Apolonio Návez Ramírez es un hombre de alrededor de 60 años que camina de forma discreta entre los trabajadores de la Secretaría de Salud de Guerrero (SSG), que se reunieron con el presidente de la Comisión de Gobierno, Bernardo Ortega Martínez y que a pesar de las amenazas laborales decidieron salir a las calles para exigir a las autoridades la presentación con vida de sus tres compañeros, así como de un profesionista que parecieran haber sido "tragados por la tierra" de este estado, en el que un día puede uno estar sobre ella y al otro instante desvanecerse.

Don Apolonio parece cargar una gigantesca loza que lo hermana con el movimiento que está naciendo alrededor de la desaparición de los médicos de la SSG, Marvín Hernández, Raymundo Tepeque, así como del trabajador administrativo de esta dependencia, Julio César Mejía y el profesionista Osvaldo Ortega Saucedo, de quienes se desconoce su paradero desde el pasado 19 de junio.

A unos metros de la Biblioteca Siervo de la Nación del Congreso del Estado, Apolonio Návez recuerda que el 13 de junio del 2013 su hija de 26 años, Sinaí Návez fue secuestrada cuando se dirigía a Ixcateopan, junto con sus compañeros de la Secretaría de Obras Públicas (Sedoup), Antonio Parra Ríos, y Alberto Vázquez Parra, estos últimos familiares del diputado federal, Jorge Salgado Parra.

Desde esa fecha, los tres trabajadores se encuentran desaparecidos a pesar de que en dos ocasiones se pagaron rescates a cambio de su liberación.

Návez Ramírez toma aire y con aparente calma recuerda a los reporteros que el 13 de junio del 2013 era la primera vez su hija iba a realizar un trabajo de supervisión en campo, una oportunidad que esperaba para poner en práctica sus conocimientos adquiridos en la carrera de arquitectura de la que Sinaí es graduada.

“Era su primer día de revisión con los trabajadores de la Secretaría, era la primera vez que iba y la ilusión se le acabo en ese momento”.

Apolonio Návez tiene el mismo semblante que los familiares de los jóvenes desaparecidos de la SSG, que a su vez comparte con el de los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, y que es igual al de los cientos de hombres y mujeres que buscan a su gente en alguna de las fosas de Iguala.
En sus rostros se miran ojeras de largas noches sin sueños y una mirada pérdida que espera el regreso de ese ser querido, de ese ser desaparecido.

Hoy el señor Návez manifestó que en dos ocasiones pagaron un rescate a cambio de la libertad de su hija y de los otros dos trabajadores del gobierno del estado, el primero fue por 200 mil pesos, y alrededor de un mes después del secuestro, cerca del 22 de agosto del 2013, pagaron entre las tres familias casi un millón de pesos.

Después de perdió todo contacto con los captores. Y sólo en una ocasión su esposa tuvo la oportunidad de hablar vía telefónica con Sinaí.

- ¿Qué es lo que le han dicho las autoridades?
- Pues que las investigaciones están en camino pero tenemos dos años y meses en los que todavía no hay resultados - asegura con un tono de inconformidad.

Trabajadores de la SSG: asesinados, levantados, desaparecidos…

La doctora de la Secretaría, Adriana Del Carmen Bazán mencionó después de la reunión que sostuvieron con Bernardo Ortega que en los últimos años el personal de la SSG ha sido víctima de ataques por parte de la delincuencia.

Bazán recordó que el 10 de marzo del 2012 un comando armado entró de forma violenta al Centro de Salud de la Esperanza, una comunidad enclavada en la zona serrana de Chilpancingo y asesinó al encargado de la clínica del pueblo, Abel Porras.

“El compañero Porras fue asesinado en La Esperanza hoy se nos acercaron sus familiares y nos han dicho que ni siquiera han podido cobrar su seguro de vida, de ese compañero que ya va para casi dos años que fue asesinado en su propio centro de salud”, precisó.

Así mismo destacó el caso del médico del Centro de Salud, Agustín Batalla, quien fue ejecutado en Iguala el pasado 15 de febrero.

“A él lo dejaron muerto por el rumbo de Cocula, se sabe que lo levantaron al salir del centro de salud y lo encontraron con dos disparos en la espalda”.

La espiral de violencia cobró la vida en noviembre del año pasado del médico Francisco Moctezuma, así como el chofer Imer Salado Cortés.

Fue el 10 de noviembre, cuando los trabajadores de la Secretaría trasladaron a un bebé enfermo desde el municipio de Ayutla, en la Costa Chica de Guerrero, hasta el Hospital General de Acapulco. Los cadáveres de ambos fueron localizados en un paraje de la Autopista del Sol.

La cronología cierra con la desaparición de la trabajadora del departamento de Recursos Humanos de las oficinas centrales de la SSG, Romana Hernández quien fue levantada hace dos años al salir de su trabajo.