Chilpancingo, Guerrero.- La alcaldesa de este municipio, Norma Otilia Hernández Martínez informó que solicitó al Congreso de Guerrero reforme el Código Penal del Estado para que aquellas personas que cometan un delito del fuero común sean penalizadas y no liberadas ante la falta de denuncias.
En la conferencia matutina de este lunes, la munícipe dijo que en lo que va de su administración al menos 446 personas han sido detenidas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por diversos delitos y faltas administrativas.
Precisó que de esas, sólo 59 cuentan con carpetas de investigación ante las autoridades competentes, mientras que el resto “goza” de total “impunidad” al no haber un esquema que les inicie un procedimiento judicial ante la falta de denuncias por parte de los afectados.
“La mayor parte de estos delincuentes son reincidentes, por lo que se necesita actuar para que el crimen deje de estar haciendo ilícitos en contra de la ciudadanía. Reconocemos que la incidencia de los delitos del fuero común es un gran reto a abatir”, manifestó.
En ese sentido, aseguró que “hemos estado trabajando en el tema de seguridad de manera transversal” en coordinación con todas las instituciones que componen el gobierno municipal.
No obstante, reconoció que “tenemos un déficit de policías municipales, contamos con 102 agentes cuando la ciudad necesita 600, ¿Y qué hemos hecho? Hemos estado trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno, ellos son los que nos han reforzado en el tema de seguridad”.
Ante este déficit, dijo que el Ayuntamiento Capitalino está trabajando en conjunto con el Gobierno de Guerrero para que se emita la convocatoria para el reclutamiento de más agentes municipales, mientras tanto, aseguró que se trabaja en la certificación de los actuales, puesto que de los 102 sólo el 85 por ciento están certificados.
Sin embargo, ante el incremento de estos delitos del fuero común y ante la indefensión en que se encuentra el municipio, señaló la primera edil, es que solicitó al Congreso de Guerrero reforme el Código Penal del Estado para que aquellas personas que cometan un delito del fuero común sean penalizadas y no liberadas ante la falta de denuncias por parte de las víctimas.
