acciones penales.

“Si hay denuncias presentadas tienen que seguir su curso, porque tampoco somos tapadera”, soltó.

“Esto corresponde al ámbito estatal, (pero) en la política federal nosotros no estamos iniciando ninguna investigación”, precisó, y resaltó que ya basta de estar simulando y engañando a la gente, “castigando nada más a chivos expiatorios”.

“Si se tratara de responsabilizar por el desastre de México, teníamos que empezar por los expresidentes, porque nada de que no sabían ni de que ellos no autorizaron todos los latrocinios que se cometieron en los 36 años de periodo neoliberal. Entonces, ya vamos viendo las cosas como son”, puntualizó.

El pasado martes 6, el gobernador Adán Augusto López Hernández confirmó que se investigaban presuntas irregularidades en el gobierno perredista de Arturo Núñez, entre ellas más de 200 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el sector Salud.

Además, otros 400 millones de pesos producto de la venta de un terreno del gobierno del estado en la zona de Tabasco 2000 de esta capital, y 125 millones más de un remanente de un préstamo que por 700 millones solicitó Núñez en 2017 para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fiscalía General del estado (FGE).