La juez Cinthia Elodia Mercado García, de Los Reyes, Michoacán, quien autorizó el secuestro de la niña Alondra Luna Núñez,  de Guanajuato, podría ir a la cárcel, así como otros servidores públicos involucrados en los hechos que permitieron sustraerla por la fuerza y llevarla a los Estados Unidos.

El padre de la niña, Gustavo Luna, ha anunciado que ya presentó una demanda judicial en contra de la juez y que no aceptará tampoco la disculpa de la señora Dorotea García Macedo, quien promovió desde los Estados Unidos el traslado de Alondra bajo la presunción de que se trataba de la hija que perdió hace años, pero sin que mediara prueba alguna de ADN para sustentar su demanda.

Por su lado, el nuevo subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, sostuvo que desde su punto de vistsa es "insuficiente" la disculpa pública que se le ha dado a los padres y a la niña para dar por cerrado el caso, y dijo que se encuentra revisando el expediente para determinar las acciones que procedan.

“Me parece que tenemos que trabajar para reparar el daño que se ha generado”, dijo Campa.

El caso de la niña Alondra ha sido todo un escándalo en México.

Este caso inició en los Estados Unidos, en donde la señora Dorotea García, presentó una solicitud ante las autoridades de ese país para recuperar a quien ella creía que era una hija que le fue arrebatada y traída a México hace siete años por Gustavo Luna.

Sin ninguna otra prueba que la denuncia de Dorotea, las autoridades de EU le dieron curso y promovieron ante la Interpol y ante las autoridades mexicanos la solicitud de entrega de Alondra.

Con una celeridad sorprendente, la jueza Cinthia Elodia Mercado García, de Los Reyes, Michoacán, aprobó la solicitud.

Ante ello, agentes de la Interpol y de la Policía Ministerial Federal acudieron el pasado 16 de abril a la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, en Guanajuato, y detuvieron y se llevaron por la fuerza a la niña Alondra Luna Núñez. Antes de ser trasladada, Alondra pidió a la jueza que se realizan exámenes de ADN para establecer con plenitud de quién era hija, pero la jueza ignoró esta solicitud.

Ya en la ciudad de Houston, Alondra le pidió lo mismo a Dorotea: que se hicieran los exámenes de ADN.

“Le pedí a Dorotea que me hiciera la prueba de ADN porque yo no iba a estar en paz”.

Las autoridades de EU sí hicieron caso de la solicitud de Alondra y al realizarse los exámenes de ADN quedó confirmado que no era la hija que busca Dorotea.

Desde EU, la niña grabó un video y en él decía: “Me llevaron a hacer un recorrido por Houston… el lunes nos hicimos la prueba. Sólo me dijo que me cuidara mucho si resultaba que no era su hija”, y relató con posterioridad que al saber el resultado Dorotea García “me pidió disculpas por lo que había hecho”.

Al día siguiente la niña regreso con sus padres, y enseguida éstos pfresentaron una queja ante la CNDH, organismo que h asumido la defensa del caso por considerar que las autoridades involucradas violaron los derechos humanos de la menor y su familia.

Hasta ahora, ni la jueza, ni los encargados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Consejo de la Judicatura, instancia encargada de supervisar la actuación de los jueces han dicho nada al respecto.

Tan sólo han guardado un silencio que propicia la imunidad y la impunidad de la jueza mexicana.