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AMLO y jefes de estado centroamericanos firman pacto de cooperación

Se trata de un pacto para la futura conformación de un Plan de Desarrollo Integral para financiar proyectos de desarrollo para la región.

Por Redacción, 2018-12-02 10:14

México.- En su primer día, el nuevo gobierno de México pactó con los jefes de Estado del Triángulo Norte de Centroamérica la construcción de un Plan de Desarrollo Integral, respaldado por un fondo, que pretenderá financiar proyectos en Centroamérica y, por ende, reducir la migración proveniente de los países que la integran.

El martes pasado, el ahora canciller Marcelo Ebrard Casaubón equiparó ese programa de inversión masiva –evocó una cifra de 20 mil millones de dólares– con el “Plan Marshall”, mediante el cual el gobierno de Estados Unidos financió la reconstrucción de países europeos después de la segunda Guerra Mundial.

El documento, firmado hoy por Jimmy Morales Cabrera, Juan Orlando Hernández y Óscar Ortiz Ascencio –respectivos presidentes de Guatemala y Honduras, y vicepresidente de El Salvador–, apenas sienta las “bases de entendimiento”, pues el plan se definirá en el primer trimestre del año entrante.

Según la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), en los próximos meses, los cancilleres de los tres países de Centroamérica se coordinarán con la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) para definir las áreas de inversión.

En los últimos meses, integrantes del ahora gabinete de Andrés Manuel López Obrador reiteraron que la inversión en Centroamérica es el mejor camino para combatir la pobreza, una de las “causas estructurales” de la migración.

Este pacto aparece mientras más de seis mil integrantes del llamado éxodo centroamericano siguen varados en condiciones extremas en Tijuana, y en medio de una serie de presiones y amenazas del gobierno de Donald Trump sobre los gobiernos de México y Centroamérica para impedir que salgan personas de sus países hacia Estados Unidos.

“El Salvador, Guatemala y Honduras agradecen la iniciativa del presidente de los Estados Unidos Mexicanos al gestionar recursos nuevos y contribuir con experiencia propia en este esfuerzo conjunto”, plantea el acuerdo firmado hoy.

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Morena acatará sentencia que da triunfo a Alonso en Puebla

Sin embargo, expresó su “absoluta inconformidad”, porque, mencionó, convalida el fraude electoral más grande que se ha realizado en Puebla.

Por Redacción, 2018-12-10 21:18

México.- La dirigencia de Morena advirtió que con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) relativa a la elección de gobernador de Puebla, “la justicia electoral en nuestro país ha muerto”, sin embargo, la acatarán.

“Cuatro magistrados, incluida su presidenta (Janine Madeline Otálora), no resistieron las presiones políticas y la capacidad corruptora de Rafael Moreno Valle (ex gobernador de Puebla)”, aseguró.

Dijo que “esta sucia operación no puede quedar impune, por el bien de nuestra sociedad se debe investigar quiénes fueron los operadores de esta maniobra”.

En desplegado, expuso que “la decisión del Tribunal Electoral fue equivocada, fue una sentencia antidemocrática, que acataremos, porque el Tribunal representa a la autoridad. Actuaremos, como siempre lo hemos hecho y seguiremos haciendo, con responsabilidad e institucionalidad”.

Expresó su “absoluta inconformidad con la sentencia”, porque, mencionó, convalida el fraude electoral más grande que se ha realizado en Puebla.

“La elección para gobernador no fue una elección ni limpia, ni libre, como lo expuso el proyecto del magistrado José Luis Vargas y fue testigo la ciudadanía poblana”, afirmó.

Agregó que “Rafael Moreno Valle, con la complicidad de cuatro magistrados de la Sala Superior pisoteó el Estado de derecho; acabó con la credibilidad de las instituciones. La sentencia del Tribunal es un golpe a la democracia, pero no desistiremos en nuestra lucha”.

Señalaron que los cuatro integrantes de la Sala Superior que convalidaron el fraude son parte del antiguo régimen.

“Por decisión de la mayoría de la población, México ya cambió, estamos construyendo la Cuarta Transformación de la vida pública de nuestro país. Vamos a seguir trabajando e impulsando el cambio para que en todo el país exista una verdadera democracia”, concluyó.

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Ombudsman asegura que Guardia Nacional va contra la Constitución

“Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con fiscalías autónomas”, señaló.

Por Redacción, 2018-12-10 20:43

México. Notimex.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo.

“Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho, donde las instituciones civiles no están subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, donde los derechos y el respeto a la dignidad de las personas no estén condicionadas a actuaciones autoritarias o discrecionales”, dijo.

Al dirigir su mensaje en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, expuso que la seguridad debe tener como fundamento también el respeto y la aplicación de la ley, así como que la debida investigación y persecución de los delitos sean cuestiones prioritarias.

“Nuestro país no puede permitirse renunciar a la institucionalidad civil y democrática”, afirmó.

Reconoció que en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 se establezcan diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública, y se parta de un enfoque social en la interpretación de la problemática que enfrenta el país en materia de seguridad y justicia.

Sin embargo, dijo que la CNDH no puede dejar de llamar la atención, como lo hizo también con relación a la Ley de Seguridad Interior, sobre los riesgos implícitos de privilegiar las acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza.

En particular, advirtió, con el establecimiento de una Guardia Nacional que, al estar mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, contraviene lo previsto actualmente en la Constitución.

A su juicio, también se contravienen principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter civil y reducirse, al mínimo indispensable, la participación militar en dicho ámbito, además se requiere abordar de una manera integral.

“Por mejor capacitada que esté una policía, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si no contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a los responsables sean posibles”, señaló.

En el acto donde Héctor Fix-Zamudio y Tita Radilla fueron reconocidos, se refiríó también al incremento de las conductas ilícitas sujetas a prisión preventiva oficiosa.

Apuntó que la ampliación del catálogo de delitos que se propone no garantizaría en modo alguno que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente.

Frente a ello subsistiría el problema de que los imputados, aun siendo responsables del delito, pudieran obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente.

Recordó que la CNDH está del lado de la ley y de la gente, y surge por la necesidad de defender la dignidad humana y los derechos inherentes a la misma, por lo que bajo ningún concepto es producto de un modelo o sistema económico.

“Nuestro trabajo de mediación, conciliación, así como nuestras denuncias, exhortos y recomendaciones han sido posibles solamente por una condición inmutable e indispensable para el funcionamiento del ombudsperson: su autonomía plena e independencia de todo poder e interés.

“La autoridad que pretende vulnerar esta independencia y menoscabar nuestra autonomía vulnera los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico que contraviene la esencia misma de nuestra Constitución y de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido en favor de la dignidad humana”, concluyó.

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Sheinbaum libera a cinco indígenas presos por no poder pagar fianza

“Inicia un programa de liberación de indígenas presos por delito de robo”, señaló la jefa de gobierno.

Por Redacción, 2018-12-10 19:25

México.– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer la liberación de cinco indígenas que se encontraban presos por delitos no graves.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Sheinbaum Pardo indicó que los liberados son Luis Arturo, de origen náhuatl; Valente Anastacio, otomí; José Roberto, náhuatl; Daniel, zapoteco, y Orlando, mazateco.

Luis Arturo había sido sentenciado a 3 años y nueve meses de prisión; Valente Anastacio a tres años; José Roberto cumpliría dos años y un mes en la cárcel; Daniel estaba condenado a 2 años y tres meses, mientras que Orlando cumpliría cuatro años y ocho meses, de acuerdo con información del Gobierno capitalino.

“Inicia un programa de liberación de indígenas presos por delito de robo que tenían acceso a fianza y que por falta de condiciones económicas no habían tenido acceso a su liberación”, dijo la Jefa de Gobierno en conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum aseguró que a los liberados les fueron violados sus derechos “por ser de origen indígena y no tener los recursos necesarios para ser liberados”.

La liberación de los cinco hombres se hizo luego de que se revisaran 424 expedientes del Sistema Penitenciario.

La Jefa de Gobierno informó que las liberaciones de personas indígenas continuarán en los próximos días e indicó que se trata de decenas de personas que cometieron delitos no graves.

La mandataria tambien anunció la contratación de traductores de distintas lenguas para la procuración de justicia dentro de los organismos de Gobierno.

“Una de las demandas históricas en procuración de justicia en tema indígena cuenten con intérpretes de sus lenguas y sus variantes”, dijo Larisa Ortiz, Secretaria de los Pueblos Indígenas.

Esta mañana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que impulsará un programa para la liberación de los presos políticos.

“El procedimiento que ya lo está llevando a cabo la Segob. Le voy a solicitar a Olga Sánchez que les exponga cuáles son los lineamientos de este programa, ya se ha avanzado bastante, es un plan ordenado para dar libertad a presos políticos, presos de conciencia, a muchos que están en la cárcel de manera injusta, a indígenas que no han cometido delito grave, que no tienen defensa, se está haciendo une estudio, una revisión caso por caso”.