México.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Ley General de Comunicación Social, conocida como #LeyChayote.
“La CNDH consideró que la Ley General de Comunicación Social (LGCS) presenta diversas deficiencias al no establecer reglas claras para la contratación de publicidad oficial, lo cual representa riesgo para el ejercicio de la libertad de expresión en su dimensión colectiva, así como para el derecho de acceso a la información plural, pues la ausencia de tales reglas genera efectos silenciadores y disuasivos en algunos medios de comunicación”, señala la CNDH en un comunicado.
Expone que la legislación “no regula con suficiencia la materia de publicidad oficial”, por lo tanto no es posible garantizar que el gasto en este rubro cumpla con los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, dentro de un marco de igualdad y no discriminación, como lo previsto el texto constitucional.
“Esa Ley delega indebidamente en autoridades administrativas el establecimiento de criterios de selección del medio de comunicación en normas infra-legales, permitiendo distribución arbitraria y discriminatoria de la publicidad oficial”, advierte la CNDH.
Diversas investigaciones han evidenciado que la actual administración, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto, ha gastado, hasta el momento, 40 mil millones de pesos en comunicación social, pero es posible que pueda alcanzar los 60 mil millones de pesos, nunca antes en la historia de México se había gastado una cantidad tan elevada.
Organismos de la sociedad civil consideran que dicho gasto es fundamentalmente para comprar la línea editorial de periódicos impresos, televisoras, radiodifusoras y medios digitales.
Esta legislación faculta al gobierno federal para gastar miles de millones de pesos de pesos en su arbitrio cada año, por lo que dichos organismos alertaron que su aprobación atenta contra la libertad de expresión. Sin embargo, la legislación fue aprobada en la Cámara Alta el pasado 25 de abril.
La CNDH dijo que su impugnación tiene como objetivo que “la asignación de publicidad oficial esté regulada de forma clara, puntual y objetiva, evitando la distribución arbitraria de la misma como mecanismo de censura indirecta del derecho a la libertad de expresión”.
