Ciudad de México.-De nueva cuenta se presenta un caso de problemas fiscales dentro de la Liga MX y ahora son los Rojinegros del Atlas quienes están dentro de la polémica por una deficiencia legal misma que involucra la expedición de facturas falsas por un monto de 75 millones de pesos, por lo que ya estarían siendo investigados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este martes que el Club Atlas es una de las instituciones señaladas por el uso de facturas falsas a través de una empresa facturera.

En la conferencia matutina, el mandatario fue cuestionado por algunos de los clientes que tienen dichas compañías factureras, y respondió con un "sí" tras escuchar el nombre de Atlas, agregrando a la Cámara de Diputados, la UNAM, Radio y TV Hidalgo, partidos, periodistas, funcionarios públicos, gobiernos, y aseguró que "todos van a ser requeridos".

De acuerdo con información de El Informador, la empresa Suministros y Servicios Alfam tuvo en 2015 como único cliente a los rojinegros, cuando aún era propiedad de Grupo Salinas, y expidió comprobantes por más de 75 millones de pesos.

Asimismo, AMLO informó que se persigue penalmente a 43 empresas factureras que desde 2010 defraudaron 55,125 millones de pesos al fisco mediante un sistema de facturas falsas para evadir impuestos.

"Esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaron funcionarios públicos y les diría que algunos empresarios", expresó el presidente.

Por su parte, Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), detalló que la demanda afecta a 43 empresas relacionadas entre sí que hicieron facturas falsas a 8,212 contribuyentes.

Se analizaron 22 millones de facturas por actividades que jamás se realizaron y que permitieron a dichos contribuyentes evadir unos 43,729 millones de pesos de impuesto sobre la renta (ISR) y 11,396 millones de pesos de IVA.

"Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Lo que hacen es aumentar con gastos falsos los gastos de la empresa para disminuir sus utilidades y el pago de impuestos", explicó Buenrostro.

Además de perseguir penalmente a las 43 empresas factureras, el Gobierno dará un plazo de tres meses a los 8,212 contribuyentes beneficiados por estas factures para que regularicen sus actividades o también serán denunciados.