México.- A dos años de que las autoridades electorales confirmaron irregularidades en el proceso de la candidatura a la Presidencia del Gobernador, Jaime Rodríguez, la Fiscalía del Estado cesó a 11 servidores públicos que presuntamente participaron en una recolección de firmas para este propósito.

La decisión se da en medio de un desacuerdo entre Gobierno y la Fiscalía, que dirige Gustavo Adolfo Guerrero, debido a que el Estado no ha entregado los seis terrenos que prometió dar al organismo en compensación al recorte de presupuesto de este año.

En un comunicado, la Fiscalía precisó que la Visitaduría General determinó que los 11 servidores públicos faltaron a los principios de neutralidad e imparcialidad en la equidad de la competencia electoral, al captar apoyos (firmas electrónicas) en día y horario laboral a favor del Bronco.

"Por lo anterior, se ha ordenado la remoción del cargo de dichos servidores públicos que laboran en esta fiscalía, la cancelación del certificado de servidor público y la anotación respectiva en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública", establece el comunicado.

Los servidores públicos que fueron cesados son un director, un Coordinadora de Área, tres agentes del Ministerio Público, dos agentes ministeriales, un perito, un auxiliar de investigación y un asistente. En 2018 la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que 572 servidores públicos fueron obligados a captar firmas para la candidatura del Bronco.

En total fueron 25 dependencias las que participaron en la recolección "broncofirmas", de las cuales 12 titulares están involucrados en el proceso de sanción Al respecto, integrantes de organismos civiles coincidieron en que la justicia ahora deberá ir tras los autores intelectuales de la recolección de firmas. Gilberto Marcos, presidente de Vertebra, señaló que se deberá aplicar la justicia a los autores intelectuales de orquestar las "broncofirmas".

"¿No parece extraño castigar a 11 funcionarios y a los que les ordenaron no los van a castigar? Esto fue un paso mínimo, hay que ir por las cabecillas", declaró. A su vez, Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder, indicó que este es un paso hacia el combate a la impunidad.

El mensaje que se manda cuando no hay ningún tipo de castigo es que necesitas ser servidor público para salirte con la tuya", dijo. Sandrine Molinard, directora del Consejo Cívico, dijo que, al igual que la Fiscalía, las demás dependencias de gobierno deberían tomar medidas similares ya que están involucrados más de 500 servidores públicos.

"Sabemos que la recolección de firmas no se organizó entre estas 11 personas, hubo más de 500 funcionarios involucrados lo cual significa que hay toda una organización detrás".