Chilpancingo, Guerrero.- Legitimar asesinatos en defensa propia generaría más violencia en Guerrero, advirtió el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, luego de que el día miércoles empresarios de la capital solicitaron al Congreso local hacer modificaciones al Código Penal para dar mayor alcance a los ciudadanos sobre la legítima defensa.
Consultado vía telefónica, el prelado dijo que las autoridades de los tres órdenes de gobierno “deben tomar en serio”, el garantizar la seguridad a los ciudadano, y no se debe hacer justicia de propia mano.
“Se va a generar más violencia, estamos viviendo un ambiente tan caldeado, si se van a permitir tener armas en las casas y al poderse defender mucha gente va querer tener armas en sus casas para la legítima violencia. Es mejor no tener armas porque consiente e inconsciente se utiliza y va haber más problemas”, dijo.
“Vamos a fomentar el armamentismo dentro de los hogares. Cuántos jóvenes se suicidan o cuántos niños que no saben manejar un arma ahí va estar a la mano, y va existir problemas también, con esta ley se va a dar pie a que muchos ciudadano se vayan armando”.
Ante la violencia que se vive en Guerrero, el presidente de la Confederación Patrona de la República (Coparmex) en Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos urgió al Congreso local a ampliar la legítima defensa a los ciudadanos “para que con nuestros propios medios podamos hacerle frente a la delincuencia”, expuso ayer miércoles durante un encuentro con el alcalde Marco Antonio Leyva Mena.
Sin embargo, el obispo argumentó que la violencia es resultado de la falta de oportunidades, trabajo, educación, “y eso lo llevan a delinquir”.
Dijo que nadie tiene derecho de quitarla la vida a una persona, y son las autoridades quienes deben de garantizar la seguridad.
“No nos vamos hacer nosotros justicia de propia mano, están las autoridades quien nos tiene que vigilar, cosa de voltear la tortilla y que realmente eso lo tomen enserio las autoridades”.
El día lunes el Congreso de Nuevo León aprobó modificaciones al Código Penal con lo cual los ciudadanos pueden privar de la vida a alguien en legítima defensa.
