Por: Anayeli García Martínez


Altos mandos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) se reunirán con los familiares de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril –asesinados el 31 de julio de 2015 en esta capital–, para revisar si harán nuevas indagaciones.

El próximo miércoles 25 de mayo autoridades judiciales, familiares y abogados de las víctimas acordarán una ruta de trabajo para cumplir con la resolución de un juez que ordenó a las autoridades revisar nuevas pruebas, realizar otras diligencias y retomar nuevas líneas de investigación para esclarecer el multihomicidio en la céntrica colonia Narvarte.

En declaraciones a Cimacnoticias, el abogado David Peña Rodríguez explicó que la próxima reunión de trabajo será para abordar cómo dar cumplimiento al amparo que la defensa ganó el pasado 18 de abril, y con ello garantizar el acceso a la verdad, algo que no ha hecho la Procuraduría capitalina.

A 10 meses del crimen, y a pesar de que hay tres personas procesadas porque tuvieron algún grado de participación en los hechos, la indagatoria aún no está cerrada porque no se ha esclarecido el móvil, es decir, la intención del asesinato.

En opinión del litigante, lo más preocupante es que la PGJDF no ha logrado comprobar la participación de más personas en el multihomicidio, aunque hay indicios y pruebas en el departamento de la Narvarte que señalan la posible presencia de más personas.

En este sentido, abundó Peña Rodríguez, no se puede cerrar el expediente que tiene la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio de la PGJDF, hasta que no se esclarezca si hubo más autores del crimen, cuál fue el móvil, por qué se hizo y cómo se planeó, es decir, que se conozca qué fue lo que sucedió.

El fotoperiodista Rubén Espinosa y la defensora de Derechos Humanos (DH) Nadia Vera, quien además era parte del movimiento #YoSoy132, compartían espacios de denuncia y habían documentado casos de corrupción y violaciones a DH en el estado de Veracruz.

Ambos, en fechas distintas, se habían desplazado a esta capital debido a la persecución, amenazas, agresiones y hostigamiento que sufrieron en Xalapa, capital de Veracruz, por lo que la defensa de las víctimas ha solicitado en diferentes momentos que no se descarten otras líneas de investigación.

Es así que en abril pasado las organizaciones Artículo 19, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, y la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM, hicieron públicas nueve pruebas y diligencias que pidieron a la autoridad judicial admitir y razonar si las desahogaban o las desechaban.

Los grupos defensores solicitaron ampliar la “mecánica de hechos”; realizar un peritaje para determinar si el crimen corresponde al actuar de un “homicida ordenado”; ampliar peritajes de video y fotografía de las cámaras de seguridad capitalina y casas aledañas al departamento, entre otras medidas.