Buenos Aires. El reconocimiento del Plan Cóndor que operaron seis dictaduras sudamericanas en la década de 1970 y la condena a los militares que lo aplicaron, consolidó a Argentina como ejemplo de justicia y avances en políticas de derechos humanos en América Latina.

Durante la última década, Argentina logró reanudar y mantener los juicios por crímenes de lesa humanidad; es decir, imprescriptibles, cometidos durante la dictadura militar en este país (1976-1983), lo que ya permitió la condena de más de 600 represores.

Pese a que en varios países de Sudamérica también tuvieron regímenes militares, Argentina es la única nación que ha logrado construir un mecanismo institucional permanente para condenar los secuestros, torturas, asesinatos desapariciones y robo de bebés sufridos por miles de víctimas.

La víspera, el último presidente de facto de la dictadura, Reynaldo Bignone, fue condenado por cuarta vez por un tribunal, ahora a una pena de 20 años de prisión por el secuestro y desaparición forzada de cuatro personas en el marco del Plan Cóndor.

Esta fue la primera vez que un tribunal reconoció la existencia del Plan Cóndor como tal, y consideró, además que había sido una asociación ilícita, tal y como había pedido la querella, lo que permitió que fueran condenados otros 14 represores.

Argentina se colocó así de nuevo a la vanguardia judicial, ya que el plan de exterminio sigue impune en Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, que fueron los otros países que reprimieron a los opositores políticos.

Los juicios son resultado de la larga lucha que llevaron a cabo los organismos de derechos humanos de Argentina, que hace cuatro décadas comenzaron a exigir justicia, no venganza.

Desde los primeros años de la dictadura, la organización Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo salió a las comisarías y hospitales a buscar a sus hijos y nietos desaparecidos, pero las asociaciones se fueron multiplicando con el correr del tiempo.

Así, se fundaron la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Servicio de Paz y Justicia, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos y Familiares y Detenidos por Razones Políticas.

En este andamiaje en favor de los derechos humanos también se sumaron los esfuerzos del Equipo Argentino de Antropología Forense, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio y Memoria Abierta.

En 1985, el primer gobierno democrático posterior a la dictadura, presidido por Raúl Alfonsín, tuvo un primer logro cuando fueron condenadas las juntas militares que gobernaron al país desde 1976 hasta 1983.

La justicia era incompleta, porque los miles de cómplices de los dictadores quedaron libres de culpa y cargo gracias a la aprobación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, mejor conocidas como leyes de impunidad.

En 1989, los avances fueron interrumpidos cuando Carlos Menem indultó a los condenados, entre ellos a algunos de los personajes más tenebrosos de la historia latinoamericana, como Jorge Rafael Videla.

En medio de la indignación, las organizaciones no se paralizaron y continuaron un trabajo que rindió frutos a partir de 2003 con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, quien convirtió los derechos humanos en eje de su gobierno, política que continuaría su esposa Cristina Fernández.

Anuladas las leyes de impunidad, los juicios avanzaron y hasta hoy han sido condenados 622 represores, mientras que las Abuelas recuperaron ya a 119 nietos que fueron robados y entregados en adopciones ilegales.

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