Para detener los asesinatos, los secuestros, el cierre de negocios y el desplazamientos de los pobladores, el gobierno municipal de Chilpancingo tiene apenas 115 policías.

En los primeros dos meses en la capital del estado han sido asesinadas por lo menos 42 personas —28 en enero y 14 en febrero—  y, según empresarios, cerrado 35 negocios debido a las extorsiones del crimen organizado y 40 familias huyeron de la ciudad por la violencia.

El 2014 cuando en Chilpancingo se intentó instalar el Mando único, en la Policía Municipal se dio una depuración. De 300 agentes quedaron menos de la mitad: sólo 115 policías aprobaron los exámenes de control y confianza.

Pero, según las propias autoridades, en Chilpancingo se necesitan por lo menos unos 500 policías municipales para poder dar seguridad a los pobladores.

En la capital, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay una población de 241 mil 717 personas distribuidas en 600 colonias. Todos estos habitantes deben ser atendidos por 115 policías municipales. Según la aritmética: en la capital hay un agente por cada 2 mil 101 habitantes.

Por día, en las calles de Chilpancingo sólo está la mitad de los policías. Cada turno, de 24 horas, es cubierto por 57 agentes.

El 3 de marzo, al termino de una conferencia de prensa, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, Adrián Alarcón Ríos, dijo que la estrategia de seguridad en la capital no ha funcionado y dio ejemplos de ello. Dijo que en los primeros dos meses de este año, 35 comercios ha tenido que bajar sus cortinas ante el insostenible pago de cuota que exigen los grupos delictivos. También, dijo, que unas 40 familias ha dejado la ciudad por la violencia.

Incluso el sector empresarial ha llegado al extremo para protegerse: han solicitado a las Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que les permita portar armas de fuego para proteger sus negocios y domicilios.

La violencia en Chilpancingo la ejercen los grupos delictivos de manera indiscriminada: taxista, choferes de combis, comerciantes, empresarios, tránsitos (dos se encuentran desaparecidos) han sido atacados, incluso, ya llegó hasta el presidente municipal Marco Antonio Leyva Mena.

En enero, el alcalde interpuso una denuncia ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) por amenazas de muerte por parte de miembros de la delincuencia organizada.

Según Leyva Mena, los individuos le hacían llamadas telefónicas para exigirle cargos en su administración y al parecer una cuota económica. El alcalde, según dijo, rechazó la propuesta.