México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 43/2019, dirigida a las fiscalías General de la República (FGR) y de Guerrero, por un enfrentamiento en el puerto de Acapulco entre personal de ambas instancias, que derivó en la muerte de un civil ajeno a los hechos.
El organismo acreditó que la persona falleció a causa del uso excesivo de la fuerza ejercido por los elementos de seguridad durante el intercambio de disparos, en febrero de 2014.
Asimismo, indicó que el enfrentamiento fue resultado de la falta de coordinación entre las autoridades, quienes antes de disparar no valoraron la gravedad de sus acciones, ni salvaguardaron la integridad de las personas que se encontraban en el sitio.
De igual forma, añadió, ninguna de las partes se identificó, pues tanto los elementos de la Policía Federal Ministerial como de la Policía Estatal portaban ropa de civil a la hora del evento, y el segundo grupo también carecía de identificaciones, uniformes y vehículos oficiales.
Derivado de lo anterior, la CNDH concluyó que las autoridades no actuaron con la debida diligencia y acorde con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad, puesto que no recurrieron a otros medios a su alcance antes de accionar sus armas de fuego.
Además, tras el altercado cada corporación inició su propia investigación y omitieron ordenar la preservación del lugar de los hechos y la recolección de todos los indicios –incluidas las armas y vehículos utilizados, así como los dictámenes periciales–, lo que ocasionó la duplicidad de diligencias y la pérdida de evidencias.
El organismo garante de los derechos humanos consideró que para establecer nuevas líneas de investigación debieron recabarse todas las diligencias pendientes y ordenar un estudio comparativo de las armas de fuego con la bala extraída del cuerpo de la víctima, a fin de ser analizada por un perito distinto a las corporaciones involucradas.
Esta serie de omisiones, abundó, afectaron la procuración de justicia y la verdad, en agravio de las víctimas indirectas, a quienes no se registró en el padrón de víctimas ni se les brindó atención psicológica para sobrellevar la pérdida de su familiar.
Por ello, la CNDH recomendó al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al fiscal general de Guerrero, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, reparar integralmente el daño a las víctimas, que deberá incluir atención psicológica, tanatológica y una indemnización.
El organismo también instó a ambas fiscalías que continúen con la integración y perfeccionamiento de la investigación iniciada por el homicidio de la víctima, a fin de deslindar responsabilidades.
