México.- Sin hacer referencia al posible destino de los normalistas de Ayotzinapa, el Ombudsman señaló que la verdad que la CNDH encontró de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, es que el crimen cooptó a autoridades federales, estatales y municipales.

Al presentar la Recomendación 15VG/2018 por violaciones graves a los derechos humanos, Luis Raúl González Pérez también criticó la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR).

"La verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado", refirió.

"(También) la convivencia o confabulación de algunas autoridades federales, locales y municipales para propiciar, permitir o abstenerse de actuar ante la existencia de tales vínculos (y) la cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de Gobierno".

El Ombudsman consideró que el poco profesionalismo de la PGR derivó en que se subestimó el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales, así como haber ignorado material encontrado en una bolsa encontrada en el Río San Juan.

En dicha bolsa había tres porciones petrosas, así como 53 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN para determinar si se trataba de los normalistas desaparecidos.

"Cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes", dijo el Ombudsman.

"Del mismo modo, no se ha investigado la actitud omisa o tolerante de autoridades de distintos niveles y órdenes de Gobierno".

Sin entrar en detalles, el Ombudsman consideró que la verdad es una víctima más del caso Iguala, pues las autoridades difundieron declaraciones sesgadas o dieron información falsa que confundió y generó incertidumbre en torno al caso.

"Sin contar con evidencias comprobadas se dio por sentado que los 43 estudiantes desaparecidos habían sido ejecutados", lamentó.

"Un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala, sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de Gobierno"

González Pérez advirtió que corresponderá al próximo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador enderezar y continuar las investigaciones penales del caso.