México.- Los 40 mil desaparecidos y otros temas pendientes que heredó la administración federal conforman una “crisis de derechos humanos” que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe afrontar, aseguró Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El ombudsman nacional aseguró que la nueva administración federal deberá retomar los pendientes que hay en la agenda de derechos humanos.

“El tema número uno son los desaparecidos, 40 mil desaparecidos y el caso emblemático de México para el mundo son los 43 estudiantes, es algo vergonzoso”, advirtió.

Además de las desapariciones, González Pérez consideró como pendientes los asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas, la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, la trata de personas, la pobreza y la desigualdad.

Y aseguró que el nuevo gobierno tendrá que ser abierto y estar acompañado de los órganos autónomos y población civil para dar solución.

El ombudsman González Pérez dice que se retomará la agenda pendiente, entre ellos el caso Ayotzinapa.

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador heredó “una crisis de derechos humanos”, dijo el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Durante una entrevista con Excélsior, el ombudsman nacional expresó que la agenda de derechos humanos para esta nueva administración federal retomará los pendientes.

Y enumeró: El caso Ayotzinapa, los miles de desaparecidos en el país por la violencia, los asesinatos de defensores de derechos humanos y periodistas, la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, la trata de personas, la pobreza y desigualdad, son herencia de administraciones pasadas con las que el nuevo gobierno tendrá que ser abierto y estar acompañado de los órganos autónomos y población civil para dar solución, aseguró.

“El tema número uno son los desaparecidos, 40 mil desaparecidos y el caso emblemático de México para el mundo son los 43 estudiantes, es algo vergonzoso. Ayotzinapa significó la visibilización tangible de lo que estaba pasando en el país en materia de desaparecidos”, advirtió.

En otro tema, el ombudsman hizo un llamado al presidente López Obrador a trascender el asistencialismo. Consideró que la CNDH y el Poder Ejecutivo comparten objetivos comunes, como erradicar la pobreza y la desigualdad; sin embargo, la estrategia no es la misma.

“Qué bueno que compartamos (la visión sobre) la pobreza y la desigualdad, es uno de los objetivos del actual Presidente. Hay que ver con qué perspectiva. La perspectiva desde el ejercicio como sujetos de derecho y trascender lo asistencial”.

González argumentó que la ayuda para los sectores vulnerables debe basarse también en el  fortalecimiento de  las políticas que permitan las condiciones para el ejercicio pleno de derechos.

Reconoció la participación de las organizaciones civiles en la construcción, el acceso y la garantía de los derechos humanos, y como pilares para la fundación de la CNDH.

Afirmó que cualquier gobierno debe entender que la Comisión representa a los ciudadanos que se vieron afectados en sus derechos humanos.

“Cumplirle a la CNDH es en favor de personas de carne y hueso, que vieron afectados sus derechos humanos. Esa es la importancia de la labor de un organismo autónomo como éste”, dijo.

Sobre la polémica en torno a la actuación de los organismos autónomos, González Pérez expresó que “la CNDH  es un contrapeso sano. En todas las democracias hay contrapesos; por eso, los países que se precian de ser democráticos requieren de órganos autónomos”.

 “Hay 114 restos humanos hallados en el basurero de Cocula, Guerrero”, sostuvo el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, y esos restos deben ser identificados, correspondan o no a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pues, asegura, “hay más de 40 mil desaparecidos en el país”.

“¿Corresponden o no a los estudiantes de Ayotzinapa? Si no corresponden, hay más de 40 mil personas desaparecidas. Tienen derecho a saber a quiénes corresponden”, respondió el titular de la CNDH, quien  consideró que existe apertura política con esta nueva administración federal, especialmente en las áreas atendidas por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la misma dependencia.

Ante la duda del paradero de los jóvenes y la posibilidad de que estén muertos, consideró que la verdad será asumida por sus familias siempre y cuando el Estado mexicano cumpla con su obligación de darles el derecho de saber qué ocurrió.

“La verdad no es de que queramos o no creerla, lo que tendrá que darle solidez es lo que determinen las investigaciones, que la ciencia hable para que podamos conocer el destino de las personas”, consideró.