La diputada federal por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) Araceli Guerrero Esquivel impulsa una iniciativa, para imponer de 10 a 20 años de prisión y hasta mil días de multa a médicos que esterilicen de manera forzada a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad.

La integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez agregó que se cancelará la licencia para ejercer la profesión a quienes la realicen, de acuerdo con información del portal Diario Avanzada.

En el caso de que este delito se practique en una clínica, hospital o casa hogar particular, a los responsables de estos centros se les cancelará el permiso o licencia para la realización de sus actividades.

La iniciativa, suscrita también por la priista Edith Anaya Mota, prevé reformar los artículos 175 Bis de la Ley General de Salud, y el 199 Sextus del Código Penal Federal, a fin de erradicar esta práctica, ya que viola gravemente el derecho a la integridad física de las mujeres con discapacidad, y produce consecuencias adversas en su salud mental durante toda la vida.

Araceli Guerrero subrayó que, según la investigación de Disability Rights International (DRI) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), las personas con discapacidad son víctimas de lobotomías (psicocirugía) sin consentimiento; además, algunas son internadas de por vida en instituciones a puertas cerradas en condiciones inhumanas.

Guerrero Esquivel sostuvo que de acuerdo con el censo poblacional de 2010, existen 5 millones 739 mil 270 personas con algún tipo de discapacidad, de las cuales 51.1 por ciento son mujeres.

Por ello, la legisladora consideró necesario que en la Ley General de Salud se estipule que la secretaría del ramo a nivel federal diseñe programas de prevención en todos los hospitales y clínicas del sector salud, para evitar esterilizaciones forzadas o provocadas a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad.

“Las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas, siendo objeto de exclusión debido a su género y discapacidad”, reconoció la diputada.

Araceli Guerrero indicó que los esfuerzos impulsados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como distintas organizaciones civiles, no han sido suficientes para cerrar las brechas de exclusión, desigualdad y maltrato, por lo que se deben crear instrumentos legales que protejan, prevengan y sancionen cualquier intento de violación a los derechos de las personas con discapacidad.

La legisladora recordó que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en 2014 recomendó al gobierno mexicano iniciar una investigación administrativa y penal a autoridades e instituciones involucradas en la ejecución de esterilizaciones forzadas a esta población, así como garantizar el acceso a la justicia y reparar los daños a las víctimas.

Agregó que, según afirmaciones de Ana Peláez, especialista e integrante del grupo de expertos del Comité Encargado de Evaluar a México, en muchos casos las mujeres con discapacidad son esterilizadas para ocultar situaciones de incesto.

Finalmente, la priista señaló que con la modificación a los ordenamientos jurídicos se lograría favorecer el acceso a la justicia y reparación del daño a víctimas de violaciones a los derechos de las personas con discapacidad, y cumplir con los convenios y tratados en la materia.