México.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) apresó a ocho exfuncionarios públicos del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y mantiene el cerco sobre gente cercana a la ex primera dama del estado, Karime Macías de Duarte.

Los extrabajadores del DIF fueron internados en el Penal de Pacho Viejo, tras un operativo en conjunto dentro y fuera de la entidad, confirmaron fuentes de la FGE a El Financiero.

Los exfuncionarios del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa son acusados de diversos delitos contra la Función Pública en denuncias presentadas desde 2017, cuando el fiscal del Estado, Jorge Winckler, se negó a avanzar en las investigaciones.

La lista de detenidos la encabeza el exdirector general de la dependencia, Julián Alberto Rubín Sandoval, quien era uno de los trabajadores más cercanos a la esposa del entonces gobernador, quien fue también denunciada por un presunto fraude por alrededor de 112 millones de pesos.

La lista de los exfuncionarios detenidos por la FGE el viernes son: Víctor Manuel Carrizo Yoval, Emilia Yasbe Azamar Hernández, Claudia Moreno Pérez, Teodosio Montalvo Uscanga, César Álvarez Alegría, Francisco Fernández Sánchez y Pedro Francisco Corona Montes.

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Las detenciones fueron cumplimentadas de acuerdo con la denuncia presentada en 2017, misma que involucra a un total de diez exfuncionarios del DIF en la administración de Duarte. En tanto no exista una sentencia, las autoridades los presumen inocentes.

En ese año, el director administrativo del Gobierno que encabezaba Miguel Ángel Yunes Linares, Javier Marín Atristáin, interpuso la denuncia en contra de Astrid Elías Mansur, exdirectora del DIF estatal, y Julián Alberto Rubín Sandoval, exdirector al final del sexenio de Javier Duarte.

La denuncia también incluye a exfuncionarios que se desempeñaron como directora general; director de Atención a Población Vulnerable; director de Finanzas y Administración; director Jurídico Consultivo, y subdirector de Recursos Materiales de la dependencia.

A Miguel Ángel Ortíz Romero y Armando Ruiz se les siguen buscando por delitos contra el servicio público, como ejercicio indebido de funciones; abuso de autoridad; incumplimiento de un deber legal; fraude específico cometido en agravio del DIF del estado de Veracruz, e incumplimiento de un deber legal y coalición.

El caso especial es el de Víctor Manuel López Gachúz, que también aparece en la denuncia y quien desde su despacho contable ayudó a crear al menos 400 empresas fantasma. Una red de 57 de esas compañías obtuvo contratos públicos por al menos 3 mil 617 millones de pesos.