Tlapa, Guerrero.- Con la identificación de los restos que pertenecen a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre marca el inicio una nueva ruta en las investigaciones en el caso Ayotzinapa: una investigación que sigue abierta, contrario a lo que hizo la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto.

“Las madres y los padres tienen claro que el hecho de que este hallazgo identificado lo hayan encontrado en otro lugar muestra que fue falsa la versión oficial, que concentraba la versión del paradero de los estudiantes en el basurero de Cocula, elemento insuficiente en lo que se le llamó la “verdad histórica”, señalaron las organizaciones de derechos humanos que acompañan a las madres y padres de los 43, después de reunirse con el presidente de México.

En la conferencia de prensa que ofrecieron a los medios de comunicación, Vidulfo Rosales del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en síntesis, abordó lo que las madres y los padres de familia de Ayotzinapa plantearon en la reunión con Andrés López Obrador, presidente de México, no sin antes resaltar que había un compromiso, desde el mes de enero de 2020 “que cada mes se haría una reunión, pero se suspendieron por la contingencia sanitaria decretada por el coronavirus”.

El abogado de los Padres de los normalistas desaparecidos dijo además que: “ hoy se retomó de nueva cuenta. La reunión tiene lugar en un contexto donde el caso tiene sendos movimientos y avances: la identificación de los restos de un Normalista desaparecido, órdenes de aprehensión que ha librado la Fiscalía General de la República, algunas de ellas contra funcionarios de alto nivel y la detención de José Ángel Casarrubias.

La identificación ha sido recibida por todos las madres y padres de familia, pero principalmente por don Clemente y doña Luz María con mucho dolor, pero se ofrece una porción de verdad necesaria para ellos, resta ahora continuar las investigaciones para sancionar a los responsables materiales e intelectuales”.

En la reunión con el presidente de México estuvo presente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía General de la República, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense.

“El hallazgo viene a marcar una ruta diferente en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Más allá del debate sobre si se terminó la verdad histórica. Hoy día podemos decir que tenemos la certeza que se está investigando y buscando el paradero de los estudiantes en distintos puntos de municipios aledaños a Iguala. Contrario al gobierno anterior que con la verdad histórica se negó a continuar investigando y buscando”, dijo el abogado Vidulfo Rosales Sierra. Sin embargo, es solo el inicio de una nueva ruta.

Falta dilucidar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habría ocurrido la agresión. Ahora no se puede adelantar ninguna tesis ni teoría de caso hasta que se avance en las investigaciones. Las madres y los padres de familia tienen una esperanza en esta nueva investigación. Hay voluntad del gobierno actual de buscar a sus hijos. Eso no hizo el régimen anterior. Se perdieron cuatro años de investigación, el caso no tuvo avances. La verdad histórica fue un mecanismo para ocultar la verdad y el paradero de los estudiantes”, sentenció Vidulfo Rosales.

Por su parte, Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, comentó en voz de las madres y los padres, quienes expresaron ante el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “que el hallazgo cuya identificación genética se dio a conocer recientemente viene a confirmar que la verdad oficial que se les presentó antes era una mentira”.

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La verdad histórica: un mecanismo para truncar la investigación y ocultar la verdad sobre el paradero de los 43

El abogado enfatizó que “La verdad histórica es un tema del pasado. Las madres y padres de familia en su momento denunciaron esa mentira de que sus hijos habían sido llevados al basurero de Cocula como aseguraban las autoridades. Sepultada ya estaba desde que se evidenció por el Grupo de Expertos Independientes (GIEI), después por la oficina de la ONU en México y por el propio Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), prácticamente cualquier instancia que ha realizado una investigación le han señalado sus vicio, irregularidades e inconsistencias”.

Santiago Aguirre dijo: “que las madres y los padres de familia han cuestionado la verdad histórica. De igual forma otras instancias como el GIEI, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la oficina de la Alta Comisionada en México y el Poder Judicial de la Federación han establecido sendas inconsistencias de la verdad histórica. Desde entonces la verdad histórica ya venía, en realidad, evidenciada en sus realidades y debilidades, pero es real que no se había dado con el paradero de alguna víctima y en ese sentido este hallazgo marca un punto inflexión”.

“Uno de los efectos de la verdad histórica es justamente que al dar esa conclusión sin sustento científico ni fáctico lo que hizo la Fiscalía y el gobierno anterior es dejar de buscar y de investigar. Todas las líneas de investigación se pararon, fueron los padres de familia y la defensa quienes tuvimos que luchar para que medio se lograran delinear y bifurcar algunas líneas de investigación, las cuales habrían sido retomadas por este gobierno, expresó por su parte Vidulfo Rosales.

En la reunión con el presidente de México también se abordó el tema de la corrupción. Las madres y los padres fueron muy vehemente y muy claros en decir que se encontraban consternados de los audios que dan cuenta de presuntos actos de corrupción, de acreditarse serían una prueba de cohecho en favor de un presunto responsable relacionado con el delito de la desaparición de sus hijos. “Nuestra sensación es que el representante del Consejo de la Judicatura escuchó el extrañamiento y la indignación de las madres y los padres, comprometiéndose a realizar una investigación pronta e independiente al respecto” (Santiago Aguirre).

Se les engañó sobre paradero de sus hijos, así como a otras familias y a México en su conjunto cuando se dijo que la desaparición de los 43 jóvenes sólo era obra de una organización criminal de alcance municipal, cuando en realidad contaba con una red de colusión con autoridades, Estatales, Federales, con capacidad de desplegar actividades de trasiego de droga a Estados Unidos, por tanto, debe terminarse de deslindar la responsabilidad de esos otros actores que no han sido llevados ante la justicia. Las madres fueron claras en decir que cuando se declare penalmente de individuos de otras corporaciones estatales y federales y estén rindiendo cuentan ante la justicia, sólo entonces, se tendría que hablar que se ha roto el pacto de impunidad.

El gobierno pasado encubrió la desaparición forzada y manipuló la investigación para dar un cierre precipitado por presiones políticas que no dependieron de la prueba técnica y que recurrieron a la violación de derechos humanos, obteniendo declaraciones bajo tortura. Las madres y padres insistieron que es preferible avanzar paso a paso con la verdad que una mentira que precipite resultados. Prefieren la certeza que hay de esta investigación que la presentación de un resultado que por dar respuesta a los reclamos no estuviera sustentado en evidencia científica, en su intervención Santiago Aguirre.

Las madres y los padres hicieron hincapié de que las investigaciones y la búsqueda de sus hijos debe continuar hasta dilucidar a cabalidad el paradero de todos y cada uno de ellos. Que se tienen que detener a los responsables intelectuales y materiales de los hechos ocurridos en Iguala, esto fue refrendado por el presidente de la república, así como el compromiso que se está iniciando una nueva ruta de investigación, el compromiso expreso de que no va haber impunidad y que se va actuar contra todos los responsables. La próxima reunión que tendrá ocasión dentro de un mes es el día 7 de agosto de 2020, a las 10:00 de la mañana.