México.- Hace cuatro meses, en el Senado de un país donde la guerra contra el narcotráfico ha dejado más de 250,000 muertos en poco más de una década, un empresario canadiense dedicado al negocio del cannabis dijo ante los congresistas: “Su localización en el mundo es perfecta, sus costos laborales son perfectos, su clima es perfecto (…) Dejen que las empresas privadas expandan sus negocios, que hagan lo que saben hacer”. Las palabras de Erick Factor, fundador de MYM Nutraceuticals, dejaban claro el giro en el debate sobre las drogas y también los intereses en juego detrás del proyecto para la legalización total del cannabis en México. El país podría convertirse en los próximos meses en el mayor mercado de marihuana legal en el mundo. Y nadie se quiere quedar fuera.
Desde hace meses, los ojos de los grandes nombres en el negocio del cannabis están puestos en el Senado mexicano. Algunas empresas tienen cabilderos que recorren los pasillos de la Cámara alta con la esperanza de quedarse con una tajada de un negocio multimillonario. Algunos ya han hablado con un político de alto perfil para que sea el sherpa que los guíe hacia la tierra prometida. Otros grupos revisan con lupa los requisitos para los pequeños productores en una industria que parecía inimaginable hace unos años. Varios inversores extranjeros siguen el proceso paso a paso, sobre todo de Canadá, el primer país que legalizó el cannabis recreativo y el que tiene la industria cannábica más grande del mercado mundial.
Pero mientras unos siguen el dinero, otros miran con suspicacia. Organizaciones civiles advierten de que una ley a la medida de los grandes capitales esfumaría la posibilidad de incorporar a pequeños productores y campesinos al mercado legal, y de pagar una deuda histórica por una política prohibicionista que ha matado más que las propias drogas. “Tal como está ahora, la propuesta de ley privilegia a las empresas extranjeras porque necesitarías una inversión multimillonaria para entrar a ese mercado”, afirma Zara Snapp, fundadora del Instituto RIA, dedicado a la investigación de políticas públicas. “Es preocupante, no queremos otra industria extractiva que explote los recursos y se lleve los beneficios”, agrega.
En 2018, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales cinco artículos de la Ley General de Salud que prohibían el consumo de cannabis con fines recreativos y dio un plazo de un año al Legislativo para que creara una nueva regulación. Morena âel partido en el Gobierno tras las elecciones de ese añoâ, y la oposición vieron el fallo como una oportunidad para impulsar una ley exhaustiva, que convertiría a México en el tercer país del mundo en legalizar por completo la marihuana. Pero el plazo venció en octubre pasado sin que los legisladores se pusieran de acuerdo para emitir la ley, criticada por poner barreras de entrada infranqueables para los pequeños productores.
Ricardo Monreal, el hombre fuerte de Morena en el Senado, achacó el atolladero a la falta de consenso y a la influencia de grupos de presión. “Es impresionante la cantidad de cabilderos que están por aquí”, dijo. La Suprema Corte concedió una prórroga que termina en abril y el Senado, que inició sesiones el sábado pasado, ya apura un proyecto de ley para que se discuta en el pleno. Mientras tanto, los actores involucrados permanecen en vilo.
“México es definitivamente muy interesante, el próximo gran acontecimiento para muchos empresarios del cannabis”, señala en entrevista Factor, el empresario que participó en un foro del Senado en octubre pasado. Factor dice que el escepticismo es comprensible, pero que hay oportunidades de negocio justas para todos los involucrados. “No calificaría mi visita como lobbying, se trató más bien de compartir la experiencia y el know how de nuestro país para dar claridad a los legisladores mexicanos”, asegura.
“En México hay una oportunidad única de contar con una legislación amplia que aborde el tema del cannabis desde su producción hasta su comercialización”, afirma Canopy Growth, la empresa canadiense más grande del sector en términos de capitalización del mercado, por correo electrónico. “Estamos siguiendo con interés el desarrollo de la legislación y regulación en México”, dice la compañía, pero insiste en que “aún es muy prematuro” cualquier análisis del nuevo marco legal. Canopy, inscrita en el padrón de cabilderos del Senado, evita pronunciarse sobre las críticas y sobre lo que ha discutido con los legisladores mexicanos.
La industria de Canadá ve en México un mercado potencial de 2.250 millones de dólares que dependerá en gran medida de que se libere la marihuana para uso recreativo, según la consultora Cannacord Genuity. Sus analistas creen que la propuesta que fracasó en octubre ofrece oportunidades de negocio “factibles, pero no ideales” porque limitaba la participación de extranjeros al 20% del capital social de una empresa e impedía la integración vertical; es decir: que una sola compañía controle varias fases del proceso de producción y comercialización.
La consultora considera que Khiron, una empresa colombocanadiense, es la mejor posicionada para entrar en el mercado mexicano. Tiene experiencia con regulaciones en otros países de la región como Colombia y Uruguay, y cuenta con el expresidente Vicente Fox (2000-2006) en su junta de directores, una carta de presentación que incluye en prácticamente cada comunicado e informe financiero. Khiron planea llegar a México en el primer trimestre de este año y aspira a llegar a 11,7 millones de consumidores. EL PAÍS solicitó una entrevista, pero la compañía no contestó. Fox declinó por motivos de agenda. Aurora Cannabis, otra compañía de Canadá que anunció en diciembre del año pasado la compra de Farmacias Magistrales, la primera firma que obtuvo el permiso de importar materias primas con tetrahidrocannabidol (THC) a México, tampoco contestó las solicitudes. Al igual que Aphria, una de las compañías más grandes del mercado canadiense. Casi todos los interesados optan por la cautela y el silencio se vuelve elocuente. Nadie quiere arriesgarse ante un proceso legislativo en el que faltan muchas cosas por decidirse.
La llegada de capitales canadienses causó polémica en Colombia, que emitió en 2017 una ley para regular el consumo y exportación de cannabis medicinal. “Khiron y otras empresas con músculo financiero siempre iban un paso adelante”, explica Luis Felipe Cruz, investigador de la organización De Justicia. “Tenían el dinero y los expertos, incluso mayor capacidad técnica que el Estado, y por debajo de la mesa dictaban cómo tenía que ser la regulación”, sostiene el especialista colombiano. “El Gobierno no supo manejar bien las expectativas y no cambió nada para los productores en general ni en los mercados ilegales, que son trasnacionales”, comenta. Diana Paola Valenzuela, directora jurídica de la empresa colombiana Anandamida Gardens, detalla que “ha habido trabas para todos, incluso para fondos canadienses que financiaron empresas locales y tuvieron que abrirse camino”.
Algunas voces críticas califican las prácticas de las empresas canadienses como “colonialismo cannábico” y otras afirman que hay espacio para todo tipo de actores. El reto para el Congreso mexicano es enorme. En juego está en garantizar los derechos de los consumidores, cambiar el rumbo de una política antidrogas que ha hundido al país en la peor crisis de violencia de su historia reciente, delinear las reglas para el que podría convertirse en el mayor mercado legal de marihuana hasta ahora y lograr un consenso político que resista las presiones y los intereses dentro y fuera de la coalición de gobierno. Tienen tres meses para lograrlo.
