México.- El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de no citar a comparecer a diversas autoridades por la cancelación del programa de estancias infantiles.

El organismo consideró que el voto de los grupos parlamentarios mayoritarios dejaron de lado la defensa de los derechos humanos de los niños y de los padres trabajadores e imposibilitaron el ejercicio de un recurso jurídico a favor de las víctimas ante la negativa de las autoridades a resarcir y respetar los derechos que les han sido violentados

En junio pasado la CNDH emitió la recomendación 29/2019 relativa a la cancelación del programa de estancias infantiles.

Ante la negativa de los titulares de las secretarías de Bienestar, Hacienda y Crédito Público y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a aceptarla y cumplirla, en julio pasado la CNDH solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que cite a dichos funcionarios para que expliquen por qué rechazaron cumplir la recomendación.

La recomendación establece, entre otras cosas, el pago retroactivo de los recursos conforme a las cantidades establecidas en 2018 y al padrón de estancias registrado en dicho año pues la CNDH consideró que no hay justificación para cancelar el programa.

“La comparecencia de las autoridades ante el Senado de la República habría permitido que, en un ejercicio democrático de transparencia y rendición de cuentas, se hubiesen expuesto y debatido públicamente, con base en información concreta y verificable, las razones y fundamentos que tuvieron las autoridades para negarse a aceptar la Recomendación 29/2019, con independencia de sesgos o intereses políticos o ideológicos, permitiendo a las víctimas y a la sociedad conocer de primera mano tales argumentos.

“Esta instancia colegiada, reitera la necesidad de que cualquier irregularidad o ilícito que se hubiese cometido en la operación del Programa de Estancias Infantiles sea investigado y sancionado, sin que ello justifique o motive que el Estado Mexicano deje de cumplir con la obligación que tiene de adoptar las medidas necesarias para que los derechos de las niñas y niños, así como de las madres y padres trabajadores, puedan ser vigentes, lo cual en este caso implica el acceso a servicios y cuidados profesionales que difícilmente pueden reemplazarse con la entrega de apoyos económicos”, indicó el Consejo Consultivo de la CNDH.