Por: Hazel Zamora Mendieta
En diciembre de 2014 en Buenos Aires, Argentina, Brisa y sus dos hermanos fueron testigos de cómo su padre asesinó a su madre Daiana Barrionuevo, y arrojó su cuerpo en un río de la ciudad de Moreno. El asesino declaró a la policía local que la madre los había abandonado por otra pareja. Nadie la buscó. Un mes después su cuerpo fue hallado y el hombre detenido.
Brisa, de entonces 2 años de edad y sus hermanos de 7 años ambos, quedaron en la orfandad, al cuidado de la hermana de su madre, Cintia Barrionuevo, quién además tiene tres hijos. El caso se hizo público y visibilizó que la violencia feminicida tiene afectaciones también a las hijas e hijos de las víctimas y cargas económicas para las familias, por lo que se dio paso a la creación de la “Ley de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de feminicidio en Buenos Aires”, aprobada por la legislatura local el primero de septiembre de 2017.
La “Ley Brisa” -como también se le conoce motivada por el caso- establece un régimen de reparación económica a la niñez y adolescencia cuyo “progenitor haya sido procesado o condenado como autor, coautor o cómplice del delito de feminicidio de su pareja”.
El gobierno local está obligado a realizar un aporte económico mensual por cada víctima, y dicho apoyo es compatible con otras percepciones monetarias como la cuota alimentaria que debe otorgar el progenitor.
La iniciativa la impulsaron las organizaciones no gubernamentales “Casa del Encuentro” y la “Defensoría del Pueblo”. Para el desarrollo de esta Ley realizaron una investigación en la que registraron dos mil 518 hijos e hijas víctimas de feminicidio en Argentina entre los años 2008 al 2015, de los cuales 64 por ciento eran menores de edad, es decir mil 617 quedaron en la orfandad. En todos estos casos el perpetrador del crimen fue el padre de las víctimas.
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Por esta razón la “Ley Brisa” se concentra en la reparación del daño en los casos en los que el padre o pareja de la víctima es quien comete el delito, argumentan las asociaciones, y calculan que en promedio cada semana en Argentina seis menores de edad quedan en la orfandad por un feminicidio.
La Ley establece que el Estado argentino tiene la responsabilidad de garantizar tres ejes básicos para resarcir el daño a la orfandad por feminicidio: la contención y atención psicofísica; el desarrollo educacional; y la asistencia económica a las personas que tomen a su cargo el cuidado de los niños, niñas y adolescentes.
Estos apoyos serán extendidos hasta que las víctimas cumplan los 21 años de edad y para los casos en que presenten alguna discapacidad el recurso no tiene tiempo límite. Para obtener el apoyo únicamente tienen que demostrar que residen en Buenos Aires.
En el caso de la salud la Ley estipula que las víctimas colaterales del feminicidio tendrán derecho a una cobertura integral médica asignada por el Estado, y esta debe contemplar las necesidades de salud física y psíquica por tratarse de una violencia a la que pudieron estar sometidos por un largo tiempo hasta el asesinato de su madre.
“La vivencia del asesinato de la propia madre a manos del padre constituye un trauma severo. El impacto psicológico y los síntomas en las niñas y los niños son múltiples y complejos. En el ámbito emocional un profundo desconcierto, confusión, sentimientos de culpa, miedo, rabia, tristeza, descenso de la autoestima y sensaciones de impotencia”, describe el proyecto de Ley.
De acuerdo con las metas de las organizaciones el siguiente paso en Argentina es conseguir que la “Ley Brisa” sea Federal, con el fin de que todos los hijos e hijas de víctimas de feminicidio del país pueden acceder a la reparación integral del daño como es su derecho.
Mientras tanto en México…
En el caso mexicano los esfuerzos por resarcir el daño a los hijos e hijas víctimas de feminicidio apenas se comienzan a vislumbrar y son mínimos si se considera que en promedio cada día siete mujeres son asesinadas en el país, según Naciones Unidas.
Sin ninguna política de Estado capaz de reconocer los Derechos Humanos de estas víctimas secundarias, apenas existen tres proyectos que buscan brindarles apoyos sociales. Por ejemplo, en Jalisco este año a las hijos e hijas de víctimas de feminicidio se les da un recurso económico y atención psicológica, sin embargo únicamente es extendida para 66 víctimas por el periodo de un año.
En Ciudad Juárez, Chihuhua lugar reconocido a nivel mundial por el fenómeno del feminicidio desde los años noventa, los apoyos son dispersos y se extienden a becas de estudio y compra de materiales escolares.
En el Estado de México, donde se encuentra el municipio de Ecatepec considerado también por la ONU como el más peligroso para las mexicanas, en 2017 se comenzaron a dar becas escolares a la niñez y adolescencia en orfandad por feminicidio.
A pesar de la existencia de estos programas no se cuenta en México con cifras que dimensionen dónde están, en qué situaciones viven y cuáles son las necesidades de las hijas e hijos víctimas de feminicidio.
