Chilpancingo, Guerrero.- La justicia transicional, que son medidas judiciales y políticas, por parte de organizaciones e instancias internacionales es la forma de acceder a la justicia en México ante delitos de desaparición forzada, señaló el investigador de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos de América, Edgardo Buscaglia.

Sin embargo, alertó que México no cuenta con el respaldo de la  Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el tema de desaparición forzada,  porque no actúa como otros, lo que “es un cero a la izquierda en México”.

Durante una participación -vía internet- en el foro “Por la presentación con vida de los desaparecidos, entre el dolor y la esperanza”,  que se llevó a cabo este día en el Congreso local, el investigador señaló que en un Estado fallido, como el de México, sólo se puede tener acceso a la justicia a través del apoyo económico y técnico de organismos internacionales.

“La justica transicional  está formada por miembros de comisiones de la verdad que se establecen, no a través del estado, no a través del Senado, o comisiones bendecidas por los Pinos, estas comisiones van centralizando los testimonios, la evidencia y va condensando en un archivo,  que después se puede canalizar a instancias supranacionales, como la Corte Penal, o la Corte Interamericana”, explicó.

Destacó que este tipo de acciones han generado resultados en países como Argentina, Colombia o Camboya, en donde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado soporte, sin embargo, en México la situación cambia.

“Porque temas de que el Estado mexicano le pone mucho dinero a la ONU, por temas de que cada vez que agencias de la ONU quiere hablar de este tema se le suprime con contratos, amigos (…) la ONU se pronuncia cuando ya es muy tarde, declara que hay mucha delincuencia organizada después de que la delincuencia organizada hizo desaparecer a 27 mil personas, hay una demora de  la ONU en apoyar este problema”, comentó.

Por lo que ante ese escenario, recomendó a los familiares de víctimas de desaparición forzada que requieren tener el control, y no se dejarse representar por organizaciones civiles, las cuales, acusó, en muchas ocasiones reciben contratos del Estado, lucrando con la situación de las víctimas.

Explicó que una vez organizados de manera independiente, deben reunir las pruebas y testimonios sobre los diferentes casos de desaparición forzada y buscar apoyo de organizaciones como Open Society, Amnistía Internacional o Human Rights Watch, para el soporte económico y técnico, y así poder acceder a cortes internacionales.

“Ustedes no van a salir de esta pesadilla sin mecanismo de justicia transicional, lo cual no quiere decir que supla al Estado, al Estado hay que limpiarlo a través de la justicia transicional, para que algún día la justicia del Estado funcione, porque nosotros no podemos vivir sin Estado, el Estado es de ustedes, el gobierno es el mafioso”, expresó.

Señaló que la sociedad mexicana ha despertado, sin embargo, se ha limitado a protestas, y no ha aprendido a auditar las acciones de gobierno, o el sistema electoral, ni a hacer boicots colectivos para afectar al poder económico nacional, y con ello ejercer presión al Estado  para que garantice el derecho a la justicia.

Consideró que la única forma de que las comisiones de la verdad para crear el sistema de justicia transicional funcionen, es con la presión internacional, y la presión “de abajo hacia arriba” causando afectaciones al poder económico de un país.

Consideró que la motivación de la desaparición forzada ha cambiado en México desde la década de los 70´s a la fecha, pues hasta los 90´s eran de carácter político, y ahora se fundamentan en lo económico, “sin que lo político haya dejado de existir”.

Dijo que una de las diferencias es que entre 1960 y 1990 las desapariciones forzadas eran centralizadas desde “el poder de Los Pinos”, funcionando como una junta militar similar a Chile o Argentina, y ahora, los gobiernos actual de manera fragmentada.

“Cada señor feudal, como Duarte, en Veracruz, o el de Tamaulipas o el Chiapas, o como el  alcalde de Iguala (José Luis Abarca) ellos planean sus propias desapariciones sin permiso de Los Pinos, no hay control de desapariciones forzadas como había en décadas pasadas, entonces, hay una grave diferencia en la naturaleza de la las investigaciones”, señaló.