México.- Una mañana del antepasado verano en la ciudad de Querétaro, el secretario de Seguridad Pública, Luis Ferrusca, salió a denunciar públicamente, ante medios de comunicación, a sus propios policías. Sospechaba entonces que ese personal a su cargo había sido el autor de un robo perverso: 34 armas cortas y 36 largas.

El caso aún no tiene respuesta, pero quedó como un “buen precedente” por irónico que parezca: la mayoría de los encargados de la seguridad publica municipal o sus alfiles no denuncian el robo de pistolas ni rifles. Pero tampoco lo hacen las policías federales, ni las estatales y cosa más grave: tampoco los militares.

Las fuerzas de seguridad en México pierden diariamente granadas y lanza granadas, mosquetones, carabinas, fusiles, escopetas, subametralladoras, berettas, colts, Smith & Wesson, Heckler & Koch, Ceskas Sbrojovka, Taurus… según consta en los 15,000 casos que la Secretaría de la Defensa Nacional ha reconocido ante la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Esta organización no gubernamental que obtuvo esta cifra a través del mecanismo de transparencia (no es un dato que se encuentre a la mano) para un informe sobre el tema, considera, sin embargo, que la información es imprecisa, incompleta y hasta tramposa.

Como ejemplo citó a dos oficios enviados por la Sedena que, con diferencia de un año, dieron cifras diferentes para el mismo periodo (2010-2016) sobre el número de armas compradas en el extranjero. En un primer documento dijo que había adquirido 305, 086; en el segundo, 250, 839.

“¿Dónde quedó esa diferencia?”, se pregunta Guadalupe Chávez, coordinadora de investigación sobre el tema que presentó la CMDPH en marzo pasado. “Muchas de las armas que ingresan legalmente al país se las roban o se pierden. Y el seguimiento de estas armas extraviadas no es puntual ni consistente”.

La razón es sencilla: no hay una ley que los obligue o sancione explícitamente, observa el senador Miguel Mancera, quien promueve una iniciativa en el congreso con miras a penalizar olvidos, resbalones, negligencia o malas intensiones de autoridades que no reportan el robo o pérdida de armas: el 60% del total, según sus cálculos.

En septiembre del año pasado, militares y marinos tomaron las oficinas de la policía en Acapulco ante sospechas de que la corporación había sido infiltrada por el crimen organizado (el puerto fue catalogado como una de las ciudades más peligrosas del mundo) y cuando revisó los inventarios se dio cuenta de que faltaban 342 armas de un total de las 1,771 registradas en su arsenal.

Frente a las presiones de dar cuentas, el entonces alcalde Evodio Velázquez finalmente no pudo justificar el paradero de 71. Un año después, el caso sigue sin resolverse.

“Propongo que se sancione la omisión con pena de dos a cinco años de prisión”, detalló Mancera. “También crear el registro de armas extraviadas, robadas, destruidas, aseguradas o decomisadas, que esté a cargo de la Sedena; hoy, no existe”.

Tanto autoridades como activistas en el tema coinciden en que las armas “perdidas” van a dar a manos del crimen organizado y alimenta a los sicarios que han dejado y siguen botando un reguero de miles de cadáveres por todo el país. Se venden de boca en boca y se sospecha, en muchos casos, son los mismos policías y militares quienes las venden en internet y hasta por WhatsApp.

En un chat que recuperó la empresa radiofónica MVS recientemente un presunto grupo de militares de “élite” comercializaba al mejor postor armas de todo tipo: decían que procedían de decomisos al crimen organizado y de las mismas bodegas de la Sedena.