Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Mujeres centroamericanas que están en busca de sus familiares migrantes desaparecidos en México exigieron a las autoridades mexicanas que implementen mecanismos nacionales y de coordinación internacional para la búsqueda de más de 70 mil personas migrantes no localizadas.
En conferencia de prensa en el Distrito Federal, las madres también exigieron que el Gobierno mexicano procure el regreso íntegro de los cuerpos de las personas asesinadas, que permitan el acceso de las familias a las cárceles y a los centros de detención, y que no violenten más los Derechos Humanos de las y los migrantes.
Durante su séptimo día en México, y de cara a la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos este 10 de diciembre, la XI Caravana de Madres Centroamericanas que Buscan a sus Hijos Desaparecidos en Tránsito por México llamó al Gobierno mexicano a buscar con vida a las 70 mil o 120 mil personas migrantes no localizadas, que según estima el movimiento, hay desde 2006.
Las más de 40 madres que este año integran la Caravana, y las 270 organizaciones civiles que las acompañan, informaron que desde 2006 las personas migrantes se enfrentan en México a un “demoledor” incremento de la inseguridad a causa de las extorsiones, asaltos, violaciones, secuestros, desaparición forzada y muerte.
A este contexto se suma el endurecimiento del control de las fronteras, lo que está derivando en que 80 por ciento de las personas migrantes no logren cruzar a Estados Unidos y que actualmente México deporte el doble de personas que el país del norte, aseguraron.
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QUE LEYES INCLUYAN A MIGRANTES SIN PAPELES
Las y los activista exigieron a las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos del Senado de la República la pronta publicación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, la cual –enfatizaron- debe considerar especialmente a las personas migrantes que se encuentran en tránsito irregular por México.
Lourdes María Suazo Mejía, hermana de Mauricio Francisco Sauzo Mejía –quien murió en México durante la masacre de migrantes en Cadereyta, Nuevo León en 2012–, exigió que se garantice justicia para las familias, que se les dé a las madres más información sobre las personas migrantes en México y que se regresen los cuerpos íntegros, “no en pedazos”, ni con una tardanza de hasta 26 meses, de las personas que son asesinadas en este país.
“Queremos que las denuncias (penales que presentaron a las autoridades de justicia en México por la masacre en Cadereyta) las agilicen conforme a la ley que ustedes quieran, pero que nos las atiendan”, expresó la mujer.
Por su parte Maritza Venegas Pavón, de Nicaragua, pidió que el Estado mexicano ponga en práctica otras alternativas a la detención en estaciones migratorias y cárceles, y que se implementen mecanismos y protocolos de protección a las personas migrantes en tránsito irregular por México.
La ahora activista explicó que las personas están saliendo de los países de origen por falta de oportunidades de trabajo y de desarrollo pero no pretenden quedarse en México, por lo que pidió el apoyo a la sociedad mexicana para aportar información sobre las personas migrantes desaparecidas.
Martha Gómez, de El Salvador, también señaló la necesidad de que los centros de detención y las cárceles proporcionen información detallada sobre las personas migrantes que detienen, y que se integren bases de datos con fotografía, porque a veces los “coyotes” piden a las personas migrantes que se cambien de nombre.
También denunció que, tras platicar con las personas migrantes en las cárceles mexicanas, supo que éstas son torturadas para que acepten delitos que no cometieron, no cuentan con abogados sensibles a su situación y se les impide hablar con su familia.
“Pedimos a las autoridades de este país que busquen a nuestros migrantes, que se pongan en nuestros zapatos (…) nosotras no nos vamos a quedar quietas, vamos a seguir buscándolos donde quiera que sea”, relató Martha, quien aseguró que ayer fueron a la Basílica de Guadalupe, extendieron las fotografías de sus familiares en el piso, pero pocas personas las atendieron.
Por otro lado, Carolina López, proveniente de Guatemala, recordó que “detrás de cada migrante queda una gran familia con ese incertidumbre, con toda esta tristeza y con todo ese dolor” que significa una desaparición, y destacó que “migrar es un derecho y no migrar también lo es.”
Las madres coincidieron en que desde la desaparición de sus familiares buscaron el apoyo de los consulados y de las autoridades de ambos países, quienes ignoran sus demandas a pesar de que ellas no tienen los recursos para emprender la búsqueda por sí mismas.
SIN GARANTÍAS PARA VIAJAR AL NORTE DEL PAÍS
Marta Sánchez y Rubén Figueroa, activistas y organizadores de esta Caravana, declararon a Cimacnoticias que desde 2012 la Caravana no puede llegar a las entidades del norte del país, donde podrían estar las y los hijos de muchas madres que hoy integran el movimiento, porque ninguna autoridad les ha podido garantizar su seguridad.
A lo largo de estos once años que inició el movimiento de las madres, se han logrado localizar aproximadamente a 250 personas migrantes, aunque no todas durante las caravanas.
En esta edición, el movimiento ya logró el rencuentro de tres personas migrantes hondureñas con sus familias, pero en total suman 12 las personas localizadas durante este año.
