Guerrero.– Tres adultos mayores enfermos están siendo sometidos a una tortura judicial por la fiscalía de Guerrero y un magistrado corrupto e imbécil, cuyo razonamiento cerrado y prejuicioso lo llevó a revocar un auto de libertad que un juez les había otorgado a estos ancianos, acusados con obvias y evidentes falsedades.
La historia que aquí se relata ocurre en Acapulco y la protagonizan un magistrado ya denunciado ante la Judicatura local de nombre Edmundo Román Pinzón. Este eterno y multimillonario magistrado, tiene una larga cola de pendientes. Lo acompañan en esta chacalada funcionarios de la fiscalía local, descerebrados, que nunca buscan el esclarecimiento de la verdad, sino la invención de culpables.
El tema es un fraude procesal. Sucede que tres chacales de nombre Leobardo Vargas Salazar, Glafira Vargas Salmerón y Antonio Lenin Camacho Méndez, pretendieron apropiarse de una extensa área verde del Multifamiliar Juan N. Álvarez, ubicado entre las calles 18 de marzo y Sonora de la colonia Progreso, en Acapulco. Así muchos defraudadores se hicieron de terrenos en este destino turístico.
El área verde fue usada como beneficio colectivo por más de 60 años. Sin embargo, en el año 2016, los tres chacales mencionados, se presentaron con documentos falsificados como “propietarios” de esa área convertida en espacio deportivo.
Ancianos acusados
Entonces, con esos papeles falsos acusan por el delito de “despojo” a tres vecinos del Multifamiliar: María Isolda Alonso Castro, Luis Armando Martínez Pérez y Julián Aguirre Orbe, los tres son personas de la tercera edad y con evidentes problemas de salud.
Rauda y veloz, sin investigar si los papeles con los que esos pillos se acreditan y presentan la denuncia, son legítimos, la Fiscalía anterior (la de Héctor Astudillo), procesa penalmente, de ipso facto, a los tres ancianos. Desde el año 2016 a la fecha, la fiscalía los ha sometido a una tortura penal con el apoyo de jueces y un magistrado corruptos.
La actual fiscalía de Sandra Luz Valdovinos y del vicefiscal Ramón Ayala, han hecho suyos esta infamia y brutalidad judicial. Lo mínimo que se espera de ellos es un acto de honestidad y de restitución de la justicia.
Para ayudar a los tres ancianos acusados, los vecinos tuvieron que hacer la investigación que no hizo la fiscalía y descubren que las supuestas escrituras son falsas y acusan a los tres chacales de fraude procesal.
Solo así, cuando los vecinos hacen la chamba, el ministerio público procede en contra de los defraudadores. En consecuencia, la defensa pide al juez que libere a los ancianos acusados con falsedades. El juez otorga entonces un incidente de libertad.
Pero lo realmente estúpido es lo que sigue ahora:
A pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE), constató la existencia de hechos que son constitutivos de fraude procesal, falsedad de declaraciones ante la autoridad y los que resulten en contra de los chacales: Leobardo Vargas Salazar, Glafira Vargas Salmerón y Antonio Lenin Camacho Méndez, quienes actuaron con dolo presentando declaraciones y “pruebas” falsas, como la escritura pública 50036-Bis de la Notaría Pública Número 2, del Distrito Notarial de Tabares, de fecha 8 de septiembre de 1986, a cargo en ese entonces de Julio García Estrada, pero que resultó falsa, el ministerio público, apeló oficiosamente el auto de libertad otorgado a los ancianos por el juez, en un acto absurdo y contradictorio, carente de todo sentido común, sin razonar, dado que ya había confirmado que las “pruebas” en contra de los ancianos eran falsas y de que ya había abierto carpeta judicial por fraude procesal contra los chacales.
Lo que debió haber hecho la fiscalía era abstenerse de acusar falsamente a los ancianos y solicitar el sobreseimiento, pues ya no había nada que investigar, pues las “pruebas” eran falsas, alteradas, y las declaraciones también falsas. El hecho del que se acusaba a los ancianos nunca existió, el caso era atípico, pero en la fiscalía ninguna inteligencia se dio cuenta y los pobres viejos siguen sufriendo.
Para acabar de joder a los viejos, la estúpida apelación del ministerio público recayó en manos del magistrado Edmundo Román Pinzón, un tipo corrupto y prejuicioso, quien sin respetar la presunción de inocencia, ni aplicar jurisprudencia equitativa, revocó el auto de libertad oficiosamente, por puro capricho, pues en su mente enferma supone que el ministerio público siempre tiene razón. El grave daño que este mediocre servidor público causó a los ancianos debería pagarlo.
El multimillonario Román Pinzón hace tiempo debió ser retirado de ese encargo que dañinamente ostenta, pero la brutal corrupción en el Poder Judicial y los gobernadores también corruptos, lo han sostenido.
Pruebas de descargo sólidas
Para defender a los ancianos, falsamente acusados, los condóminos presentan un Informe de fecha 14 de octubre del año 2019, del Titular de la Unidad Jurídica en la Delegación del ISSSTE-Guerrero, Crescencio Calleja Campos, donde asienta que: no se encontró antecedente alguno de que ese Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; haya vendido o comprado el predio en disputa, lo anterior en el oficio número UJ/1460/2020.
Los colonos también exhiben al estúpido magistrado el Informe de fecha 26 de octubre del año 2020, del licenciado Pedro Borja Albino, Director General de Asuntos Jurídicos del Departamento de Vigilancia al Ejercicio del Notariado, donde asienta textualmente que “solo existe la escritura pública 50036, volumen 456, de fecha 9 de septiembre del año 1986, donde se asienta un contrato de compra-venta distinto, entre Sergio Chávez Torres, como vendedor y Galdino Lozano Santos, como comprador.
Declaraciones falsas
Con ese oficio, los condóminos demuestran a la autoridad judicial que Antonio Lenin Camacho Méndez, declaró falsamente haber vendido ese predio a la tal Glafira y a Leobardo Vargas Salazar.
También se demuestra que la supuesta escritura pública número 50036-Bis, asentada en el volumen 442, a fojas 291 a 299; que mencionó el imputado Antonio Lenin, es falsa, ya que fue sobrepuesta encima de una escritura que fue borrada con anterioridad, dejando evidencia de ello.
Dado todo ese cumulo de evidencias que el Poder Judicial no quiere ver, los condóminos exigen que se aplique la ley a los chacales Leobardo Vargas Salazar, Glafira Vargas Salmerón, Antonio Lenin Camacho Méndez, Iván Sánchez Lozano y Pablo Candelario Emigdio, y se deje en absoluta libertad a los ancianos, acusados con falsedades y torturados por la estulticia del magistrado Edmundo Román Pinzón, y la incapacidad mental de la fiscalía de Guerrero.
Colofón
La estupidez y la falta de sentido común en el Poder Judicial de Guerrero, supera cualquier media nacional. El Tribunal Superior de Justicia estatal es un órgano generador de injusticias y de corrupción. Jueces y magistrados tienen lleno de familiares, impreperadas y mediocres, todas las áreas de esa institución: ahí están los hijos, los sobrinos, las amantes, los tíos y tías y hasta la comadre que no pudieron colocar en otra parte, fungiendo como secretarias, auxiliares, titulares, y demás etcétera, echando a perder la vida de quienes tienen la desgracia de caer ahí.
Por eso resulta una grave insensatez que la titular del Conavim, Fabiola Alanís, le pida al presidente de ese Tribunal, Raymundo Casarrubias Vázquez, que aplique sentencias con perspectiva de género, eso significa en la mente obtusa y prejuiciosa de las y los magistrados de Guerrero, repartir sentencias sin respetar el principio de equidad, ni el mínimo razonamiento lógico.
