Chilpancingo, Guerrero.- La crisis de violencia que padece actualmente Guerrero se generó porque la pasada administración, encabezada por el PRD, entregó “un estado convulso” y con un “debilitamiento de las instituciones”, reconoció la propia coordinadora de la fracción parlamentaria del sol azteca en el Congreso de Guerrero, Erika Alcaraz Sosa.
Durante el debate que se generó en la sesión ordinaria de ayer por el asesinato del secretario general del PRD, Demetrio Saldivar Gómez, la legisladora perredista manifestó, de manera sorpresiva, que el problema de inseguridad no es responsabilidad del gobierno de Héctor Astudillo Flores.
“Tenemos que reconocer que el actual gobernador, Héctor Astudillo Flores recibió un estado convulso, propiciado por la abrupta interrupción de un mandato gubernamental y el consecuente debilitamiento de nuestras instituciones”, expresó en tribuna.
Erika Alcaraz, la llamada Barbi-diputada ha sido ligada con Bernardo Ortega, hijo de Celso Ortega, acusado de ser líder de los Ardillos.
En su intervención de ayer, la legisladora aseguró que el gobernador ha tenido que “remar contra corriente”, por ello solicitó hacer un pacto de responsabilidad y dejar a un lado las críticas.
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Contrario a lo que expusieron sus compañeros, dijo que desacreditar a un gobierno como el de Héctor Astudillo, por ser de un partido en el que no se milita, “nos lleva al caos al desorden e inestabilidad política y social”
Alcaraz Sosa indicó que “utilizar la diatriba y descalificar” no ayuda a la gobernabilidad política en Guerrero, “la inseguridad y la muerte toca a todos los días, algunos nos sentimos orgullosos de discusiones estériles que poco abona a echar culpas al gobierno”.
La legisladora hizo un llamado a la responsabilidad y la congruencia para no “alimentar la irresponsabilidad, en una de las peores crisis de inseguridad en el estado”.
Finalmente expresó que la violencia no es un problema político, ni de partidos, sino “un asunto de inseguridad que corresponde a todos, y desde nuestra trinchera, contribuir a que se resuelva, pero para eso necesitamos la voluntad política del Ejecutivo del Estado, porque de nada sirve la elaboración de buenas leyes cuando quien las ejecuta tiene otra visión, otros compromisos con grupos políticos y no con la sociedad”.
