Un total de 57 personas fueron arrestadas hoy en el sur de Italia en tres operativos contra la mafia, informaron las autoridades locales.

En la primera operación, ejecutada en la meridional región de Calabria, fueron detenidas siete personas acusadas de pertenecer al clan Lanzino-Ruá de la Ndrangheta, la mafia local, dijo la Dirección Antimafia de la ciudad de Catanzaro.

Señaló que también fueron inscritos en el registro de indagados el ex asesor de Agricultura del consejo regional, Michele Trematerra y el ex alcalde de la ciudad de Acri, Luigi Maiorano, imputados de asociación externa en asociación mafiosa.

Por su parte, los siete detenidos fueron acusados de asociación mafiosa, extorsión agravada, concusión, corrupción electoral, usura, fraude y delitos en materia de armas.

Las investigaciones comprobaron que el clan mafioso condicionaba las actividades del departamento de Agricultura de la región de Calabria y del municipio de Acri para la adjudicación de obras públicas.

En un segundo operativo, también en la región de Calabria, fueron arrestadas otras 10 personas acusadas de asociación mafiosa agravada por la transnacionalidad de los delitos, pues eran cometidos en Italia y Alemania.

Según informó el cuerpo de carabineros de la ciudad de Reggio-Calabria, el operativo, denominado “Rheinbrücke”, fue ejecutado en colaboración con las fuerzas del orden germanas.

Dijo que las investigaciones demostraron que el clan mafioso desmantelado había exportado el modelo ndranghetista a Suiza y Alemania, donde fueron creadas estructuras criminales típicas del territorio calabrés.

En tanto, otras 40 personas fueron detenidas por formar parte del clan mafioso Strigliuglio de la sureña ciudad de Bari, en la región de Puglia, informó el cuerpo de carabineros local.

Indicó que los arrestados fueron acusados de extorsión y asociación mafiosa, entre otros delitos y que el operativo desmanteló a un grupo criminal que dominaba la economía de la zona.

En particular el clan mafioso extorsionaba a empresarios y comerciantes, que se veían obligados a pagar mensualmente el derecho de piso.

Gracias a las investigaciones se pudo detectar que el grupo criminal usaba tumbas de un cementerio para esconder armas, municiones y hasta explosivos.

Según los investigadores, entre los detenidos había varias mujeres que eran mensajeras de los “capos” ya encarcelados y que lograban introducir droga en la prisión.