México.- El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer el contenido de la carpeta de investigación iniciada en su contra por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, informó su abogado Alonso Aguilar Zínzer.
El litigante agregó que la FGR giró un citatorio a su cliente, por lo que García Cabeza de Vaca compareció el pasado 22 de marzo en las instalaciones de la propia Fiscalía. De esta manera, el gobernador de Tamaulipas se enteró que su situación jurídica es la de indiciado, por lo que su defensa se declaró lista para demostrar su inocencia.
El abogado Alonso Aguilar explicó que el juicio de amparo promovido por la defensa del gobernador de Tamaulipas está relacionado con el acceso a la carpeta de investigación, misma a la que ya tuvieron acceso.
Por otra parte, la Jueza Décimo Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, Rosa María Cervantes Mejía, negó de manera provisional la posibilidad de ordenar a la FGR que suspenda la acción penal contra el mandatario tamaulipeco, por considerar que se trata de una medida cautelar que se anticipaba a la calidad jurídica de García Cabeza de Vaca.
Sin embargo, esta suspensión no exime a la Fiscalía de esperar al resultado del proceso de desafuero que se le sigue al gobernador de Tamaulipas, ya que sólo podría ejercer acción penal en su contra en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el juicio de procedencia en contra del mandatario panista.
“Conceder la suspensión pedida para el efecto solicitado sin tener la certeza que el promovente de amparo tiene el carácter de imputado en la carpeta de mérito, puede implicar una violación a disposiciones de orden público, como son la secrecía de la investigación y los registros que obran en la indagatoria, los cuales deben permanecer en resguardo como lo dispone el primer párrafo del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, señala un extracto de la resolución.
La impartidora de justicia agregó que frenar la acción penal en este caso, podría afectar el interés social, por lo que resolvió negar la suspensión solicitada por la defensa.
