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Cláusulas darían certeza legal a cancelación de aeropuerto de Texcoco

Se trata de las cláusulas que apelan a que “existan causas de interés general” o “daños y perjuicios al Estado (o al erario)” que justifiquen la medida.

Por Redacción, 2018-10-31 12:46

México.- En los contratos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), hay dos cláusulas de cancelación que podrían beneficiar al gobierno electo para pagar menos indemnizaciones o negarse a pagarlas.

Se trata de las cláusulas que apelan a que “existan causas de interés general” o “daños y perjuicios al Estado (o al erario)” que justifiquen la cancelación de forma anticipada.

Tras el anuncio de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y la recisión que se daría de los contratos de construcción de los grandes empresarios (Caslos Slim, de CICSA; Olegario Váquez, de Prodemex; Bernardo Quintana, de ICA; Hipólito Gerard, de GIA, y Héctor Ovalle de Cococal, entre otros), el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría usar dos ‘salidas legales’ para disminuir los montos de las indemnizaciones o de plano negarse a pagarlas e irse a tribunales.

Los cinco grandes contratos de obra del NAIM en Texcoco se firmaron tres años antes de la elección presidencial, y ambas partes, tanto Peña Nieto como los empresarios que los firmaron, aceptaron las cláusulas, al parecer por la confianza de que habría una ‘continuidad transexenal’ en la obra.

Es decir, los constructores jamás consideraron que habría alternancia y que el próximo gobierno decidiría cancelar la obra.

En el contrato se firmaron “mecanismos de terminación anticipada de los contratos de obra”, con las que las empresas aceptaron un amplio margen de parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), para dar por terminados los contratos.

Con la firma de estas condiciones, también aceptaron que dependiendo de la razón por la que se termine el contrato, se entregue una indemnización o se pague sólo por los “trabajos ejecutados a la fecha en que se declara la terminación” y no necesariamente por el monto total del contrato que obtuvieron.

De acuerdo a un análisis de los contratos de parte de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, el próximo gobierno tendrá un gran margen discrecional transexenal que le otorgaron los empresarios constructores, a partir de la aparente confianza que tenían en que la obra seguiría con un gobierno priista en el siguiente sexenio.

El problema que tienen ahora los empresarios es que si López Obrador decide utilizar su consulta y su resultado, que hasta ahora no ha sido declarada ‘ilegal’ por ningún tribunal, para invocar el “interés general”, podría sólo pagar la parte parcial de las indemnizaciones correspondientes al avance que llevaban los trabajos. Incluso, si el nuevo gobierno demuestra ‘colmillo’ puede usar los reportes de la Auditoría Superior de la Federación sobre posible corrupción en las licitaciones, para argumentar un ‘daño al erario’ y ahí sí ¿quién quiere alegar?

Bastaría que en diciembre el nuevo titular del Grupo Aeroportuario de la CDMX, ya nombrado por López Obrador, indicara que ‘por causas de interés general se rescinden todos los contratos’, para que las empresas se vieran obligadas a iniciar pláticas y negociaciones en las que el gobierno podría pagarles sólo la parte que había realizado y no toda la que realizarían según el contrato.

Desde que se anunció el resultado de la Consulta NAIM y hasta días después, AMLO indicó que la cancelación del Aeropuerto de Texcoco no tendría las implicaciones financieras catastróficas que había alertado empresarios.

Ayer el secretario Ildefonso Guajardo decía no que no había problema se se cancela Texcoco ni habría crisis, ¿se referiría el titular de Economía a las cláusulas que le pueden dar sustento legal a la cancelación de Texcoco, anunciada por López Obrador?.

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Esta nariz electrónica te ayudará a detectar si padeces diabetes

La diabetes es la primera causa de muerte en México y, en la actualidad, 10 de cada 100 niños la padecen.

Por Redacción, 2018-11-14 11:48

México.- La investigadora mexicana Berenice Domínguez Cruz creó una nariz electrónica que busca imitar el funcionamiento del sistema olfativo de una persona donde, al igual que en la nariz humana, participan varios sensores que reaccionan a moléculas específicas y generan señales que se transforman en información en el cerebro.

Los sensores están elaborados a base de polímeros, y una vez que las sustancias se impregnan a ellos la información es enviada a una unidad de interpretación, donde se miden su concentración.

El olfato electrónico se encuentra en fase de desarrollo de materiales y de instrumentación electrónica, el objetivo es probarlo en poblaciones sanas y diabéticas para estudiar el comportamiento del aliento de los grupos y, por ende, determinar los niveles que nos indiquen cuándo se considera que una persona es diabética y cuando está sana.

La ventaja principal de este dispositivo es que se trataría de un sistema de monitoreo no invasivo, por lo que el paciente podría prescindir de los métodos que requieren la extracción de una muestra de sangre. El dispositivo está pensado para venderse a bajo costo.

Esta línea de investigación se inició en el Grupo de Polímeros Cimav y posteriormente dio lugar a un proyecto grupal de Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), dentro del cual labora la investigadora.

Hasta el momento, el proyecto cuenta con el desarrollo de prototipos de los sensores que estarán instalados dentro de la nariz electrónica.

Vivir con diabetes en México es todo un reto. Para Carolina Martínez, utilizar este dispositivo sería de gran utilidad debido a que desde hace una década padece de esa enfermedad y sus venas son tan delgadas que cada vez que necesita monitorear su glucosa tiene que acudir a un especialista, situación que, en ocasiones, le impide mantener control de esta enfermedad crónica.

“Me enteré que tenía diabetes un día que me sentía muy mareada y no podía mantenerme en pie. Fui al médico y al tomarme la presión y la glucosa, todo salió alto”, dijo.

Los miembros de la familia de Carolina tienen sobrepeso, triglicéridos y colesterol alto y niveles de glucosa elevados, por lo que seis de sus siete hermanos son diabéticos.

“Mi familia es diabética, empezando por mis padres, quienes la tienen desde hace 20 años, y nosotros la heredamos. La forma en que nos hemos alimentado (a base de pan y tortillas) nos hizo llegar a este camino”, dijo.

Desde que era pequeña, la madre de Carolina premiaba sus buenas acciones con dulces o con galletas, su vida siempre giró en torno a la mala alimentación y, con el paso del tiempo, este sistema la llevó a la obesidad y, posteriormente, a la diabetes.

Desde 2000, la diabetes es la primera causa de muerte en México y, en la actualidad, 10 de cada 100 niños la padecen.

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OPINIÓN | La disputa de la tierra a costa de la vida

Son 38 años de una disputa por la tierra que las autoridades en turno han dejado a su suerte a los comuneros y comuneras de los dos núcleos agrarios.

Por Tlachinollan Tlachinollan, 2018-11-13 09:27

Guerrero.- El día viernes 9 de noviembre cuando la clase política de Morena era ataviada con collares de Cempasúchil en un salón de fiestas de la capital del estado (repitiendo el mismo ritual de la veneración de los indígenas pobres a quienes ostentan el poder) al filo de las 9 de la mañana en el paraje de “Texmelican” dos indígenas me’phaa de la comunidad de Huitzapula del municipio de Atlixtac eran abatidos a balazos cuando caminaban con dos niñas en la zona del conflicto agrario que mantienen desde 1980 con la comunidad de San Juan Bautista Coapala.

Son 38 años de una disputa por la tierra que las autoridades en turno han dejado a su suerte a los comuneros y comuneras de los dos núcleos agrarios. En estos cerros que, de acuerdo a investigaciones arqueológicas, fue el principal asentamiento de los me’phaa, lamentablemente ahora se ha transformado en un campo de batalla donde han sido asesinadas más de 60 personas por defender su tierra.

De nada ha servido la resolución del Tribunal Agrario porque no ha podido ejecutarla por la inoperancia de su propuesta que más bien desencadenó una confrontación violenta.

En el 2007 entró el programa de atención a los Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER) para desactivar la violencia buscando otro mecanismo de solución con un pago compensatorio para respetar los polígonos que cada núcleo agrario había reconocido y aceptado ante el Tribunal.

Todo fue en vano, porque el dinero vino hacer causa de mayores conflictos debido al manejo turbio que hicieron tanto los funcionarios del sector agrario como los representantes de ambas comunidades. Los comuneros y comuneras nunca supieron cuánto dinero recibieron quienes firmaron el convenio. Los comisariados tampoco se presentaron ante la asamblea para rendir cuentas. Como siempre los indígenas fueron víctimas del atraco perpetrado por los operadores de este programa.

Nunca ha habido una atención integral al conflicto que enfrentan estas comunidades vecinas que hasta la fecha viven en constante zozobra. Todo el tiempo están vigilando los movimientos de sus adversarios para accionar sus armas.

En los cerros cercanos a las comunidades siempre hay personas que esperan el momento para dar un golpe sorpresivo a cualquier persona que cruza la superficie en disputa. En varias ocasiones logran su objetivo, de lo que se trata es cobrar venganza, hacer realidad la ley del talión. Lo más grave es que no respetan la vida de niños y niñas, quienes por ir a la escuela son también víctimas de esta violencia fratricida.

En la línea del tiempo estos pueblos están marcado por la sangre, por la muerte, el dolor y el sentimiento de venganza. Las autoridades se han encargado de sumergirlos en este laberinto de la violencia, los han dejado para que entre ellos mismos ajusten cuentas.

En abril de este año asesinaron a dos personas de Ocopexco, lo más sanguinario sucedió cuando los familiares sepultaban a sus seres queridos. En ese momento en que los enterraban escucharon varias detonaciones de armas que privaron de la vida a otras dos personas, dejando el charco de sangre donde enterraban a familiares que habían sido abatidos de la misma forma en día anterior.

Hace apenas 15 días emboscaron a otra persona de la comunidad nahua Ocopexco que también murió. En estos 11 meses han asesinadas 12 personas del núcleo agrario de San Juan Bautista Coapala y unas 10 de la parte de Huitzapula. Los mismos habitantes saben que se trata de una guerra, por eso tienen que andar a salto de mata porque saben que en cualquier momento pueden emboscarlos o ser balaceados desde los cerros.

Ante el abandono de las autoridades, las mismas comunidades han encontrado en la venganza la única forma de hacerle frente al conflicto. El incremento de la violencia es la forma más efectiva para sobrevivir en esta lluvia de balas. El horizonte de justicia no existe, porque desgraciadamente el futuro para las nuevas generaciones ha quedado trunco por la sangre de los caídos.

De nada les ha servido los patrullajes del ejército y la instalación temporal de un grupo de policía en la zona. La población desconfía de ellos porque saben que cualquiera de las partes en conflicto les puede llegar al precio. No solo hacen negocio con los problemas que cargan las comunidades, sino que los mismos actores armados del Estado son parte de esta conflictividad que sigue derramando sangre. En esta región se han suscitado hechos graves donde elementos del ejército han privado de la vida a algunos miembros de las comunidades.

Uno de los casos que ejemplifican esta realidad es el de el joven Abrahán Gerónimo Ortega de 17 años quien fue asesinado por elementos del ejército en 2010. El joven fue interceptado cuando buscaba a uno de sus animales, al ver que uno de los militares le apuntaba y otro le daba la orden de que se parara, prefirió correr y en su huida fue alcanzado por una bala que entro por la espalda. El joven permaneció tirado por varias horas. Sus familiares tuvieron que organizarse para hacerle frente al ejército con el fin de trasladar a Abrahán al hospital de Tlapa. Todo fue en vano porque ya se había desangrado. Al siguiente día el ejército emitió un comunicado donde aseguraba que al menor lo encontraron en un plantío de amapola. A pesar de la denuncia interpuesta no hubo ningún avance en las investigaciones.

Este ambiente bélico ha cubierto de luto a decenas de familias que viven en el desamparo. Saben que en cualquier momento una bala puede acabar con su vida. Para ellos y ellas el estado de derecho es una quimera, un discurso hueco de los políticos. Palabras que no tienen ningún sentido ni significado, porque solo la muerte es su verdadera compañía.

Las autoridades están lejos de esta realidad, por eso son insensibles y no sienten la obligación de buscar soluciones reales a conflictos tan arraigados. Sólo se acuerdan de los casos cuando se consuman hechos de sangre que impactan en la opinión pública. Los asesinatos cotidianos pasan desapercibidos. El estilo burocrático para atender estos asuntos se reduce a citar a las partes en conflicto en la capital del estado. Los obligan a gastar dinero que no tienen y a escuchar las peroratas de los funcionarios que se ven obligados a elaborar minutas para justificar su trabajo.

El fondo del problema no les interesa, simplemente se dedican a postergar la solución a estos conflictos. Desde el escritorio quieren imponer sus criterios y sus formas de atender los casos. No tienen paciencia para escuchar a las partes, sobre todo no se esmeran por comprender le contexto y ubicar en su justa dimensión los planteamientos de cada parte. Falta oficio para resolver los conflictos y se evade la responsabilidad de prevenir situaciones graves y alertar a las autoridades competentes para que de manera conjunta se eviten situaciones fatales.

La vida de los indígenas no tiene ya ningún valor en contextos de alta conflictividad social y donde los asesinatos que a diario acontecen en el estado son simples números rojos de la sangre derramada. Las autoridades endilgan a las partes en conflicto los hechos de violencia que protagonizan, porque supuestamente no tienen voluntad y se aferran a sus posturas.

El asesinato de Marco Sosa Parra, papá de la niña Eusebia Sara Torres y tío de Lorena Martínez de 15 años, además del asesinato del menor Alfonso de la Cruz García, forma parte de una cadena de hechos de sangre que las autoridades no han investigado y que tampoco se han preocupado por encontrar soluciones a un conflicto agrario que tiene un alto costo de vidas humanas sin que tengan consecuencias jurídicas ni penales.

Desde el pasado viernes 9 las niñas Eusebia y Lorena están desaparecidas. Las autoridades no han dado con su paradero y solo se reducen a poner retenes en la entrada de San Juan Bautista Coapala y amenazan con entrar a las casas a la fuerza para buscar a las dos niñas. No existe una estrategia apropiada para contener esta violencia y utilizar las capacidades instaladas de la Fiscalía para dar con el paradero de las niñas.

Estas situaciones es suma mente dolorosas, difícilmente serán puestas en el centro de las grandes preocupaciones tanto de las autoridades estatales como de los futuros funcionarios del gobierno federal que asumirán la responsabilidad de velar por los derechos de los pueblos indígenas.

Es preocupante la forma como se realizó este foro de consulta sobre la iniciativa que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El mismo formato deja mucho que decir, quienes presidieron el acto no fueron las autoridades indígenas sino funcionarios del estado que de nueva cuenta se colocan y suplantan a quienes realmente representan el sentir de los pueblos y comunidades que enfrentan el flagelo de la violencia, el trato discriminatorio y la exclusión social.

Fue una consulta la revés donde los discursos de los funcionarios y las mesas de trabajo desplazaron la voz de las sabias y sabios y las asambleas comunitarias. Esperemos que este primer ensayo sirva para corregir las deficiencias de este formato y que se tenga claro que estos foros no están representado el sentir de la gente que está luchando de manera permanente por alcanzar una vida digna y construir una vida digna fundada en la autonomía y libre determinación de los pueblos.

En el mismo senado de la república se está impulsando por parte del senador Ricardo Monrreal una iniciativa de Ley para el desarrollo agrario que tampoco fue puesta a consulta de los pueblos máxime que se trata de impulsar las inversiones en la propiedad ejidal y comunal y de promover contrato de usufructo sin consultar a la asamblea.

Estos claro oscuros que se presentan con el nuevo gobierno obligan a los pueblos indígenas a reafirmar sus posturas contra la privatización de sus bienes naturales y contra el modelo extractivista. La experiencia acumulada de estos pueblos no puede ser tirada por la borda, del nuevo gobierno depende que los pueblos indígenas se incorporen a esta cuarta transformación siempre y cuando sean tomados en cuenta como sujetos de derecho y no como simple seres que son utilizados por los gobiernos para justificar su proyecto político por encima de las demandas de justicia y trato igualitario que en todo momento han planteado los pueblos indígenas de Guerrero. La historia que han escrito desde hace siglos estas culturas está íntimamente anclada con la defensa de su territorio y su organización autónoma, lo han hecho en todo momento a costa de su vida.

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Edomex sufre de desabasto de agua, a pesar de que Cutzamala funciona

n algunos municipios como Huixquilucan y Nezahualcóyotl ya empezó a caer agua por el ramal del sistema Cutzamala.

Por Redacción, 2018-11-09 17:30

México.- Aunque en algunos puntos del Estado de México ha empezado a normalizarse el abasto de agua potable al ponerse en marcha nuevamente el sistema Cutzamala, todavía hay colonias donde no hay líquido, por lo que los vecinos siguen batallando para conseguirla, principalmente en el municipio de Coacalco.

“No tenemos agua. Según esto la habían puesto ayer, pero no ha caído. Llenamos garrafones, tinas, todo lo que se podía y cuidamos mucho el agua. Sí nos enojamos porque dicen que la van a echar a andar y no lo hacen”, dijo María de Jesús, habitante de la colonia República Mexicana.

El problema, aseguran, es que el agua que guardaron ya se acabó y no pueden pagar pipas particulares.

“Supuestamente el agua nos la iban a quitar ocho días y ya van a ser casi 15 días. Tenemos que comprar pipas. No es justo. A nivel municipal no deberían escatimar y mandarnos una pipa de agua, no deberíamos estar haciendo gastos inoportunos”, externó Bernardo, otro habitante de la zona.

Ante ello exigen que les doten del líquido de manera gratuita por medio de pipas, pues aseguran que ellos pagan por el servicio de agua todo el año.

“Se hace un llamado a las autoridades para que vengan y cumplan con sus obligaciones de abastecernos de agua potable. Ahorita que no hay, por lo menos que vengan con pipas para abastecernos”, mencionó Bernardo.

En algunos municipios como Huixquilucan y Nezahualcóyotl ya empezó a caer agua por el ramal del sistema Cutzamala.