Ciudad de México.- En medio de la pandemia por el coronavirus, el organismo encargado de proteger los derechos humanos de los mexicanos transgrede los derechos laborales de sus propios empleados. Desde febrero en la Comisión Nacional de Derechos Humanos han despedido de manera ilegal a más de 200 trabajadores, todos sin indemnizaciones de ley.

Manuel Lozoya, ex operador de servicios del Programa de Sexualidad, Salud y VIH llegó a ese organismo en 2009, con el espíritu y la convicción de profundizar en los temas relacionados con la salud reproductiva. Sus tareas estaban enfocadas en la investigación y el diseño de campañas que protegieran los derechos de las personas que padecen VIH, como el.

Por ser una persona vulnerable y de la tercera edad, inició el confinamiento semanas antes que el resto de los empleados, pero eso no le limitó en sus obligaciones desde casa, que cuenta, “hacia con mucho orgullo y con el entusiasmo de siempre”.

A finales de mayo, los empleados de ese programa, ocho, fueron citados en la oficina y su director Luis Raúl Albores Morales les dijo que cuatro de ellos estaban cesados, incluido Manuel de 67 años.

“Nos dijeron que estábamos cesados, así sin ninguna indemnización , ninguna compensación, nada, todos los derechos laborales, las prestaciones fueron violentadas por la propia Comisión de Derechos Humanos”, cuenta José Matus, subdirector del área donde estaba Manuel.

El cese laboral es una figura legal que emite el órgano de control de ese organismo si y solo si el trabajador incurre en alguna falta, pero estos empleados fueron dados de baja sin razón. A otros, como una empleada de la quinta visitaduría, que prefiere no hacer público su nombre por temor, la obligaron a firmar una renuncia voluntaria después de casi tres años de trabajo.

“Me dijeron que si firmaba ya me podía ir tranquila y no habría problema, por que de lo contrario mandarían mi expediente a órgano de control y me cesarían y eso me imposibilitaría trabajar en el futuro, aquí o en cualquier otro lugar , porque es como si hicieras algo malo”, cuenta la trabajadora.

“Incluso me dijeron que me harían favor de pagarme mi quincena y que con eso me quedara satisfecha, porque lo que querían era mi plaza”.

El primero de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto para prohibir los despidos injustificados, días después la CNDH se pronunció a favor de la protección de los derechos laborales frente a la pandemia.

Antes de ello, el 16 de febrero, la presidenta de Rosario Piedra en los “Lineamientos Generales para la Renovación de la CNDH” se comprometió a que “no habría despidos entre operativos y profesionales, salvo aquellos derivados de un análisis personalizado, acordado con los empleados, en cuyo caso recibirán justa compensación por su antigüedad”.

Gonzálo Cortés, visitador adjunto del Programa de Agravio a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de ese organismo también perdió su empleo y asegura que no ha recibido tal indemnización por los más de 11 años de trabajo “ ni siquiera me han notificado, sólo me dijeron ya no trabajas aquí”.

Los ex trabajadores de la CNDH aseguran además que sus directivos no han querido dar la cara, tampoco la directora de la Comisión Rosario Piedra y que su más cercano operados Francisco Estrada Correa, Secretario Ejecutivo de la CNDH y a quien acusan de operar todas las decisiones dentro del organismo, tampoco atiende las peticiones de los cientos de despedidos.

Y es que algunos de los ahora ex empleados estaban por jubilarse, otros más como Manuel padecen enfermedades crónicas, como VIH, diabetes o hipertensión.

Los ex trabajadores tampoco han sido atendidos por los directores de las cinco visitadurías, quienes no cumplieron los requisitos para ser visitadores generales por no ser abogados, como lo determina el reglamento de la CNDH.

En el artículo 23 de la ley de ese organismo se fija como condiciones para visitador general ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; tenga más de 30 años de edad el día de su nombramiento, poseer título de licenciado en derecho expedido legalmente, tres años de ejercicio profesional cuando menos;

Por ejemplo, José Martínez Cruz quien es el director de la primera visitaduría tiene estudios inconclusos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cruz se negó a recibir a los empleados a su cargo como Manuel y José, quienes aseguran darán batalla en los tribunales para hacer valer sus derechos laborales.

Esta información fue publicada originalmente por Milenio