El Grupo Parlamentario Popular sacó adelante el pasado martes 7 de julio, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, la reforma parcial de la ley del aborto por la que las jóvenes de 16 y 17 años de edad deberán tener consentimiento paterno o materno para interrumpir el embarazo.
Dos diputadas –Eva Durán y Lourdes Méndez Monasterio– y el diputado Antonio Gutiérrez Molina, que no respaldaron la reforma en el primer trámite, “no asistieron” a la votación.
La propuesta de reforma no ha sufrido modificaciones desde que el Grupo Parlamentario Popular la presentó el pasado mes de abril.
Se trata de modificar tanto la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en su artículo 13.4, como la Ley de Autonomía del Paciente, para convertir de nuevo el aborto en una de las tres excepciones de tratamiento médico en que las jóvenes de 16 y 17 años necesitan el consentimiento de sus padres, madres o tutoras, junto a las técnicas de reproducción asistida y los ensayos clínicos.
Durante la sesión de ese martes se rechazaron todas las enmiendas que había planteado el resto de los grupos parlamentarios.
En el caso de UPN, pretendía corregir la reforma ampliando las restricciones al aborto, mientras que Izquierda Plural o ERC, buscaban con sus enmiendas avanzar en la eliminación de las que ya existen. El PSOE, PNV y UPyD habían presentado propuestas de supresión de toda la iniciativa “popular” por entender que la ley debe quedarse como está.
La idea es que el texto sea aprobado en el pleno del Congreso de la próxima semana para su remisión al Senado. Allí se espera que no sufra modificaciones, de manera que pueda aprobarse definitivamente cuando se inicie en septiembre próximo el periodo de sesiones y publicarse en el Boletín Oficial del Estado, para entrar en vigor antes de que comience octubre.
Después de que el gobierno retirara la conocida como “Ley Gallardón” –que llevó a la dimisión del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón–, lo lógico es que no hubiera modificaciones en la ley actual, y encima acabando la Legislatura.
Además, no es necesaria, teniendo en cuenta que la cifra de mujeres de 16 y 17 años que accedieron a una IVE es de 3.60 por ciento y, de ellas, tan sólo 12.38 por ciento no pudieron informar a sus padres, madres o personas tutoras: un 0.44 por ciento del total de abortos (108 mil 690), es decir entre 400 y 500 menores de edad.
Casi el 90 por ciento de las menores de edad informaron y fueron a las clínicas acompañadas por sus tutores legales a interrumpir su gestación.
Con la aprobación de esta reforma, las menores de 18 años, sin pedir permiso a sus padres, madres o tutores, podrán trabajar, sacar la licencia de conducir, tener relaciones sexuales e incluso casarse (si solicitan la emancipación) con adultos, tener responsabilidad ante la justicia, utilizar un arma de caza o deportiva, dar el consentimiento para cualquier operación quirúrgica, pero no abortar.
