Reportaje por: Anayeli García Martínez
Aunque las mujeres han dado pasos firmes para ser diputadas, el reto ahora es consolidar las leyes para que puedan gobernar en los ayuntamientos.
Con la reforma político-electoral de 2014, las mexicanas lograron que se aprobara la paridad de género (50 por ciento de candidatas) como principio constitucional, sin embargo hoy todavía siguen peleando para ampliar y consolidar este derecho a nivel local.
Si bien la paridad obliga a los partidos a postular 50 por ciento de mujeres como aspirantes a diputaciones y senadurías, no tiene el mismo efecto en las postulaciones para presidencias municipales, regidurías y sindicaturas.
Una vez que entró en vigor la reforma constitucional se crearon las leyes generales de Partidos Políticos, y de Instituciones y Procedimientos Electorales, y cada entidad federativa ajustó su ley electoral, pero persistió la omisión legislativa en el caso de la paridad a nivel local.
Así, la pelea continúa para que cada estado contemple en su Constitución y en su norma electoral, que las agrupaciones políticas postulen al mismo número de mujeres y hombres a los cargos edilicios.
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En junio próximo habrá comicios en 13 entidades, 11 de ellas (Aguascalientes, Baja California (BC), Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas) renovarán ayuntamientos.
OMISIÓN
Desde que se instauró la paridad en la Constitución, las redes de mujeres políticas advirtieron que había un vacío legal, ya que la ley omitió precisar cómo deberían ser integradas las candidaturas para las alcaldías, regidurías y sindicaturas.
Muchas militantes que en los comicios de 2015 quisieron ser abanderadas para una presidencia municipal enfrentaron la negativa de sus propios partidos, por lo que acudieron a los institutos y tribunales electorales a defender su derecho a la participación política.
En algunos casos, las mujeres llevaron sus demandas hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que al interpretar la ley determinó que la paridad también aplica para las candidaturas a los ayuntamientos.
Con el fallo, tras la jornada electoral en 17 estados aumentó el número de alcaldesas al pasar de 7.3 a 9.4 por ciento, aunque a decir de consultoras, la proporción sigue siendo muy baja.
El tema no quedó ahí. A pesar de que el TEPJF sentó la jurisprudencia 7/2015, los partidos aún titubean sobre la obligatoriedad de la paridad con el argumento de que este principio “no está en la ley”.
Por ejemplo, para los comicios de junio próximo el Instituto Electoral de Zacatecas aprobó un acuerdo con el que pidió que los partidos cumplan la paridad, el cual fue impugnado ante el Tribunal de Justicia Electoral local y después ante la Sala Superior del TEPJF, que apenas el pasado 3 de febrero determinó que las reglas tenían sustento constitucional.
Ante los cuestionamientos, Laura Inés López Padilla, presidenta de la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas, dice que las mujeres deben tener la oportunidad de gobernar en un municipio por la simple razón de tener los mismos derechos que los hombres.
Por eso es que afirma que la paridad, como una medida temporal, debe tener un sustento legal. “Es importante que esté en la legislación, que esté avalado por el Poder Judicial y por el Legislativo”.
La idea, apunta López Padilla, es que las militantes tengan la misma oportunidad que los varones de ser votadas, y puedan llegar a gobernar y estar donde se toman las decisiones, porque si esto se deja a la voluntad partidista “no van a llegar a ningún lado”.
Las sociólogas e investigadoras Dalia Barrera Bassols y Alejandra Massolo han destacado que en los municipios las mujeres tienen contacto más cercano con los problemas de la población, y además son los cargos de mayor reto y confrontación para la igualdad de oportunidades entre los sexos.
RIESGOS
Este año se renovarán autoridades en 965 municipios del país, de los cuales 417 (73.3 por ciento) se rigen por el sistema de usos y costumbres.
De los estados con elecciones, en BC, Chihuahua y Sinaloa existe el mandato legal de postular a las mujeres como candidatas para gobernar los municipios; pero en otros tres (Durango, Hidalgo y Oaxaca) no se contempla la paridad en ayuntamientos.
Ante la falta de uniformidad normativa y para resolver dudas, el pasado 8 de febrero el Instituto Nacional Electoral (INE) estableció criterios generales para que los partidos postulen a 50 por ciento de mujeres a cargos municipales.
Por tanto, partidos y coaliciones deben conformar su planilla para cada ayuntamiento (presidencia municipal, una o varias sindicaturas y regidurías) con la mitad de mujeres, lo que se conoce como “paridad vertical”.
También deberán postular candidatas a las alcaldías en 50 por ciento de los municipios de un estado, es decir que haya “paridad horizontal”.
En opinión de Blanca Olivia Peña Molina, consultora e integrante de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee), el acuerdo del INE fue fundamental para aclarar las dudas sobre el cumplimiento de la paridad.
En los comicios de 2015, recuerda, se ganaron sentencias a favor de la igualdad en cargos municipales, pero en otros se aplicó el criterio de “certeza jurídica”, es decir, ante el avance del proceso electoral ya no fue factible obligar al cumplimiento de la paridad.
Con la experiencia adquirida, se demostró que con más candidatas se incrementó el número de alcaldesas electas, pero donde no aplicó esa regla no se notó un aumento de la presencia femenina.
Pero Peña Molina apunta que los criterios del INE son tan sólo un acuerdo administrativo, y por tanto aún es necesario que la paridad esté en las leyes locales para que no haya retrocesos.
Incluso con esas reglas, observa la consultora, los partidos pueden impugnar el acuerdo del INE; en cambio, si ya existiera la paridad municipal en la ley sería muy difícil ir hacia atrás, pues ya existirían una norma, una jurisprudencia y un acuerdo al respecto.
Incluso en 2015 la misión de la Organización de Estados Americanos que vigiló el proceso electoral llamó al Estado mexicano a reformar la legislación, para homologar la paridad en candidaturas en todos los niveles de gobierno.
En caso de que los partidos y los institutos electorales locales acaten los criterios, se calcula que habrá al menos 485 candidatas contendiendo por una alcaldía, ya que en los estados con número impar de municipios las mujeres tienen derecho a ser mayoría.
