Ciudad de México.- Un migrante salvadoreño murió el 22 de abril en el hospital Enrique Cabrera de la Ciudad de México con síntomas de COVID-19. Esta persona se había entregado una semana antes a la estación migratoria de Tijuana, Baja California, para ser deportado.

Ahora, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) responsabiliza a la institución que dirige Francisco Garduño “por violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la vida y a la información en materia de salud, en agravio de un migrante de nacionalidad salvadoreña, quien falleció a consecuencia de COVID-19, por una responsabilidad institucional atribuible al INM, y por la negligencia y omisión de personal de ese Instituto, que contribuyó al deterioro de su estado de salud y su muerte”.

"La CNDH responsabiliza al personal de la estación migratoria de la CDMX de omitir brindar una atención médica adecuada conforme a los múltiples factores de riesgo que sufría la víctima, e identificar de manera oportuna un cuadro sospechoso de COVID-19 y por no haber canalizado al agraviado a un nosocomio para recibir atención médica especializada”.

La institución de Derechos Humanos asegura que el INM no acreditó que se hubiesen implementado medidas de atención médica y sana distancia al interior del centro de detención, “poniendo en mayor riesgo de contagio de SARS-CoV-2, a todas las personas que fueron alojadas, laboraron o transitaron por el recinto migratorio durante el periodo en que ocurrieron los hechos”.

El pasado 5 de agosto, un juez dio un ultimátum al comisionado del INM, Francisco Garduño, y le instó a cumplir con la suspensión de amparo decretada en abril en la que se ordenaba tomar medidas de prevención para evitar la COVID-19, así como informar sobre los protocolos empleados al interior de las estaciones migratorias.

La respuesta de Migración fue limitarse a asegurar que cumple con las disposiciones legales y negar la existencia de contagios, algo que la CNDH ha desmentido.

En su recomendación, la CNDH pide al INM que se coordine con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para “localizar, inscribir en el Registro Nacional de Víctimas y reparar de manera integral a los familiares que acrediten su derecho, por los daños causados a la víctima, se les otorgue atención psicológica y tanatológica, y se les informe de manera clara y precisa el derecho que les asiste a contar con una condición de estancia en territorio nacional y, en su caso, emita los documentos migratorios correspondientes”.

Por último, pidió actualizar Protocolo INM-COVID-19 y emitir una circular interna en la que instruya al personal médico adscrito a las estaciones migratorias y estancias provisionales del INM, sobre la obligación de integrar el expediente clínico de las personas migrantes que reciben atención médica, elaborando un protocolo a seguir para los casos en que existan urgencias médicas.