Por: Carmen R. Ponce Meléndez
Economista especializada en temas de género
Este miércoles 17 de febrero el gobierno federal anunció un ajuste al gasto público federal para 2016 por un monto de 132.3 mil millones de pesos (mdp), significa el 0.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Implica una reducción de 32.3 mil mdp para el gobierno federal y 100 mil mdp para la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex). La reducción se concentra en 60 por ciento en gasto corriente, y según Hacienda no afecta al gasto social y al de seguridad; para la Comisión Federal de Electricidad el ajuste será de 2 mil 500 mdp.
Por su parte, el Banco de México (Banxico) anunció que la tasa de interés (el precio del dinero) aumentaba de 3.25 a 3.75 por ciento.
La otra medida de política cambiaria es que la Comisión de Cambios decide suspender a partir de este anuncio los mecanismos vigentes de venta de dólares, debido a que el proceso de depreciación del peso no corresponde a la realidad económica del país.
La Comisión de Cambios es el órgano encargado de la política cambiaria en el país, y está integrada por tres representantes del Banxico y tres representantes de la Secretaría de Hacienda.
Según Banxico, hacia delante esta Comisión no descarta la posibilidad de intervenir discrecionalmente en el mercado cambiario en caso de que se presenten condiciones excepcionales en el mismo.
Al mes de febrero de este año se han subastado 28 mil 277 millones de dólares, sin que se vieran resultados.
¿A qué se deben estas medidas y cuáles son sus efectos?
La reducción del gasto básicamente tiene que ver con la disminución que en los ingresos públicos provocan el desplome de los precios del petróleo y la depreciación del peso, que implica más gasto.
En esta columna ya se había advertido sobre estas inminentes posibilidades (“Cuesta de enero”, 19 de enero de 2016). Sin ingreso no se puede tener gasto, a menos de que se recurra a la deuda.
Por otra parte, las presiones sobre la inflación que provoca la depreciación de la moneda nacional eran y son muy fuertes. Basta revisar el Índice de Precios al Productor para darse cuenta, por eso el aumento en la tasa de interés, adelantándose a la Fed (Reserva Federal de Estados Unidos), que posiblemente anuncie un nuevo aumento en la tasa de interés para el mes de marzo.
La desagregación del ajuste en el gasto público es revelador y preocupante si se afecta el gasto social. Es el caso de las reducciones en el sector salud y en educación.
En salud (de por sí recortado) se ajustan 2 mil 562.6 mdp, de los cuales 500 mil corresponden al ISSSTE; sin duda esto afecta negativamente los servicios de salud ya de suyos deficientes.
Para educación, el monto es de 3 mil 660.2 mdp menos, afectando a la educación media superior y superior con mil mdp, así como al programa de becas.
Otros programas sensiblemente afectados son: Programa para el Desarrollo Profesional Docente y el de la Reforma Educativa.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) verá reducido su gasto en 12 mil 254.1 mdp. Implica menos carreteras, en general menos obras de infraestructura, tan necesaria; además la cancelación de mil 400 plazas.
El costo social y económico de este recorte en la SCT es muy alto: desempleo, menor empleo (directo e indirecto), y por supuesto menor desarrollo.
Además se cancelan proyectos como la ampliación de la Línea A del Metro, tan importante para la población del Estado de México y de la zona conurbada de la Ciudad de México. Y la reducción que experimentará Pemex conlleva despidos de personal.
En suma, el costo central es un menor crecimiento económico que ahora se estima será de 2.0 por ciento para este año y no de 3.0 como se había previsto. De nuevo se sacrifica el desarrollo del país; habrá desempleo y se generarán menos empleos, de tal forma que las posibilidades de que mejoren los salarios son muy limitadas.
Tampoco es un hecho que estas medidas anunciadas sean totalmente efectivas y se controle la inflación, o el valor de la moneda nacional vuelva a los niveles que tenía en 2014.
El precio del petróleo seguirá siendo bajo y no hay indicios de una reforma fiscal que grave al capital para obtener más ingresos que permitan crecer.
