México.- El Pleno cameral dio declaratoria de publicidad, al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforman los artículos 108 y 111 de la Constitución Política, en materia de fuero.
El documento modifica el segundo párrafo del artículo 108 para establecer que durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano común.
Que es la Declaratoria de Publicidad
Pronunciamiento formal que hace el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ante el Pleno para informar que se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria un dictamen de ley el cual será dado a conocer para ser sometido a discusión y votación en sesiones posteriores. Se entiende como sinónimo de “Dictamen de primera lectura”. En la práctica parlamentaria el término suele ser utilizado sólo en la Cámara de Diputados.
Se contempla la aplicación de esta figura para los casos en que las comisiones no emitan dictamen en los plazos establecidos por su normatividad interna: 45 días para asuntos en general, iniciativas y minutas de leyes secundarias; y 90 días para reformas constitucionales. En caso de que las comisiones hayan solicitado una prórroga y tampoco emitieran la resolución en el plazo prorrogado, se consideraría cerrada dicha etapa y el Presidente de la Mesa Directiva tendría que formular la Declaratoria de publicidad, a más tardar, dos sesiones ordinarias después de que el plazo para presentar el dictamen haya vencido.
En la reforma al cuarto párrafo del artículo 111 de la Constitución se cita que para proceder penalmente contra el Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, esa instancia legislativa resolverá con base en la legislación penal aplicable.
En este sentido, la reforma tiene el propósito de avanzar gradualmente en México a favor de la eliminación del fuero de los servidores públicos y de quienes lo ostentan, a fin de contribuir a desparecer esa brecha entre inmunidad e impunidad, dada sobre todo por los altos grados de corrupción en el país.
Este tema encuentra su fundamento en la pluralidad de voces que se han manifestado en favor de la eliminación del fuero. Tal ha sido el caso del propio Presidente, legisladoras y legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y diversos legisladores independientes, de la presente y pasadas legislaturas, señala el dictamen.
También considera opiniones de sectores de la sociedad que demandan justicia por los abusos y arbitrariedades de aquellos servidores públicos que gozan de fuero e inmunidad procesal penal.
La Comisión de Puntos Constitucionales puntualizó en el dictamen que la figura de la “inmunidad” es conocida en el régimen jurídico como “fuero constitucional”, connotación arraigada en el ámbito jurídico y social, relacionándola con un conjunto de privilegios de aquellas personas que tienen un cargo público, sea de elección o por designación, legisladores y funcionarios del gobierno del más alto nivel y que por esto tienen una posición privilegiada y con beneficios.
Sin embargo, al correr de los años se ha observado un abuso de la figura del fuero, pasó a ser entendida como inmunidad absoluta, generó numerosas situaciones de impunidad que han derivado en múltiples cuestionamientos desde los diferentes sectores sociales, consideró.
No obstante, y para evitar la anarquía, se establece un mecanismo de control legislativo “que evite acusaciones temerarias, pues éstas se tendrán que procesar ante el Senado de la República con las garantías de ley y, en caso de así determinarlo, ponerlo a disposición de las autoridades competentes mediante los procesos penales establecidos”.
Por ello, la reforma constitucional pretende dar un paso hacia la eliminación del fuero de los altos servidores públicos, concretamente del Presidente de la República, de modo que constituya un mecanismo que en los hechos desestimule la impunidad, pero sin que ello favorezca la persecución política del servidor público ni impacte en la estabilidad de la función que desempeña.
La Comisión dictaminadora destaca en el documento que el fuero ya no puede ser considerado durante más tiempo como un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos, pues las responsabilidades que deben cumplir no pueden ser omitidas, aun durante el periodo que dure su encargo. La principal razón es que no se debe continuar salvaguardando al servidor público, con la excusa de que lo que se protege es el cargo o que se pretenden evitar eventuales acusaciones sin fundamento”.
