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CNDH reza para que desaparezca la Guardia Nacional

Luis Raúl González Pérez presentó el 26 de junio tres acciones de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de justicia para la nulidad de dichas leyes.

Por Redacción, 2019-07-05 10:38

México.- La Ley de la Guardia Nacional y otras dos que tienen que ver con la seguridad del actual Gobierno no convencen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por lo que solicita a la Suprema Corte invalidarlas todas.

Se trata de la Ley de la Guardia Nacional (GN), de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública, y de la Ley Nacional de Registro de Detenciones.

Esas leyes y una más se publicaron el 27 de mayo pasado tras ser aprobadas por el Congreso de la Unión.

De acuerdo con Reforma, del titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez presentó el 26 de junio tres acciones de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de justicia para la nulidad de dichas leyes.

El organismo argumenta que el Congreso de la Unión incurrió en «omisiones legislativas relativas en ejercicio obligatorio», es decir que no generó las normas necesarias para reglamentar íntegramente estas materias, como así lo mandata la Constitución.

El mencionado rotativo señala que González Pérez resaltó que la demanda de la CNDH no suspende la vigencia de las leyes. Además, dice que el trámite de los juicios podría tomar varios meses, aunque si prospera, la Guardia Nacional ya tendría fundamento jurídico para actuar.

Las leyes indican que la Guardia es una institución «de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría».

Asimismo, destaca que el cuerpo de seguridad tiene como objetivo salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservas las libertades.

Además, contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios.

También deberá prevenir e investigar la comisión de delitos y faltas administrativas bajo la conducción y mando del Ministerio Público.

En las leyes se subraya que el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos.

En tanto, se establece que por ningún motivo se podrá hacer uso de armas contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas pacíficas con objeto lícito.

Las detenciones se regirán por los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, rendición de cuentas en el tratamiento de datos personales y respeto a los derechos humanos.

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Juez suspende condena de Javier Duarte; seguirá en presión preventiva

La resolución del juez de control impide que se decomisen 41 inmuebles propiedad del exgobernador.

Por Redacción, 2019-07-22 20:05

México.- Un juez de control ordenó suspender la condena del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, hasta que se resuelva el amparo que tramitó contra su sentencia por asociación delictuosa y lavado de dinero, sin embargo, no saldrá libre.

El pasado 18 de julio el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, ordenó suspender de oficio la condena de nueve años de prisión, multa por 58 mil 890 pesos y el decomiso de 41 inmuebles.

Esto no significa que el ex mandatario estatal saldrá de la cárcel sino que su estatus jurídico, por el momento, es el de permanecer sujeto a prisión preventiva justificada hasta que el juez de amparo ante el que impugnó su condena, dicte su resolución en la que defina si la sentencia en la que Duarte de Ochoa fue declarado culpable está o no apegada a derecho.

“Se advierte que Javier Duarte de Ochoa promovió amparo directo en contra de los proveídos del once, quince y dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, dictados en la causa penal 97/2016, del índice de este Centro de Justicia, siendo uno de ellos en el que se declaró firme la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho”, indica el acuerdo.

“En tal virtud se ordena la suspensión de todo acto tendiente a ejecutar la sentencia pronunciada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho”.

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No puede hacerse un PND a «vuela pluma», critica Urzúa a Obrador

Urzúa argumentó que la Constitución obliga a que ese documento debe ser elaborado mediante la participación de diversos sectores sociales.

Por Redacción, 2019-07-22 19:54

México.- A 12 días de su renuncia como secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa escribió que un Plan Nacional de Desarrollo no se puede escribir a “vuela pluma”.

En un artículo de opinión publicado en el periódico El Universal, Urzúa argumentó que el artículo 26 de la Constitución obliga a que ese documento rector debe ser elaborado mediante la participación de diversos sectores sociales”.

Cabe recordar que, tras la renuncia de Carlos Urzúa a la titularidad de Hacienda el pasado 10 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ambos tuvieron diferencias en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

“Era como si lo hubiera hecho Carstens o Meade”, dijo en ese momento.

En el texto, titulado El asunto del Plan Nacional de Desarrollo (I), Urzúa recuerda la obligación de las autoridades a consultar a los pueblos indígenas en la elaboración de dicho plan.

El académico del Tecnológico de Monterrey cuenta cómo dentro de la Secretaría de Hacienda comenzaron a promover los foros de consulta, la mayoría de los cuales, dijo, no quedaron a cargo de esa dependencia.

Urzúa detalla la realización de 32 foros de consulta -uno en cada entidad-, un foro nacional y 13 en Estados Unidos, así como la elaboración de una encuesta por internet en donde participaron 7 mil 500 personas. En todos estos ejercicios participaron jóvenes, adultos e incluso niños.

De igual forma, destacó el papel del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas que organizó 25 foros entre la comunidad originaria y afromexicana con 10 mil 536 asistentes.

“Habiendo hecho lo anterior, la Secretaría de Hacienda se preparó para dar el siguiente paso: el cumplimentar con las Leyes de Planeación”, cuenta Urzúa, quien pospone la siguiente parte de su texto para la siguiente semana, pues desde este lunes se reintegró como columnista de El Universal.

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Alcalde de Mexicali impugna Ley Bonilla ante Suprema Corte

«Comparecemos como gobierno municipal de Mexicali para presentar ante la Corte la controversia constitucional contra esa aberrante reforma», expresó.

Por Redacción, 2019-07-22 19:03

México.- El alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que busca echar atrás la ampliación de mandato aprobada en Baja California.

Luego de entregar el documento ante la Oficialía de Partes, aseveró que sería un antecedente catastrófico para México que se permita a los congresos, una vez pasadas las elecciones, que aumenten o, en su caso, reduzcan un mandato.

Acompañado por Blanca Villaseñor, síndico procurador, recordó que conforme las leyes locales su ayuntamiento no fue citado para conocer que se buscaba llevar a cabo esa modificación constitucional.

De tal suerte “el día de hoy venimos ante la Corte a contravenir esa circunstancia” y recordó que al 22 de julio no se ha promulgado la “aberrante” reforma que pretende ampliar el mandato del gobernador Jaime Bonilla, de Morena.

Se trata de la primera acción ante la Suprema Corte que se promueve por algún ayuntamiento, con el sentido único de que “podamos restablecer el Estado de Derecho en Baja California”, expresó el edil.

“Estamos compareciendo como gobierno municipal de Mexicali para presentar ante la Corte la controversia constitucional contra esa aberrante reforma que se hizo a la Constitución de Baja California donde se prolonga y agregan años al periodo constitucional de la gubernatura electa hace más de un mes”, explicó.

Invitó a los ayuntamientos de Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate a presentar una controversia similar, pues no deben esperar a que se promulgue la norma.

“Esta controversia tiene que ver contra el indebido proceso que se está llevando. El congreso (local) votó, tuvo que esperar a que tres de cinco ayuntamientos votaran a favor como aconteció y lo que falta es que el congreso nuevamente vote la declaratoria formal de que se ha perfeccionado la reforma.

En resumen, dijo, «el acto reclamado tiene que ver con el indebido proceso por no haber sido llamados al Congreso, como siempre se hacía para escuchar y opinar sobre aquellas normas que se votarían en su caso».

Gustavo Sánchez detalló que Blanca Villaseñor firmó la controversia por término de la ley municipal en Mexicali, dado que “es quien tiene la representación legal de los actos del ayuntamiento”.